Diario de Navarra

Cuatro años de mayoría absoluta (más uno de propina) parece que han tenido un efecto oxidante en los análisis de la actividad parlamentaria. Hace unas semanas los titulares nos anunciaban que el Congreso había “aprobado” subir el salario mínimo interprofesional a 800 euros mensuales y la semana pasada algunos analistas casi celebraban la derogación de la Ley Mordaza. De momento, ni una cosa ni la otra: lo primero era la toma en consideración de una proposición de ley y lo segundo un párrafo en una moción sin efecto legislativo. Seguramente vamos a ver con mayor frecuencia este tipo de equívocos, ya que el nuevo Congreso, más diverso y con un Gobierno en precaria mayoría, va a volver a ser el epicentro político de la legislatura. Ello obliga a afinar la mirada ante los procedimientos legislativos y a tratar de matizar el juego de mayorías que se va dibujando en el horizonte. A continuación propongo seis claves que pueden ayudar a entender la dinámica parlamentaria de los próximos años. Postureo pseudolegislativo: no es ley todo lo que se vota. En la sesión plenaria del pasado 29 de noviembre el Grupo Socialista presentó una moción sobre “derechos y libertades de los ciudadanos”, que entre otras cosas instaba al Gobierno a derogar la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana (mejor conocida como “Ley Mordaza”). Este tipo de mociones pueden acompañar a las interpelaciones urgentes de un grupo parlamentario al Gobierno durante la sesión plenaria, pero no tienen ninguna consecuencia legislativa ni generan ninguna obligación al ejecutivo. Esta moción hay que entenderla en un contexto en el que el PSOE, después de permitir la reelección de Rajoy con la abstención de la mayoría de sus diputados, busca reconfigurar su imagen de liderazgo constructivo de la oposición. Similares a este tipo de mociones pero más numerosas, las proposiciones no de ley (PNL) también cumplen esta función de marcar el terreno de juego político, pero sin fuerza legislativa. Sólo tienen carácter legislativo las propuestas de ley (a iniciativa del Gobierno) o las proposiciones de ley (a iniciativa del Congreso o el Senado). Pero una votación que apruebe la toma en consideración de una proposición de ley tampoco significa su entrada en vigor, sino el comienzo de una andadura legislativa de meses que comienza en la comisión correspondiente. El veto limitado del gobierno. Ante su fragilidad parlamentaria, el Gobierno ya ha empezado a utilizar una facultad que le permite limitar la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios. Si una proposición de ley afecta a los ingresos o los gastos presupuestarios, el gobierno puede impedir su tramitación. Es cierto que la mesa del Congreso puede levantar ese veto si no está correctamente justificado y que el abuso de este instrumento puede terminar creando un conflicto constitucional y un desprestigio del ejecutivo, pero se trata de una facultad que sin duda dará aire y capacidad de reacción al gobierno y restará poder de iniciativa al Congreso. El falso veto del Senado. La cómoda mayoría absoluta del PP en el Senado va a servir de poco consuelo para el Gobierno. Una vez aprobada una ley en el Congreso, el Senado tiene dos meses para ratificarla, rechazarla o introducir enmiendas. Tanto el veto como las enmiendas aprobadas en el Senado requieren una mayoría absoluta del Congreso para levantarlos, pero transcurridos dos meses, es suficiente la mayoría simple. Por ello, el Senado puede servir al Gobierno como un medio para dilatar el proceso de aprobación de una ley promovida por una mayoría alternativa en el Congreso, pero no para vetarla. Ahora bien, utilizado estratégicamente, ese período extra de 4 meses puede ser utilizado por el Gobierno para quebrar la mayoría que aprobó la ley en el Congreso en primer lugar. Una mayoría en contra no es lo mismo que una mayoría a favor. Puede parecer evidente, pero el hecho de que en el Congreso actual haya mayorías suficientes para derribar buena parte de la arquitectura legislativa del primer gobierno de Rajoy no significa que haya mayorías evidentes en favor de una legislación alternativa. A los juristas no les suele gustar, con razón, el término derogar, porque normalmente una ley no se elimina, sino que se reforma o se sustituye por otra equivalente. Hoy hay mayorías absolutas que podrían votar que no a las reformas más polémicas de la pasada legislatura (la Ley Mordaza, el decreto de exclusión sanitaria, la reforma laboral o las reformas de la Justicia). Pero no está tan claro si esas mismas mayorías podrían ponerse de acuerdo en paquetes legislativos alternativos. PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, Compromís, PDC y CC votaron a favor de la moción socialista contra las Leyes Mordaza, y Ciudadanos se abstuvo: ¿sería posible repetir esta sólida aritmética ante un texto completo alternativo? Uno de los temores del PP ante una investidura en minoría era precisamente asistir desde la Moncloa al derribo de toda la obra de la legislatura anterior. Sin embargo, es probable que veamos más una reforma limitada y controlada, forjada en arduos consensos (y en muchos de ellos estará el PP), que una voladura radical de todo lo anterior. ¿Una legislatura corta? En el camino a la investidura de Rajoy se habló mucho de que lo que se estaba decidiendo era una legislatura corta, que seguramente caducaría a los dos años, cuando el PSOE se recuperara de la crisis interna que le llevó a la desgarradora abstención. Sin embargo hay varias razones para pensar que no tiene por qué ser así. La principal de ellas es que la moción de censura fue diseñada por los constituyentes con un sesgo conservador: la censura del gobierno no provoca la disolución de las Cortes, sino que obliga a presentar a un candidato alternativo que debe recibir la confianza del Congreso, como si fuera una nueva investidura. Es fácil imaginar al PSOE sumando sus votos una mayoría del Congreso en contra de Rajoy en medio de la legislatura. Pero mucho más improbable es pensar en una mayoría del Congreso apoyando a un candidato del PSOE, después de lo tortuosa que resultó esa vía en las primeras negociaciones de la legislatura fallida. Puede ser que no hiciera falta llegar a la censura y que el Gobierno, ante una eventual incapacidad de concitar una mayoría para aprobar los presupuestos, decidiera someterse a una moción de confianza o directamente proponer al Rey la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. Pero en estos casos sería el Gobierno quien tendría la iniciativa y dominaría los tiempos del proceso. Sin mayorías claras: ¿votaciones agónicas o gran coalición oculta? Todavía es pronto para saber qué coaliciones de partidos dominarán la producción legislativa en esta nueva etapa. La próxima aprobación de los presupuestos generales será un buen momento para adivinar cuál de los dos principales escenarios prevalecerá: un PP en incómoda minoría apoyándose en Ciudadanos y alianzas puntuales que le lleven al filo de la mayoría absoluta (PP con Ciudadanos, PNV y CC tienen 175 diputados, a uno de la mayoría absoluta); o un entendimiento de PP y PSOE en los grandes temas (presupuestos y política económica). Pronto lo sabremos y, como ha sucedido varias veces en el último año, toda la atención estará puesta en la calle Ferraz de Madrid.

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Seis claves para la nueva legislatura

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