Diario de Navarra

Navarra constituye una Comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos”. En el artículo 1 del Pacto sobre Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra se define con meridiana claridad el estatus político de esta tierra, que a Bildu y a alguno de sus socios no les gusta y pretenden cambiar. La pasada semana Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E aprobaban una resolución parlamentaria en la que manifestaban su compromiso en favor del “reconocimiento de la capacidad de decisión de la ciudadanía navarra” y de un proceso de reforma del Amejoramiento “para definir el estatus político de Navarra”. Viniendo la iniciativa de donde viene, de la izquierda abertzale, no es descabellado considerar que están pensando más en catalanizar la política navarra que en ser útiles a los ciudadanos. Y mientras Bildu marca el camino de la soberanía, el resto de los socios del cuatripartito se suben al carro con sus propias interpretaciones light de lo que significa definir el estatus político de Navarra: hacer partícipes a los ciudadanos del autogobierno o blindar los derechos sociales de los navarros. Un simple vistazo a la ponencia política que acaba de elaborar Sortu aclara las pretensiones de la izquierda abertzale. Plantea el objetivo concreto de lograr una “república confederal vasca” para 2026 después de un proceso independentista que respete los diferentes “ritmos” de cada una de las realidades administrativas de los tres ámbitos que conformarían dicho estado: la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco francés. Es a lo que se refiere Bildu cuando en el debate sobre el estado de la Comunidad habla de definir el estatus político de Navarra, la secesión. Y Geroa Bai, Podemos e I-E dicen amén, porque en el propio acuerdo programático firmado por las cuatro fuerzas políticas se recoge con la misma literalidad la iniciativa abertzale: “... reformar el Amejoramiento para definir el estatus político de Navarra”. No obstante, el Amejoramiento del Fuero es “inmodificable” unilateralmente. Cualquier reforma de esta ley orgánica, fruto de un pacto, debe contar con el consenso de Navarra y del Estado. BARKOS LLAMA A RAJOY Previsiblemente, la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, después de darle una educada enhorabuena a Mariano Rajoy por su investidura, no le advirtió en su conversación telefónica de las intenciones de sus socios del cuatripartito de redefinir el estatus político de Navarra y su traducción. No hubiera sido la mejor presentación de Barkos, ante la necesidad de abordar de inmediato la negociación del Convenio Económico en un clima de buen rollo y entendimiento. La Comunidad foral se juega demasiados millones de euros como para distorsionar las relaciones con Madrid con las obsesiones nacionalistas e identitarias de Bildu. Cabe esperar que en las negociaciones con la Administración central se imponga la responsabilidad del Ejecutivo de Barkos por encima de las políticas partidistas de cada uno de sus socios, especialmente de la izquierda radical abertzale, muy proclive al cliché del “Madrid nos roba”. De nada serviría la llamada a la colaboración del resto de los partidos del arco parlamentario navarro (UPN, PSN y PP) en la negociación del Convenio, si los grupos que sustentan a Barkos se dedican a echar órdagos y a enturbiar las relaciones con el Gobierno central. La estrategia de confrontación que Geroa Bai, Bildu, I-U y PSN pusieron en práctica la pasada legislatura desde la oposición resultó muy poco práctica para los intereses de los navarros, porque a lo único que condujo fue a la interposición de numerosos recursos de inconstitucionalidad por parte del Estado y a quebrar el clima de confianza que debe existir entre Navarra y el Gobierno central. En los próximos meses habrá que afrontar, no sólo la negociación del Convenio Económico para el quinquenio 2015-2019, sino innumerables asuntos fundamentales para la Comunidad foral, como por ejemplo el corredor ferroviario de Alta Velocidad, una infraestructura que avanza en otras regiones, mientras que en Navarra sigue paralizada. El vicepresidente Ayerdi tiene el reto y la oportunidad de acordar un nuevo convenio con el Ministerio de Fomento para impulsar definitivamente el TAV. Un proyecto que tiene asegurado el apoyo de UPN, PSN y PP, si le fallan los socios del cuatripartito.

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El estatus político de Navarra

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