Diario de Navarra

La renta básica ha vuelto con fuerza al debate político. En junio Suiza rechazó en referéndum la implantación de un sistema que garantizaría a todos los ciudadanos un ingreso básico, personal e incondicional de 2.250 euros. Además, este año se han puesto en marcha proyectos pilotos de renta básica en el estado canadiense de Ontario y en algunos departamentos de Finlandia, para estudiar su impacto en el comportamiento económico de los ciudadanos. La vieja idea apoyada tanto por la derecha libertaria como por la nueva izquierda ha cobrado un nuevo sentido en una Europa que no termina de salir de la Gran Recesión y en el que el papel del trabajo en la vida y en la economía está sufriendo una transformación radical. Con el paso cambiado, el Gobierno de Navarra anunció a los pocos meses de legislatura que renunciaba de momento a intentar una renta básica universal, a pesar de ser un punto importante del acuerdo programático del cuatripartito, subrayado por Uxue Barkos en su discurso de investidura. ¿Qué implicaciones económicas y políticas tiene esta decisión? A pesar de algunos titulares engañosos, el proyecto de ley presentado por el vicepresidente Laparra el 29 de junio y que empieza este otoño su tramitación parlamentaria no propone un modelo de renta básica, sino una profundización en el sistema de renta de garantía de ingresos (RGI) que ya está en vigor en la Comunidad Foral. Las garantías de ingresos, a veces llamadas rentas de inserción, no son una novedad en España. Desde que el lehendakari Ardanza impulsó el sistema en Euskadi a finales de los 80, todas las comunidades autónomas han introducido las garantías de ingresos en sus sistemas de protección social, aunque, por la cuantía de las ayudas y por el alto grado de cobertura, sólo Euskadi y Navarra hacen girar sus políticas de lucha contra la exclusión social en torno a la RGI. La principal diferencia entre las distintas modalidades de RGI y la renta básica es el distinto peso que otorgan al empleo en el diseño de las políticas sociales. El pacto social de la posguerra europea se sustentó en la centralidad del trabajo como mecanismo de obtención de ingresos para la mayor parte de la población, regulado en un mercado laboral protegido y controlado por la negociación colectiva con sindicatos fuertes, y complementado por sistemas de protección social, principalmente el seguro de desempleo y las pensiones, que apuntalaban los fallos inevitables del sistema. Las RGI surgen como un correctivo más sofisticado de los problemas de exclusión social y las trampas de pobreza que genera un sistema enfocado en la obtención y mantenimiento de un empleo. La garantía de un ingreso mínimo busca incidir en situación sociales en las que el paro de larga duración, la baja formación y el mantenimiento en el tiempo de una situación de privación material hacen que sea cada vez más difícil encontrar un trabajo, y trata así de romper el ciclo negativo de exclusión. Sim embargo, la liberalización del mercado de trabajo iniciada en los 80 y cristalizada por una crisis económica que ha arrasado con la vieja seguridad laboral ha cambiado por completo el papel del empleo en las economías desarrolladas. En España, además, la crisis ha bajado drásticamente los niveles de ocupación y ha cronificado unas cifras de desempleo insostenibles que han dejado a una gran parte de la población fuera del sistema. La situación es grave porque la crisis de 2008, especialmente con su variante de crisis total del mercado laboral en los países del sur de Europa, ha llevado a sus límites a unos sistemas de protección social diseñados en torno a la hipótesis de un mercado de trabajo dinámico, que parece que no se va a recuperar a medio plazo. En este contexto, la renta básica universal reaparece como una solución oportuna en medio de este proceso de reconfiguración del valor del trabajo en el mercado. A pesar de que todavía sabemos poco sobre las posibles presiones inflacionistas de la renta básica o sobre sus efectos desincentivadores sobre la búsqueda de empleo y de que existen dudas razonables sobre su coste global, el hecho de que sea una prestación totalmente desligada del trabajo la hacen una alternativa atractiva en el contexto actual y abre un futuro interesante en el diseño de políticas sociales. El Gobierno Foral de momento ha dicho no al experimento, pero es cierto que la apuesta por una mejora del sistema de renta de garantía de ingresos no cierra la puerta a intentar en el futuro desarrollar una renta básica universal en Navarra (de hecho Laparra sugirió que el Gobierno haría una “propuesta ambiciosa” a final de legislatura). En realidad, tal vez éste sea el camino necesario para seguir consolidando unos niveles de gasto y de apoyo social al sistema que permitan en el futuro una renta básica. Por otro lado, es razonable pensar que la renta básica no es una prioridad social en este momento: Navarra tiene una de las tasas de paro más bajas de España y la RGI se ha revelado en Euskadi como una política eficaz de lucha contra la pobreza también en tiempos de crisis y destrucción de empleo. Pero la rectificación abre un debate interesante en el seno de la coalición de fuerzas que sostiene al gobierno de Barkos. Seguramente Geroa Bai, que de momento mantiene las riendas en la orientación política de la coalición parlamentaria, se encuentra más cómoda con esta propuesta, que sigue profundizando en la senda pionera de la renta de garantía de ingresos construida por el PNV en Euskadi. Por el contrario, la izquierda navarra se encuentra ante un dilema que puede marcar su viabilidad como alternativa política (sobre todo Izquierda-Ezkerra, pero también Podemos, a pesar de que el partido a nivel nacional ya ha eliminado de su programa la renta básica, y en menor medida EH Bildu): en el fondo, el proyecto estrella en política social no es sino una mejora gradualista del sistema implantado por UPN. La propuesta presentada por Laparra, un gran conocedor de las políticas de lucha contra la pobreza, en efecto mejora muchos puntos del actual sistema: amplia la cobertura total, aumenta las cuantías máximas (hasta 1.200 € mensuales por familia), coloca la lucha contra la pobreza infantil en el centro del mecanismo, aumenta la financiación y la garantiza a través del reforzamiento de la RGI como derecho, incluye a la tercera edad, elimina el límite de duración de la percepción de la ayuda, refuerza su ligazón con la asistencia en la búsqueda de empleo y un plan de empleo garantizado y la independiza definitivamente de la situación administrativa del perceptor. Si el texto es aprobado y se garantiza la financiación suficiente, la RGI navarra entraría en una nueva fase de consolidación y madurez y se convertiría en una de las políticas sociales más robustas a nivel autonómico. Y a pesar de todo no deja de ser paradójico que la enseña en política social de un gobierno de izquierdas sea una versión mejorada de una política de un gobierno de centro-derecha. Es cierto que algunos puntos de la propuesta nunca habrían sido promovidos por UPN, como seguramente se verá en el trámite parlamentario, pero este gradualismo evidencia, a nivel de Navarra, las dificultades de la izquierda para proponer políticas innovadoras y diferenciadas en una comunidad de renta alta. A nivel estatal o incluso europeo, es una muestra de las dudas que está teniendo la izquierda al posicionarse sobre la renta básica universal. Izquierda Unida llevaba la propuesta en su programa en las autonómicas de 2011, pero desapareció en las generales de 2015, dejando paso a un ambicioso plan de empleo garantizado. Podemos también ha sufrido un cambio repentino en la materia y ha pasado en menos de un año de defender una renta básica universal a proponer una versión extendida de la RGI, incluso apoyada por complementos salariales. El PSOE, por su parte, parece claramente alineado con la RGI, aunque no ha mostrado especial entusiasmo por ampliarla en las comunidades donde gobierna. El debate parlamentario que terminará de dar forma a la propuesta del Gobierno seguramente dará muchas claves sobre dónde se sitúa cada grupo y, con ello, sobre el futuro de la política social en Navarra.

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