Diario de Navarra

Cada vez que el Gobierno utiliza el fondo de reserva de la Seguridad Social para hacer frente al pago de las pensiones (la última vez fue el pasado julio, cuando el gobierno retiró 8.700 y 1.000 millones de euros), arrecia el necesario debate sobre la sostenibilidad de las pensiones y el futuro de nuestro sistema de seguridad social. Sin embargo, desde que en 2012 se empezara a utilizar el dinero del fondo para los pagos corrientes de las pensiones, el debate se ha enfocado demasiado en este instrumento de reserva, percibido como elemento esencial del sistema de pensiones y presentado como último baluarte ante la quiebra del sistema. En realidad, la obsesión con el fondo distorsiona el enfoque y desvía la atención de otros aspectos más estructurales del problema. En primer lugar, el fondo de reserva es demasiado pequeño como para dar estabilidad a medio plazo al sistema de pensiones. Fue diseñado (por desgracia, según muchos economistas) como un instrumento limitado y complementario, que sólo ahorra una parte del superávit de la seguridad social. Por su tamaño (en su punto álgido apenas llegó al 6% del PIB) no puede hacer frente a coyunturas negativas demasiado largas ni mucho menos mitigar los problemas estructurales cada vez más acuciantes del sistema. Además, en un momento económico de tipos de interés bajos, que se está prolongando mucho más de lo esperado, el fondo (invertido principalmente en deuda pública española) no genera intereses suficientes para hacerse autosostenible, un problema que acecha a la mayoría de los fondos públicos de pensiones en el mundo. Pero es que además, cada vez que el gobierno usa el fondo, titulares y análisis le culpan de dilapidar lo ahorrado en época de bonanza. La crítica es válida, pero por la razón equivocada. El fondo de reserva es por naturaleza un instrumento financiero contracíclico: cuando la economía va bien se ahorra y cuando va mal se toma del fondo para equilibrar el déficit del sistema. El siguiente gráfico recoge la evolución del fondo de reserva en relación con el superávit o déficit de la Seguridad Social desde 2005 hasta hoy (los datos de 2016 son todavía provisionales). El arco que describe el gráfico es simétrico. De derecha a izquierda, cuando la Seguridad Social tuvo superávit (2005-2010), se aportó al fondo y cuando ha tenido déficit se ha utilizado parte del fondo (salvo en 2011, cuando la Seguridad Social ya tenía déficit y sin embargo se hizo una pequeña aportación al fondo). El problema por tanto no es el uso en sí del fondo, que es correctamente contracíclico, sino el déficit continuado de la Seguridad Social, que está en su sexto año en números rojos y sin visos de corregir la tendencia. El fondo de reserva puede que sea capaz de absorber ese déficit durante un año más, dos a lo sumo, pero una vez que desaparezca este flotador el sistema se enfrentará con sus graves debilidades. El fondo no es más que un parche para coyunturas cortas pero su sobredimensionamiento en el imaginario colectivo ha retrasado varios años el comienzo de un debate esencial para nuestro modelo de gasto social. Más allá de repetir las soluciones estructurales evidentes (que el paro baje a mayor ritmo y el número de cotizantes suba drásticamente, que se apoyen políticas decididas para revertir el envejecimiento de la población, como el fomento de la natalidad o la inmigración), la inminente crisis del sistema invita a replantearse algunos de sus aspectos básicos. Al no tratarse de un sistema de pensiones de fondo público, en el que los trabajadores cotizan a un fondo de pensiones similar a un fondo privado, sino que las pensiones se pagan con las cotizaciones del año corriente, toda su arquitectura está basada en un pacto intergeneracional: los trabajadores de hoy pagan las pensiones de hoy confiando en que los trabajadores de mañana les pagarán las suyas. La cotización no es un ahorro personal sino un ahorro colectivo. Por ello, la sostenibilidad del sistema es consustancial a él, su funcionamiento se basa en la confianza de que en el futuro se darán circunstancias equivalentes a las presentes. En este momento, cuando no hay indicios de que España recuperará a corto plazo los porcentajes de ocupación anteriores a la crisis, la mecanización pone en peligro muchos sectores productivos sin que se creen al mismo ritmo otros nuevos, y el envejecimiento de la población se agudiza (por el freno de la inmigración, una tasa de fertilidad estancada y una mayor esperanza de vida), las bases del sistema actual no están en absoluto garantizadas a medio plazo. Además el inminente debate sobre el futuro (cada vez más, presente) de las pensiones deberá tener en cuenta dos debilidades que el sistema ha acarreado desde su creación. En primer lugar, al estar basado en un pacto entre generaciones, el sistema debe ser percibido como justo por todas las partes implicadas. La crisis, con sus desorbitadas tasas de desempleo juvenil y con la precarización crónica de la generación más joven, ha evidenciado como pocas veces en la historia reciente el choque generacional. Cualquier reforma de las pensiones debería por tanto buscar un mayor equilibrio generacional en el gasto social. En segundo lugar, la crisis del actual sistema de pensiones podría ayudar a matizar el sesgo regresivo de las pensiones de jubilación. Al contrario que otras partidas de gasto social, el sistema de pensiones da más a quien más ha ganado durante su época laboral. Sin perder su esencia contributiva, el nuevo sistema podría combatir mejor la pobreza en la tercera edad y reducir las diferencias entre las pensiones más altas y las no contributivas, fortaleciendo así el sistema de pensiones como un mecanismo de solidaridad colectiva e inclusión social.

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La hucha sin fondo

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