Diario de Navarra

En este país, 30.000 muertos cobran pensión -supone 300 millones de euros anuales-, y lo dice el Tribunal de Cuentas. De manera que la estafa y la corrupción no son patrimonio de una casta determinada, sino que tenemos establecida la máxima de que toda posibilidad ilegal de engrosar la cuenta propia es directamente proporcional al ansia del individuo –cualquier individuo- que nace, crece, se desarrolla, roba y muere. Y aun después de finar, sigue haciendo de las suyas. Él o sus allegados. En un informe de fiscalización correspondiente a 2014 -seguro que ha llovido desde entonces, con lo que nada hace suponer que las cosas funcionen mejor en los dos últimos ejercicios- el Tribunal de cuentas encuentra una serie de lagunas y deficiencias en el control que hace la Seguridad Social sobre las defunciones de pensionistas y, en consecuencia, recomienda una serie de mejoras para impedir que se paguen prestaciones a personas ya muertas. Decía Herman Hesse que sólo somos honestos cuando niños, y ya después, en el sepulcro. Hoy, esta frase debería someterse a cuarentena. No hay milagro en este asunto, nadie regresa del más allá a cobrar la pensión: el prodigio se daría en todo su esplendor si el titular fuera: 30.000 muertos españoles se gastan en vicios, como yogures para el tránsito, su pensión mensual. Ahí sí. Pero en el caso que nos ocupa, los muertos no saben que siguen cobrando. Son los vivos, los muy vivos, quienes echan mano al dinero en nombre del difunto. Podría decirse que será la necesidad la máxima culpable de que se produzca este fraude, y seguramente se acertaría de pleno. No obstante, en ningún caso puede justificarse esta suplantación de un difunto porque el dinero recibido mediante esa trampa también lo necesitan otros a los que todavía no les ha prescrito la vida, y eso es apoderarse de lo que no es suyo. Pero no es ésta, para mí, la parte más indignante de la historia. Lo grave es que, en contra del fraude expuesto, la Seguridad Social rebate al Tribunal de Cuentas y asegura que esa corrupción no existe: no hay muertos que cobren. Es decir, dos organismos, en los que debemos depositar nuestra confianza como administrados, se contradicen en nada menos que la existencia o la negación de 30.000 defraudadores. ¿Cómo es eso posible? Provoca temblores conocer esta disparidad tan apabullante en quienes tienen la obligación de hilar fino y defender hasta el último céntimo de los ciudadanos Yo mismo soy un pensionista, y una vez al año debo someterme, en el siglo XXI y con los pokémons haciendo de las suyas, a la revisión de un trabajador bancario que dará fe de que sigo vivo, previa comprobación del DNI y, así, puedo seguir cobrando la pensión que harto tengo abonada durante mis años activos. ¿Qué pasa, entonces, que ese control sólo lo paso yo? Ah, y si no me presento en mi entidad bancaria a demostrar que todavía coleo, ella se encarga de bloquearme las cuentas. Digo yo que los bancos, agradecidos por tantas inyecciones de liquidez cuando les vienen mal dadas, hacen este favor a la Administración para que ningún muerto siga cobrando. Es difícil entender cómo 30.000 muertos escapan al control de defunciones, cuando está todo informatizado y si este sistema falla, siempre pueden recurrir a la humillación mencionada de tener que decirle a un bancario: Toque, tóqueme aquí, ya ve usted que sigo vivo, dígaselo a quien corresponda. ¿Me devuelve el carné? Haré todo lo posible por regresar el año que viene. Dígale a su jefe que le den. Y lo peor: pasado el escándalo de hacer pública la cifra de muertos cobrantes, silencio absoluto. No sabemos si es cierto o mentira, o si lo piensan corregir. No hay noticias de ningún tipo sobre el asunto. Mientras, el espectro político tira de egoísmo partidista y pone al país bajo la lupa de Bruselas, casi condenado a no tener Gobierno ni Presupuesto. ¡Viva el verano!

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Más vivos que muertos

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