Diario de Navarra

Antes de la crisis apenas había espacio para el debate generacional. La década de crecimiento económico parecía satisfacer por igual a los baby boomers y a una nueva generación que estaba asentada en el mercado laboral y consolidaba su posición a golpe de crédito. Una clase media exultante, que unía a padres y a hijos en un sólido relato de progreso común (que olvidaba, como siempre, a los olvidados). Pero la crisis ha roto este consenso, como tantos otros, y empiezan a oírse los tambores de guerra generacional, aunque ningún partido se atreva a dar el primer cañonazo. Una generación entera de jóvenes nacidos en los 80 han visto bloqueado su acceso al mercado laboral o lo han hecho en condiciones mucho peores, por salario y por nivel de protección laboral, que la generación de sus padres, mientras la estructura de gasto público no ha hecho sino acentuar su desequilibrio generacional (el principal capítulo de gasto público, con mucho, son las pensiones). La crisis ha destruido empleos protegidos, pero sobre todo se ha cebado con los más precarios, con los jóvenes que enlazan becas y contratos temporales. Y a pesar de que los jóvenes son los mayores perdedores de la crisis, ningún partido ha articulado una respuesta política integral a sus demandas. El problema es aún más grave cuando introducimos en la ecuación la preocupación por el modelo demográfico y la sostenibilidad de los actuales sistemas de protección social y de pensiones, cuya reforma tendrá que ser abordada más pronto que tarde. España es el segundo país con menor tasa de fertilidad de Europa y, sumida en una crisis que no acaba, ya no es un país atractivo para los trabajadores migrantes, que durante años revirtieron el proceso de envejecimiento de la población. El estado gasta cada vez menos en los jóvenes de un país cada vez más envejecido, alimentando el círculo vicioso de falta de oportunidades, retraso de la edad con la que se tienen hijos y descenso de la tasa de fertilidad. Pero el reto generacional no es sólo demográfico o económico, sino que plantea una grave crisis en el sistema de toma de decisiones colectivas. Conforme la sociedad envejece, también lo hace el electorado, con un doble sesgo generacional, como muestra el siguiente gráfico: La primera pirámide muestra la distribución de la población en España según el último estudio de padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística en julio de 2015. La segunda recoge sólo la población con derecho a voto en elecciones generales, es decir, excluye a los menores de 18 años y a la población extranjera (que tiene una estructura demográfica más joven que la población española), creando el primer sesgo generacional. La tercera pirámide muestra una proyección de la población que realmente va a votar (a partir de los datos de la encuesta post-electoral del CIS de enero de 2016) e introduce el segundo sesgo generacional. Los jóvenes votan menos que los mayores: según el CIS, en proporción hay más del doble de abstencionistas entre los menores de 24 años que entre los mayores de 45. El resultado combinado de ambos sesgos es que 25 millones de votantes deciden por 46 millones de habitantes, y de esos votantes, la mitad tiene más de 50 años. Los mayores de 65 años son el 19% de la población total de España, pero suponen casi un 25% de los votantes habituales. Frente a ellos, los votantes de menos de 30 años apenas alcanzan el 13% del electorado habitual. Según esta proyección, en las pasadas elecciones generales votaron alrededor de 6,2 millones de mayores de 65 años, mientras que apenas fueron a las urnas 3,4 millones de jóvenes de menos de 30 años. ¿Qué implicaciones tiene esto para el sistema político en general? Del mismo modo que la raza, el género o la clase social son factores clave en la construcción de la identidad política que configura nuestras preferencias electorales, la edad y la generación a la que pertenecemos influye en la forma en que ordenamos las prioridades políticas (dejo de lado el nítido efecto generacional del voto a los viejos partidos frente a los nuevos y remito al análisis de Kiko Llaneras y a otro más reciente de Francisco Camas). Tomemos a los baby boomers, por ejemplo, la generación de españoles nacidos entre los 40 y los 50 y que ahora ha empezado a jubilarse. En los años 80 esta generación, sobre todo en la izquierda, lideró los avances en protección laboral y mejoras salariales a través de la lucha sindical. Sin embargo, uno de los efectos no buscados de aquella lucha (y uno de las causas del desprestigio de los sindicatos entre las nuevas generaciones) fue la protección del empleo de una generación a costa de la desprotección de otra. La expansión económica de los 90 se construyó sobre la flexibilización del mercado laboral sobre todo para los que accedían a él por primera vez, mientras que los que ya estaban dentro gozaban de altas cotas de protección. Las reformas laborales que consagraron la temporalidad en los 90 construyeron un mercado laboral dual y con una fuerte desigualdad generacional, que la crisis actual no ha hecho sino agravar. El gran peso de los baby boomers en el electorado ha contribuido a consolidar esa dualidad y a que sólo la peor crisis económica en 40 años haya empezado a poner en cuestión las bases de ese sistema. Si miramos a la generación anterior, es lógico que los mayores de 65 años, que no pueden trabajar y cuya subsistencia depende, en la mayoría de los casos, de una pensión pública, quieran conservar el sistema que les sostiene económicamente y que han contribuido a construir durante su vida laboral. Pero, ¿y si proteger y mantener el sistema de pensiones tal y como está fuera la peor de las opciones posibles para garantizar su sostenibilidad? ¿Qué ocurre además cuando conservar el estado de cosas es una decisión injusta en términos generacionales? El gran valor electoral de esos más de 6 millones de votos de mayores de 65 años ha hecho que ningún partido se atreva a abrir el necesario debate sobre el sistema de pensiones. Ni siquiera la izquierda cuestiona que la mayor partida de gasto social sea radicalmente regresiva (recibe más quien más tiene), mientras siete de cada diez desempleados no recibe ninguna prestación o uno de cada dos menores de 25 años no tiene trabajo. Las grandes decisiones políticas suelen tener efectos durante décadas y por pura demografía, las generaciones jóvenes van a sufrir (o disfrutar) las consecuencias de las políticas de hoy durante más tiempo que las generaciones mayores. Desde el puro egoísmo, un joven de 30 años tiene más motivos para preocuparse, por ejemplo, por el medio ambiente o por la sostenibilidad de las pensiones que una persona de 75. Y sin embargo, por el efecto combinado de una población envejecida y los dos sesgos ya explicados, el peso de los jóvenes en la toma de decisiones es desproporcionadamente menor y decreciente. ¿Debemos resignarnos a esta trampa demográfica o existen soluciones institucionales (más allá de las estructurales, como aumentar la tasa de fertilidad con buenas políticas de natalidad y conciliación o favorecer la llegada de inmigrantes y refugiados)? Una solución parcial y de fácil aplicación para aumentar el peso de los jóvenes en el electorado sería extender los derechos de sufragio a una parte de los que hoy están excluidos (el primer sesgo generacional, de la primera a la segunda pirámide). Hay cada vez más voces que defienden el voto a los 16 años, por muy buenas razones, aunque también hay quien afirma que el efecto global sería escaso. Menos voces defienden la extensión del derecho al voto a los extranjeros, pero tendría mucho sentido en el marco de un concepto de ciudadanía y de comunidad política que superara el rígido requisito de la nacionalidad. En la misma línea de dar voz a los excluidos del sistema, el demógrafo Paul Demeny propuso un sistema electoral por el que los padres o tutores de menores pudieran votar por ellos, corrigiendo así el sesgo generacional y dando peso electoral potencialmente a todas las personas, incluidos los niños. Es fácil enumerar las críticas obvias a la propuesta (el voto como acto individual y no delegado, discriminación hacia los ciudadanos sin hijos, etc.) pero la idea apunta correctamente a un vacío en la representación política que muy pocos han tratado. Otra solución más integral sería implantar el voto obligatorio, que atacaría el segundo sesgo (de la segunda a la tercera pirámide). En países como Bélgica o Chile ya es obligatorio votar, bajo pena de multa, y esta medida permitiría corregir en parte el mayor abstencionismo de los jóvenes, aunque los efectos en la toma de decisiones no están claros, además de los problemas normativos y prácticos que conlleva. Otras soluciones más radicales chocarían rotundamente con la base de las actuales democracias liberales. Abandonar el principio una persona un voto y establecer un sistema de voto ponderado en el que el voto de una persona decreciera conforme cumple años (mi voto vale 5 si tengo 20 años, 3 si tengo 40 y 1 si tengo 70, por ejemplo) no sólo corregiría sino que invertiría el sesgo generacional y daría más peso al voto de las generaciones que durante más años van a sufrir las consecuencias de las decisiones políticas del presente. Más que una propuesta, es, a día de hoy, ciencia-ficción. Aunque ninguna de estas propuestas, salvo el voto a los 16 años, está sobre la mesa, lo cierto es que en los próximos años las envejecidas sociedades europeas, y en especial la española, van a tener que plantearse en serio las consecuencias de tener un sistema de toma de decisiones que, en lugar de corregir, acentúa el decreciente peso demográfico de los jóvenes. El futuro del propio sistema puede estar en juego.

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La pirámide de votación

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