Diario de Navarra

El acceso a documentos públicos, mediante portales de transparencia o a través de peticiones concretas, es un instrumento importante de control democrático. Si el sistema es de acceso es fácil y comprensible, puede ser un mecanismo efectivo de rendición de cuentas y hace de cada ciudadano un potencial investigador de la acción pública. El auge de los portales de datos abiertos se produce precisamente en un momento crítico del periodismo, en el que cada vez hay menos personas asalariadas controlando a las instituciones públicas, sobre todo a nivel regional y local. El discurso de la transparencia parece asumir que gracias a los crecientes cauces de acceso a la información, el ejercicio del poder está cada vez más vigilado, escrutado por miles de ojos conectados a internet. ¿Es realmente así? Desde 2012 el portal Tu Derecho a Saber centralizó las peticiones on-line de acceso a la información de las administraciones públicas españolas. Creado por las ONG CIVIO y Access Info Europe, la web permitía hacer una petición de información a cualquier institución pública española de forma sencilla, on-line y sin dar datos personales. Todo el proceso de solicitud así como su resultado se hacía público en la web para consulta libre. Lamentablemente el 10 de diciembre del año pasado la web tuvo que cerrar porque las administraciones españolas cada vez ponían más trabas al proceso. Paradójicamente, la entrada en vigor de la Ley de Transparencia en 2014 dificultó el acceso a los documentos públicos, al dar cobertura legal a las instituciones que quisieran denegar solicitudes on-line que no aportaran identificación mediante un certificado electrónico. En los 3 años y medio que estuvo operativo el portal canalizó más de 1.800 peticiones de información, 34 de ellas a instituciones navarras. Veamos qué tipo de información solicitaron los ciudadanos de nuestra comunidad y cuál fue la respuesta de las instituciones. Las instituciones interpeladas fueron la Delegación del Gobierno en Navarra (1 petición), el Defensor del Pueblo (1), el Gobierno de Navarra (19), el Parlamento de Navarra (1, que hice yo mismo, infructuosamente, sobre el Navarrómetro), el Ayuntamiento de Pamplona (8) y la Mancomunidad de la comarca de Pamplona (4). Los temas varían desde saneamiento y recogida de basuras, dotaciones municipales, reuniones de los plenos y gastos de representación, estadísticas de robos o defunciones, y capítulos de gasto presupuestario (en tauromaquia o en subvenciones a organizaciones confesionales). Destaca que casi un cuarto de las peticiones (9 en total) son meta-solicitudes, referentes directamente a temas de transparencia o procedimiento de petición de documentos, hecho que demuestra la novedad del instrumento y el deseo de los más activistas por refinarlo. Los resultados de las peticiones son bastante equilibrados. Nueve tuvieron una resolución exitosa (el sistema permitía al peticionario valorar la respuesta) y cinco respondieron de manera parcial. Ocho resultaron en una denegación de la solicitud y siete nunca fueron respondidas. Las nueve respuestas satisfactorias procedieron del Gobierno de Navarra, institución que, a pesar de recibir el mayor número de solicitudes, respondió a todas menos una, con distinto nivel de satisfacción. La mayoría de las denegaciones se argumentaron derivando a los sistemas propios de las instituciones para solicitar documentos. En el caso del Gobierno de Navarra, ese procedimiento no permite una solicitud on-line a no ser que se cuente con un certificado digital o DNI electrónico. Otros rechazos se justificaron por la ley de protección de datos personales. El silencio administrativo es injustificable, pero la proporción en las instituciones navarras es menor a la media española, que supera el 40%. Algunas respuestas resultaron en la publicación de datos relevantes, como el número de liberados sindicales en la administración pública Navarra y el número de horas sindicales solicitadas en una fecha concreta, o estadísticas bastante completas sobre los tipos de robos sufridos en domicilios navarros. Tu Derecho a Saber abrió una vía directa y sencilla de petición de información pública. Aunque su utilización en Navarra fue anecdótica, el portal era la única herramienta que permitía hacer peticiones a todas las instituciones navarras desde la misma web, sin necesidad de dar datos personales del solicitante ni de utilizar certificaciones electrónicas. Además, la web publicaba todas las peticiones, aumentando la transparencia del proceso y poniendo sus resultados a disposición de todos. ¿En qué punto nos quedamos después de su cierre? Por un lado, las administraciones deberían hacer todo lo posible para facilitar el proceso de petición y reducir las trabas administrativas. La identificación con certificado digital no aporta nada al proceso y la administración no necesita, por ningún motivo de seguridad o privacidad, identificar al peticionario. Un email de contacto debería ser suficiente para transmitir al ciudadano información que ya es considerada pública pero que no está todavía accesible. Por otro, los portales de datos abiertos de las instituciones navarras deberían analizar los tipos de solicitudes hechas por los ciudadanos por ésta y otras vías para detectar qué temas suscitan interés y orientar así el enriquecimiento de los catálogos de datos públicos y reutilizables con los que ya cuenta la comunidad (como el del Gobierno de Navarra o el del Ayuntamiento de Pamplona). Y sin embargo, el cierre (temporal, ojalá) de Tu Derecho a Saber es sólo una pequeña mala noticia. Aunque se trata de un derecho básico y un refuerzo importante de una dinámica virtuosa de transparencia de las instituciones públicas, el acceso ciudadano a la información pública es un instrumento limitado de control al ejercicio del poder público. El tipo de preguntas hechas en Tu Derecho a Saber versan en su mayoría sobre temas o muy concretos o muy superficiales, con imprecisa dirección política y sin llegar a rozar el núcleo de las labores de administración pública. El diseño de los portales de transparencia, y de Tu Derecho a Saber como agregador de peticiones, está orientado por definición a usuarios individuales. Aunque también pueden ser utilizados por organizaciones de la sociedad civil y por medios de comunicación (y de hecho así es en muchos casos), el sistema favorece la fragmentación de las peticiones y en consecuencia su debilidad estructural como contrapoder. Una gran parte de la actividad de las administraciones seguirá operándose en la sombra. Aunque una lluvia constante de peticiones individuales puede contribuir a cambiar a medio plazo la forma en que funciona un gobierno en áreas concretas, estos sistemas son incapaces por sí solos de generar los incentivos de cambio suficientes. Una miríada inconexa de peticiones ciudadanas nunca podrá sustituir a la investigación organizada y profesional, verdadero contrapoder de la acción pública. ¿Puede un ciudadano solo (o muchos, inconexamente) destapar con una solicitud de acceso a la información una trama de corrupción, un caso de prevaricación o un abuso de poder? Sólo la agregación de intereses (a través de plataformas, organizaciones de la sociedad civil o medios de comunicación) y su alineación en un vector político pueden abrir brecha en la pared del secreto. El activismo on-line puede generar una peligrosa ficción de individualidad, de asimetría falsamente resuelta. Al fin y al cabo, el ciudadano no está solo ante el poder: no se trata de tu derecho a saber, sino de nuestro derecho a saber.

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