Aerolínea

El Gobierno maniobra para evitar la quiebra de Plus Ultra y recuperar los 53 millones del rescate

El encarecimiento del queroseno da la puntilla a una aerolínea cuya viabilidad ya estaba cuestionada y que ha paralizado sus vuelos, dejando a miles de pasajeros afectados

El ex director de Participadas de SEPI, José Ángel Partearroyo, a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional tras ser citado como testigo por el juez Calama junto al ex director financiero de Plus Ultra, Félix Martín, en la causa que investiga las ayudas recibidas por la aerolínea
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El ex director de Participadas de SEPI, José Ángel Partearroyo, a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional tras ser citado como testigo por el juez Calama junto al ex director financiero de Plus Ultra, Félix Martín, en la causa que investiga las ayudas recibidas por la aerolíneaEFE
El ex director de Participadas de SEPI, José Ángel Partearroyo, a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional tras ser citado como testigo por el juez Calama junto al ex director financiero de Plus Ultra, Félix Martín, en la causa que investiga las ayudas recibidas por la aerolínea

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Agencia Colpisa

Publicado el 20/11/2026 a las 05:00

Plus Ultra está al borde de la quiebra y el Estado se juega recuperar los 53 millones con los que la rescató durante la pandemia. La aerolínea ha comunicado al juzgado que negocia con sus acreedores, prepara un ERE que afectará a sus 679 trabajadores y ya ha suspendido la mayoría de sus rutas. Su tabla de salvación es la SEPI, que lleva meses trabajando en "una recalendarización de sus pagos". Sobre la mesa está retrasar hasta 2030 la devolución del préstamo participativo de 34 millones, que vence en 2028. La negociación sigue abierta y, según fuentes conocedoras de las conversaciones, en ningún momento se ha planteado una quita: el Estado no renuncia a cobrar.

La dependencia de la SEPI se ha acentuado después de que la investigación judicial sobre el rescate haya congelado otra posible salida: la venta de la compañía, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Plus Ultra contaba todavía en septiembre con dos compradores interesados, pero las conversaciones han quedado paralizadas por la incertidumbre que rodea al procedimiento. Con esa vía bloqueada, la aerolínea ha recurrido al despacho Summa Iuris para preparar un plan de reestructuración que le permita alcanzar un acuerdo con sus acreedores y evitar el concurso. Este miércoles, abogados del despacho trabajaban en la sede de la aerolínea en las cuentas que deben sustentar el plan.

El golpe final a unas cuentas que ya eran frágiles se lo ha dado el queroseno. Plus Ultra prevé gastar este año 104,8 millones en combustible, 35,7 millones más de lo presupuestado: un 51,6% más. No tiene el músculo de los grandes grupos, sus coberturas no bastan y no puede subir los billetes sin perder clientes, así que buena parte de sus rutas son deficitarias. Entre febrero y agosto acumuló pérdidas operativas de 31,08 millones.

La dirección comunicó al comité de empresa que quiere abrir el ERE, todavía sin cifra de afectados, en una plantilla repartida entre la base de Barajas y las oficinas de Alcobendas. La empresa ya ha pedido que se forme la comisión negociadora, aunque fuentes sindicales aseguran a este periódico que todavía no han recibido la documentación oficial.

SÓLO QUEDA CARACAS

Para dejar de perder dinero y proteger la caja, la aerolínea ha recortado a fondo. Bogotá, Buenos Aires, Lima, Montevideo y la venezolana Valencia han desaparecido de su programación. La compañía intenta salvar las conexiones con Caracas desde Madrid y Tenerife -más rentables gracias a determinados acuerdos comerciales-, y el alquiler de aviones con tripulación a terceros.

En tierra se han quedado miles de pasajeros que reclaman el reembolso o una alternativa para viajar. Plus Ultra promete devolver el dinero de los vuelos cancelados, pero el riesgo de insolvencia hace dudar de que pueda atender todas las reclamaciones. La incertidumbre que hoy afecta a sus clientes es una consecuencia más de la fragilidad financiera de una compañía sobre cuya viabilidad ya existían advertencias antes de recibir el rescate público.

En febrero de 2021, apenas un mes antes de que el Gobierno aprobara la ayuda, la Dirección General de Aviación Civil anticipó "una situación complicada para la compañía". El organismo no la declaró inviable, pero sus datos retrataban una aerolínea pequeña y especialmente expuesta a las dificultades de recuperación de ese mercado.

Aun así, el Gobierno aprobó el 9 de marzo de 2021 los 53 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el mismo que ayudó a Air Europa, Air Nostrum o Volotea. La operación contó con informes favorables encargados por la SEPI. En 2024, el Tribunal de Cuentas concluyó que el organismo había aplicado correctamente los requisitos del fondo, aunque pidió mejorar el seguimiento de las empresas rescatadas.

Cinco años después, el rescate vuelve a estar sobre la mesa. Cualquier modificación de los préstamos necesita el visto bueno de la SEPI, que ya tuvo que aceptar una revisión del calendario de devolución del crédito ordinario de 19 millones de euros. El dinero público se concedió en dos tramos: ese préstamo a cinco años y otro participativo de 34 millones, con vencimiento en 2028.

Ahora se barajan tres opciones: aliviar los intereses, revisar el préstamo ordinario o llevar el participativo a 2030 a cambio de un mayor coste financiero. Para Plus Ultra serían dos años más para reconstruir su actividad. Para el Estado, seguir aspirando a cobrar, aunque también seguir expuesto más tiempo a una insolvencia.

La decisión llega, además, en un momento políticamente delicado. Con las elecciones a la vista y la investigación judicial abierta, cualquier modificación de las condiciones del rescate volverá a situar a Plus Ultra en el centro de la controversia.

EL RESCATE, EN LOS TRIBUNALES

Las sospechas acabaron en una investigación penal. El perito designado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el primero que investigó el caso, fue el economista Pedro Martín Molina. En su informe de 2021 puso en duda que Plus Ultra cumpliera las condiciones patrimoniales para acceder al fondo y planteó si la empresa debía haberse considerado en crisis ya a finales de 2019.

La causa está en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama investiga, entre otros, a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien la UDEF atribuye de forma indiciaria un papel director en una presunta estructura de tráfico de influencias. El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, también investigado, declaró ante el juez que Zapatero le llamó en abril de 2020 para interesarse por la aerolínea. También relacionó con su entorno una remuneración del 1% del rescate, 530.000 euros, que según su versión se pagó a través de distintas sociedades.

También se investiga la relación de Plus Ultra con la Seguridad Social. Cuando pidió el rescate, en septiembre de 2020, la aerolínea presentó certificados fechados el 20 de agosto que la acreditaban al corriente de pagos. Sin embargo, arrastraba una deuda histórica de 451.954,79 euros cuyo aplazamiento se aprobó el 5 de octubre. La UDEF ha examinado esa aparente contradicción, aunque la normativa permite figurar al corriente de pagos con deudas aplazadas si se cumplen sus condiciones.

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