El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que las medidas previstas en España para hacer frente al uso de contratos temporales sucesivos en el sector público no se ajustan al Derecho de la Unión, al entender que no permiten sancionar "debidamente" estas prácticas ni "eliminar las consecuencias" del incumplimiento. 

En una sentencia publicada este martes, el alto tribunal europeo responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre si el sistema español para corregir estos abusos -basado, entre otras medidas, en la figura del indefinido no fijo, indemnizaciones o procesos selectivos- cumple con las exigencias de la normativa europea.

El asunto tiene su origen en el caso de una trabajadora que encadenó seis contratos de interinidad desde 2016 en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid, cuya relación fue calificada por la justicia española como indefinida no fija tras apreciar una utilización irregular.

Sobre esta solución, el TJUE señala que "no constituye una medida adecuada", ya que "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal" y, con ello, la "situación de precariedad" del trabajador, pese a que, según señala el tribunal, la estabilidad en el empleo es un elemento "primordial" de protección.

Además, apunta que las indemnizaciones previstas en la normativa española, que se abonan al extinguirse la relación laboral y están sujetas a límites máximos, no pueden constituir una reparación "proporcionada y efectiva" ni garantizar una compensación "adecuada e íntegra" de los daños.

En cuanto al régimen de responsabilidad de las administraciones públicas, la justicia europea apunta que puede resultar insuficiente si no se basa en criterios claros y previsibles y no va acompañado de otras medidas efectivas y disuasorias.

Asimismo, el TJUE cuestiona que la convocatoria de procesos selectivos que valoran la experiencia previa sirva para corregir estos abusos, ya que no garantiza que los trabajadores afectados obtengan una plaza ni evita que la situación se prolongue.

En todo caso, el tribunal europeo recuerda que corresponde al Tribunal Supremo evaluar si la normativa española cumple con los requisitos del Derecho de la Unión y resolver el litigio concreto.

El abogado Javier Arauz de Robles, representantes de distintas asociaciones de empleados públicos temporales e impulsor del caso sobre la temporalidad en el empleo público en España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha asegurado que el fallo dado a conocer este martes por el alto tribunal europeo implica que el Gobierno de España deberá legislar para transformar en fijos a los empleados públicos víctimas de abuso por temporalidad. 

Javier Arauz de Robles ha indicado que, tras el fallo del TJUE, solo cabe la estabilización "automática" de los empleados públicos con contrato temporal, por lo que ha propuesto utilizar la figura del fijo a extinguir como una "solución intermedia".

Según ha explicado, el fijo a extinguir es una figura jurídica laboral muy utilizada durante la transición y que goza de los mismos derechos que los funcionarios de carrera. De esta manera, la plaza de interino pasaría a quedar ocupada por un fijo a extinguir hasta que se jubile o cese su actividad -nunca de manera forzosa-, momento en el que la plaza se incorporará a la oferta de empleo público.

"Casi todos los partidos políticos, salvo PSOE y PP, casi todos los partidos consideran que es una solución intermedia", ha defendido el abogado.

Sin embargo, Arauz ha indicado que será el Tribunal Supremo el que deberá determinar qué figura es la adecuada para hacer cumplir la sentencia europea, que considera que la conversión de temporal a indefinido no fijo "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal", y que deberá decidir si los temporales se deben convertir en fijos u opta por otra figura, como el fijo a extinguir.

"Supongo que optará por el primero", ha reconocido Arauz de Robles, que avisa de que hay entre unos 40.000 y 50.000 procesos judiciales paralizados a la espera de esta sentencia y que en un mes y medio habrá una sentencia del Tribunal Supremo dando respuesta a la situación.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, España cuenta con 999.738 empleados públicos temporales, lo que representa el 32,3% del total, de los cuales el 75% son mujeres.

AVISA DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS

El abogado Javier Arauz de Robles ha afirmado que el fallo es "contundente" y no ofrece alternativa jurídica a parte de la fijeza, ya que la otra opción es indemnizar a los trabajadores temporales con indemnizaciones no topadas, a lo que se sumarían sanciones europeas a España por no legislar en la materia. El Gobierno español se comprometió ante la Unión Europea a reducir la temporalidad al 8% antes de finales de 2024, un objetivo que no se ha cumplido, manteniéndose por encima del 32%.

"Un Gobierno que prefiere perder este dinero (de los fondos europeos por no cumplir el hito de la reducción de la temporalidad) a estabilizar, se lo tiene que hacer mirar porque es un Gobierno enfermo", ha apuntado Arauz, que ha lamentado la falta de voluntad política de hacer fijos a los temporales públicos y ha responsabilizado de ello al PP y al PSOE.

En esta línea, ha cargado contra el Gobierno por insinuar que una estabilización masiva iría contra la Constitución y ha afirmado que el Tribunal Constitucional (TC) solo indica que los trabajadores públicos tienen que superar un proceso selectivo para acceder a la plaza y "todos los interinos lo han hecho".

En la misma línea, desde Unive Abogados consideran que, descartadas por Europa las principales respuestas utilizadas en España, la fijeza se consolida como "la única vía realmente eficaz" para reparar el abuso sufrido por miles de empleados públicos temporales.

Para este despacho, la resolución europea vuelve a recordar una idea esencial: el Derecho de la Unión exige que los Estados miembros prevean "medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas" para prevenir y, en su caso, sancionar el uso abusivo de contratos o relaciones temporales sucesivas en el sector público. "Y, en este caso, el TJUE considera que las principales respuestas que se han venido aplicando en España no cumplen adecuadamente con esa exigencia", han subrayado.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha defendido este martes que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público. 

"El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra", señalan en una nota remitida a los medios.

"La sentencia del TJUE, conocida hoy, es meramente aclaratoria: no afecta a la normativa nacional ni impone sanción de ningún tipo", inciden.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado, añade Función Pública, que el acuerdo marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos temporales.

"Ante este fallo el Gobierno de España reitera su firme compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración pública y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo", concluyen.