La jubilación parcial que el Gobierno reformó recientemente con el objetivo de darle un impulso es, a día de hoy, inviable para prácticamente la totalidad de los empleados públicos españoles, suponiendo un agravio comparativo respecto a los asalariados. Este retiro que era un derecho generalizado para los trabajadores de la Administración Pública hasta 2012 se ha convertido en una utopía para la inmensa mayoría. Los recortes aprobados en plena Gran Recesión por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy cercenó este derecho a los funcionarios y personal estatutario y desde el pasado abril la última fase de la reforma de las pensiones se lo ha suprimido, de facto, al personal laboral.

Las mayores exigencias en la contratación del relevista ha provocado que desde hace casi un año miles de empleados públicos en toda España estén a la espera de poder jubilarse de forma parcial y compaginar su empleo con una pensión. En concreto, la última reforma de las pensiones estableció que los trabajadores relevistas, que sustituyen al jubilado parcial, deben tener un contrato indefinido, a jornada completa y al menos de dos años de duración, para igualarlo con la jubilación parcial del sector privado, con el objetivo de premiar la calidad del empleo y poner freno a la temporalidad.

Pero la Administración es un transatlántico difícil de mover y maneja otras normas de funcionamiento, una regulación propia y otros tiempos. Si en una empresa privada la entrada de un relevista con un contrato fijo puede ser casi automática, en la Administración esto no es posible, porque necesita sacar esa plaza a concurso público, en virtud de los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica que deben presidir todo procedimiento de concurrencia competitiva.

OFERTA DE EMPLEO NECESARIA

Así, con estas condiciones más duras que se acordaron entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal con un buen propósito han impedido a las diferentes administraciones tirar del personal interino que tenían en sus bolsas de empleo para cubrir los huecos de estas jubilaciones y las ha retrasado, sine die, en la mayoría de los casos. Es decir, están paralizadas desde abril hasta que se convoque un proceso selectivo que puede tardar en resolverse hasta tres años.

Por ello cada administración debe prever cada año en su oferta de empleo cuántas jubilaciones parciales puede haber y convocarlas, algo que por ahora está resultando costoso y complejo y que solo han sido capaces de llevar a cabo en la comunidad autónoma de Navarra. En los próximos meses, previsiblemente entre abril y mayo, podrá empezar a jubilarse el millar de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), puesto que ha aprobado una tasa adicional de 1.049 plazas que se resolverá en breve, según explicó a Colpisa el secretario de la AGE de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez.

Los sindicatos llevan meses reclamando al Ministerio de Seguridad Social una solución a este problema y que busque algún mecanismo (a través de una transitoriedad que dé un margen de tiempo para incorporar al relevista) que permita jubilarse a estos miles de empleados públicos que lo han solicitado y a los que se les ha denegado hasta que haya un relevista con contrato indefinido que pueda sustituirle. Es más, UGT y CC OO se han plantado y han lanzado un órdago a la ministra Elma Saiz: hasta que no solucione este problema y la jubilación parcial sea una realidad, no avanzarán en otras negociaciones que están sobre la mesa, como la reforma de las bajas laborales.

Además, también exigen al Gobierno aplicar elpacto alcanzado para que los funcionarios recuperen también este derecho perdido.

Faltan solo unos días, como mucho alguna semana, para que los cerca de 250.000 funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) vean recortada su jornada laboral a 35 horas a la semana para cumplir, por fin, con un compromiso que adquirió el Gobierno hace ya tres años. En marzo esa promesa se hará ya realidad. Así lo comunicaron los sindicatos tras acordarlo en una reunión. Aún no es aplicable en  instituciones penitenciarias ni en el personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla, que deberán esperar una instrucción específica.