La delicada situación que atraviesa el Gobierno en esta recta final del año, tras destaparse nuevos escándalos de corrupción en sus filas, le está llevando a sopesar un cambio de guion y acelerar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para aprobarla antes de que acabe 2025 y dar así un golpe de efecto, según confirmaron a Colpisa fuentes cercanas a la negociación. No estaba en un principio en sus planes, puesto que su idea inicial era retrasarlo a 2026 para llevarlo en un real decreto junto con los cambios que se propone hacer en la ley para evitar que los nuevos incrementos de esta renta mínima sean absorbidos por ciertos complementos salariales.

No obstante, esta modificación que abandera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no se enfrenta solo a un rechazo frontal por parte de la patronal, sino que tampoco tiene un respaldo unánime del Gobierno. Incluso tiene pinta de terminar en los tribunales si, tal y como pretende Díaz, lo hace no como proyecto de ley sino como reglamento, para evitar su paso (y previsible naufragio) por el Congreso de los Diputados.

Por ello, los sindicatos siempre han defendido llevar ambas medidas en un único real decreto para aprobarse en el mismo Consejo de Ministros, aun a sabiendas de que esto podría retrasar la subida unos meses, puesto que el cambio en la directiva del SMI tiene que pasar por el Consejo de Estado y será objeto de una negociación complicada en el propio Gobierno.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llama ahora a las puertas de UGT y CC OO para pedirles desgajar ambas medidas con el objetivo de aprobar cuanto antes una subida del SMI que puede insuflar un poco de aire en este final de año tan complicado, según ha podido saber Colpisa.

LA CEOE, FUERA DEL ACUERDO

Así, la negociación del salario mínimo (que en los últimos cinco ejercicios comenzó el año congelado) encara unos días clave aunque el final puede prácticamente predecirse: no habrá acuerdo con la patronal y el Gobierno tratará de lograr el apoyo de los sindicatos para la nueva subida que, previsiblemente, oscilará entre los 37 y 56€ al mes. Estos son los dos escenarios que hoy le propondrá el comité de expertos a Díaz para cumplir con su mandato y situarlo en el 60% del salario medio neto: un alza del 3,1% que lo llevaría a 1.221€ brutos en 14 pagas o del 4,7% para elevarlo a 1.240€. La decisión de decantarse por uno u otro incremento dependerá de si finalmente el SMI sigue exento de tributación o si, por el contrario, por 1ª vez pasa a pagar impuestos a Hacienda a través del IRPF. Esta fue una de las guerras que estalló dentro del Gobierno el año pasado (tras aprobarse la subida a los actuales 1.184€) que ahora quieren evitar.

La recomendación de los expertos difiere de la presentada por CC OO y UGT, que abogan por una subida del 7,5% (1.273€ brutos al mes), y de la de las patronales CEOE y Cepyme, que proponen un alza del 1,5% (1.202€). Ambas organizaciones defienden que el SMI pase a tributar ya en la declaración de la renta, como el resto de asalariados, puesto que se ha disparado más de un 60% desde 2018 y cada vez son más los trabajadores afectados: unos 2,5 millones.

Los sindicatos batallarán por arañar la subida más alta, pero el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya se posicionó ayer por la más baja al apostar por que suba "en línea con la inflación" para garantizar su poder adquisitivo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, avanzó este jueves que su objetivo es cerrar el próximo lunes con los sindicatos CC OO y UGT la negociación para la ampliación a diez díaz del permiso por fallecimiento y la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos, una vez que ha apartado de la mesa de negociación de este nuevo permiso a la patronal.