La nueva jubilación flexible que pretende aprobar el Gobierno en las próximas semanas será más rentable que ahora para el pensionista el tiempo que esté trabajando pero, en cambio, menos que en la actualidad cuando vuelva a desactivarse. Este es el punto débil que esconde la reforma que acomete el Ministerio de Seguridad Social para culminar con las mejoras en la compatibilidad entre empleo y pensión y el motivo por el que los sindicatos cargan contra estos cambios: "Son fruto de la precipitación", argumentan.

Y así se lo hicieron saber a la ministra Elma Saiz en las alegaciones que remitieron al proyecto de ley tras ser sacado a audiencia pública por sorpresa justo antes de las vacaciones de verano y así lo denunciaron en la reunión que mantuvieron esta misma semana. "Lejos de servir al interés general, parece obedecer a un interés eminentemente publicitario del Ministerio por aprobar una norma inacabada y técnicamente deficiente", denuncia UGT en el texto de observaciones al que ha tenido acceso Colpisa.

Ante la fuerte oposición de UGT y CC OO a esta nueva ley que el Gobierno daba por cerrada y quería llevar pronto al Consejo de Ministros, Saiz (tal y como adelantó en una entrevista a Colpisa) se ha abierto a hacer una revisión e incorporar algunas de sus reivindicaciones, pero se sigue resistiendo a la principal: mantener el recálculo de la pensión a estos jubilados que se reenganchan al trabajo, de forma que este tiempo que han estado cotizando les compute y les sirva para mejorar su prestación una vez lo abandonen. Es decir, ese tiempo que el jubilado ha estado trabajando a tiempo parcial (meses o años) no servirá como sucede ahora para mejorar su pensión futura de por vida, puesto que este periodo cotizado no se le suma y vuelve a tener la misma pensión que tenía (actualizada, eso sí, con la revalorización correspondiente). "En vez de avanzar en la mejora de derechos, son recortes claros en las prestaciones y generan incertidumbre jurídica", sostiene la organización que lidera Pepe Álvarez.

El Gobierno está dispuesto a ceder y permitir este recálculo pero solo para un colectivo concreto: el de los trabajadores que se vieron forzados a la jubilación tras un despido, según comunicó el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, a los agentes sociales en su última reunión, pero los sindicatos seguirán luchando para lograr extenderlo a todos los que se acojan a este retiro, ya que si no solo afectará al 3% del total.

MÁS FLEXIBLE PARA AUTÓNOMOS

El Ejecutivo también abrió la puerta a ceder en otras de las denuncias de los sindicatos, como rebajar el límite de jornada parcial mínima que se exige hacer al jubilado que se reenganche, puesto que su propuesta elevó este umbral del 25% actual al 40%, algo que puede desincentivar la vuelta al mercado laboral, advierten UGT y CC OO. A cambio de este endurecimiento, el Gobierno quiere compensar este tiempo de trabajo con una mayor pensión, que podría elevarse un 10% adicional (para los que realicen entre el 40% y 60% de la jornada laboral) y un 20% (para los que oscilen del 60 al 80%).

Además, estudia incrementar el nivel de carencia que se da a los trabajadores autónomos, puesto que en el texto actual se les exige no haber estado dado de alta en el régimen de RETA los 5 años anteriores al retiro y cobrarían un 20% de su pensión. En la actualidad no se permite la jubilación flexible a los emprendedores, que tienen que acogerse al retiro activo.

La Seguridad Social se ha comprometido con los agentes sociales a presentarles un nuevo borrador en las próximas semanas aunque no ha llegado a concretar los cambios ni los porcentajes.