El Gobierno se va de vacaciones alcanzando un nuevo acuerdo en el seno del diálogo social, el segundo de la legislatura, pero esta vez no de la mano de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha fracasado en su meta de pactar la reducción de jornada antes de agosto, sino de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. 

Ella se marcó también el objetivo de terminar julio con un acuerdo en un tema tan delicado e importante como es la jubilación parcial, la activa y el retiro anticipado sin recortes en actividades penosas, entre otros asuntos, y lo ha conseguido.

Eso sí, ha sido in extremis, con la patronal y los sindicatos dando el visto bueno el último día de julio tras siete meses negociando las medidas que quedaron pendientes para culminar la reforma de las pensiones iniciada por el titular anterior, José Luis Escrivá. 

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Entre las novedades destaca la mejora de los incentivos en la jubilación demorada, que se hacen compatibles con la jubilación activa y que, además, se pagarán cada seis meses a partir del segundo año de atraso, por lo que no habrá que trabajar un año completo para recibir dicho premio como pasa ahora.

El encargado de anunciar este pacto fue el presidente, Pedro Sánchez, durante su comparecencia para hacer balance del curso. “El Gobierno ha alcanzado un nuevo acuerdo muy positivo que refuerza nuestro sistema público de pensiones y lo hace mucho más justo”, presumió. 

No obstante, el acuerdo (político) solo sienta las bases del texto normativo que tendrán que redactar a partir de septiembre y que, además, deberá ser refrendado después por un Congreso con una aritmética parlamentaria muy complicada.

Para lograr el sí de los interlocutores sociales, el Ministerio de Seguridad Social ha tenido que retirar el endurecimiento que planteó de la jubilación parcial con un contrato de relevo. Incluso permitirá ahora disfrutar de esta modalidad que combina empleo con pensión tres años antes de la edad ordinaria para todos los sectores -un año más que ahora-, por lo que se podrá acceder a partir de los 62 y con 33 años cotizados frente a los 38,5 años que se propuso en un inicio.

De igual manera el ministerio da marcha atrás y no exigirá acudir al trabajo todos los días, sino que permitirá concentrar la jornada en unos días o periodos concretos si así se acuerda con la empresa. El único pero es que durante el primer año la reducción de jornada del jubilado se recorta y deberá oscilar entre un 20% y un 33%, frente a la horquilla actual del 25% al 50%.

MEJORAS PARA LOS RELEVISTAS

Lo que mejoran además son las condiciones del trabajador relevista, que tendrá que tener un contrato indefinido y a tiempo completo. A su vez, la empresa estará obligada a mantenerlo durante al menos dos años después de la extinción de la jubilación parcial. Además, podrán formar parte del proceso de relevo los trabajadores fijos discontinuos que haya en la empresa, demanda que ha partido de UGT.

También ha tenido que ceder el Gobierno en mantener -al menos hasta finales de 2029- las actuales condiciones de jubilación parcial en la industria manufacturera, más ventajosas. Así, sus trabajadores podrán disfrutar de este retiro hasta cuatro años antes de la edad ordinaria, a partir de los 61, con 33 años cotizados. Para ello eleva del 70% al 75% los trabajadores indefinidos que debe tener la empresa y se incrementa progresivamente la cotización del trabajador que se jubila: será el 40% de la base que le correspondería si continuara a jornada completa en 2025, el 50% en 2026, el 60% en 2027, el 70% en 2028 y el 80% en 2029.

De igual manera, la propuesta final mejora la jubilación activa a partir del segundo año de demora y extiende a todos los trabajadores poder cobrar el 100% de la pensión a partir del quinto año. También se acuerda un nuevo reglamento para el reconocimiento de coeficientes reductores que abre la puerta a anticipar la jubilación a profesiones penosas, como las camareras de piso y las cuidadoras de dependencia.