La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, confirmó este miércoles que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que “ajuste y clarifique” la capacidad de veto de las comunidades de vecinos para establecer pisos turísticos en su bloque. La regulación ya permite que las comunidades rechacen por mayoría de tres quintos los pisos turísticos, pero el Gobierno quiere avanzar en la clarificación de la norma y que sea necesaria la autorización previa de las comunidades de vecinos para poder poner un piso en alquiler turístico, de manera que sea determinante la opinión de los vecinos.

El cambio legislativo necesita ser aprobado en el Parlamento y el Gobierno va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para realizar este “ajuste quirúrgico” en la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar este veto de los vecinos ante una actividad que está planteando problemas de convivencia. El Ejecutivo se basa también en sentencias judiciales que han establecido el carácter de actividad económica de los pisos turísticos, lo que exige la autorización de los vecinos.

Lo que no aclaró el Ministerio de Vivienda es qué ocurrirá con los pisos turísticos ya establecidos, si se les obligará a solicitar la autorización si no la tienen o si la nueva medida no tendrá carácter retroactivo. La titular de Vivienda se mostró favorable a que los pisos turísticos paguen IVA, como ya había propuesto Consumo.

ALQUILER DE TEMPORADA

Por otra parte, el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para que los alquileres de temporada (inferiores a un año normalmente) se incluyan dentro de la plataforma de registro único que el Ejecutivo va a crear para los alojamientos de corta duración, del que formarán parte también los alquileres turísticos. Este registro viene obligado por el reglamento de la UE que regula el intercambio de datos relativo a alquileres de alojamientos de corta duración a través de plataformas y para evitar fraudes. El registro único, donde aparecerán todos los alquileres temporales de cualquier tipo que sean publicitados en plataformas, estará en funcionamiento probablemente a finales de 2025 -adelanta un año la obligación marcada por la UE- y lo que está por decidir es si hasta entonces se obligará a inscribirlos en los registros que ya existen de autonomías y ayuntamientos.

Además, el real decreto también establecerá las condiciones que han de cumplirse para que los alquileres temporales acrediten la causalidad a la hora de formalizar el contrato y, de esta manera, justificar que realmente “el contrato se debe al interés de la temporalidad” y no se utiliza para eludir los requisitos de la ley de vivienda en los alquileres de larga estancia.

El alquiler de temporada está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y sirven para aquellos casos en los que el inquilino busca un lugar donde vivir por un tiempo limitado fuera de su domicilio habitual.

El objetivo, dijo la ministra, es “establecer todos los mecanismos para no burlar la ley y salvaguardar el alquiler de temporada para lo que es necesario”. Es decir, “garantizar y proteger el arrendamiento temporal para causas temporales”, como pueden ser estudios, acontecimientos culturales (como un festival), migraciones temporales por trabajo, etc.

El ministerio no concretó qué tipo de documentos habrá que presentar para justificar y acreditar el alquiler temporal, pero parece descartarse la reducción del tiempo de los alquileres de temporada como habían planteado varios sindicatos previamente.

La ministra explicó que la duración de los alquileres de temporada dependerá de la causa: 9 meses si es por un curso escolar, un mes si es por un festival o un año si se trata de un investigador trasladado, por ejemplo. “No podemos desentendernos del problema. Está afectando a los precios de mercado e impidiendo el acceso a una vivienda asequible”, afirmó Rodríguez. “Hay una razón imperiosa de interés general que justifica todas las medidas que no sean discriminatorias”, aseguró la ministra recordando una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.

DESACUERDO

Tras la tercera reunión del grupo de trabajo para la regulación de los alquileres temporales, los sindicatos de inquilinas manifestaron su “firme desacuerdo” con las medidas propuestas por Vivienda por considerarlas “ineficaces, que perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los inquilinos”. En su opinión, el reglamento propuesto permite seguir utilizando el alquiler temporal para cobrar honorarios al inquilino o para hacerle pagar una fianza más alta de la permitida.

Además, los sindicatos criticaron que el registro único que propone la ministra es, en realidad, “un sistema encubierto de licencias que responde a los intereses de la patronal”.También criticaron que la propuesta del Gobierno “ha dejado completamente sin regular los alquileres de habitaciones y da vía libre a los colivings”.

La ministra anunció que la próxima semana se reunirá con las comunidades autónomas para empezar a trabajar “con inmediatez” en el próximo plan de vivienda, cuyo objetivo será tener un parque público de vivienda del 9% del total, en línea con la media europea (actualmente el 2,5%). Sobre el compromiso de legislatura de poner 184.000 viviendas en alquiler asequible, Rodríguez indicó que ya están en marcha más de 80.000 viviendas.

El consejero delegado de Meliá y también presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, abogó ayer por erradicar el turismo de excesos, entre los que se encuentran los viajes de estudios, aludiendo a que “no aportan nada” y que “conllevan un malestar para los ciudadanos”. Durante la presentación de un manifiesto de Exceltur, compuesto por 80 propuestas para avanzar en un turismo “más responsable, inclusivo y regenerativo”, Escarrer criticó el turismo de masas y apostó por combatir la ilegalidad en todo el sector, como los taxis piratas, fiestas en barcos sin licencia o la oferta ilegal de pisos turísticos.