Inflación y sueldo en España: ¿cómo afecta la subida al bolsillo?
UGT y CC OO han reclamado la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los salarios
Publicado el 01/04/2022 a las 10:06
La escalada en el IPC ya está provocando la pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores españoles, y se teme que lo siga haciendo en los próximos meses.
Esta semana hemos conocido que el IPC se disparó en marzo hasta el 9,8%, su tasa más alta en 37 años, por la luz, carburantes y alimentos. Algo que en Navarra ha hecho que un 38% de los ciudadanos navarros haya cambiado de hábitos. El cambio más significativo es mirar más los precios; así lo hace un tercio de los consumidores (33 %). Un 17 % compara establecimientos antes de comprar en mayor medida de la que lo hacía antes y un 11 % dice que ahora planifica más sus compras.
Ante esta situación, UGT ha reclamado la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los salarios y de proteger el empleo para evitar que la elevada inflación lleve a incrementos de la desigualdad y pobreza de los trabajadores.
En un comunicado, UGT ha considerado necesario alcanzar, junto a CC OO, un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con la patronal "que contemple las dificultades presentes en la mesa de negociación y se ajuste a las necesidades de cada sector, empresa y grupo de trabajadores".
Si este acuerdo contempla estas propuesta "sería una buena noticia para lograr avances en materia salarial y en el empleo".
Por su parte, CC OO ha pedido al Gobierno que cree un bono de emergencia, con un pago extraordinario de 300 euros, para aliviar la pérdida de poder adquisitivo en salarios bajos, pensiones mínimas o no contributivas, prestaciones y becas generado por la elevada inflación.
En un comunicado, el sindicato ha comentado que la escaladad del IPC repercutirá negativamente sobre la demanda de consumo, la recuperación del PIB y el empleo".
El bono que reclama serviría para pagar la factura energética, alimentos o alquiler y beneficiaría a casi 9,6 millones de personas, el 64 % de ellas mujeres, y costaría 2.870 millones de euros, que se financiarían con el aumento de la recaudación procedente del alza del precio de la energía.
En otro comunicado, el sindicato CSIF ha considerado "insoportable" la subida de precios, que "empuja a la exclusión y empobrecimiento a miles de familias".
Por ello, ha exigido una reunión urgente a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para abordar la repercusión de la crisis sobre los servicios que reciben los ciudadanos y el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas.
