El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley para la creación de los nuevos fondos de pensiones de promoción pública con los que se pretende incentivar el ahorro privado para la jubilación. El texto llegará así al Congreso sin el respaldo de la patronal, los sindicatos y también sin el beneplácito total de la banca, que en los últimos días han presionado para introducir -sin éxito- modificaciones a la última propuesta que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, remitió a las partes. "Las principales discrepancias se ciñen a los incentivos planteados para que las empresas participen en el proceso, pero también observamos ciertos problemas de gobernanza", advierten fuentes de la CEOE. Lo cierto es que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo notable frente a las exigencias de la patronal en el inicio. "Hemos incluido prácticamente todo lo que nos han pedido", defienden desde el Ministerio. El propio Escrivá reconocía el pasado viernes que "nunca hemos aspirado a una ratificación con los agentes sociales", dejando claro que "se han recibido muchas apreciaciones para mejorar la norma y tengo la sensación de que hay bastante acuerdo". En la última propuesta a la que ha tenido acceso este diario, el equipo de Escrivá plantea una serie de incentivos que, resumiendo, se traducirían en una rebaja de menos de 80 euros por trabajador en la base de cotizaciones sociales de las empresas. Era una de las reclamaciones de la CEOE. Pero la referencia resulta ahora insuficiente. Y en el mismo sentido se manifiestan desde el sector financiero. "No es un incentivo real. Debemos recuperar lo que teníamos en 2006 y 2013, con bonificaciones en el impuesto de Sociedades y en los límites de desgravación", indica Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, patronal de las gestoras de inversión colectiva. Por aquel entonces, las empresas podían acceder, por ejemplo, a una reducción del 10% en Sociedades por determinadas aportaciones.

PILARES DEL SISTEMA

Tanto gestoras como empresas quieren dejar claro que apoyan la iniciativa para mejorar fiscalmente estos vehículos de ahorro, pero también advierten que la decisión no se debería haber tomado a costa de hacer menos atractivos los planes del sistema individual. El Gobierno rebajó el pasado año de 8.000 a 2.000 euros el límite de las aportaciones máximas que podrían desgravarse en el IRPF. Este 2022 el tope es de 1.500 euros. Una situación que -según explica José Antonio Iglesias, presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones- ha provocado que "las aportaciones brutas al sistema individual se redujeran un 40%". Ese dinero, además, "no se está transfiriendo a la previsión social empresarial", donde el límite de desgravación se ha elevado a 8.500 euros si empleador y empleado llegan al máximo de aportación de 4.350 euros. El borrador establece, además, otra novedad en este punto -también reclamada por los empresarios- para permitir que el trabajador pueda aportar más si la empresa no llega al máximo, a través de una serie de índices establecidos. Por ejemplo, hasta 2,5 veces la aportación de la empresa si esta no supera los 500 euros. "El borrador ha mejorado respecto a la propuesta inicial, pero estamos lejos de conseguir lo que teníamos", insisten desde la patronal. "Estamos deseando que esto funcione, pero el mayor impulso a los estímulos tendría que darse ahora, al inicio del proceso", añaden.

PRESENCIA PÚBLICA

Los empresarios también muestran su recelo con la gobernanza planteada para estos vehículos. Critican el elevado peso que mantiene la Administración, a pesar de que el Gobierno ha rebajado de 17 a 13 miembros la comisión de seguimiento que velará por su buen funcionamiento. Según el texto, "cuatro de ellos serán propuestos por las organizaciones empresariales", pero otros cinco serán designados por el Ministerio de Seguridad Social (frente a los 9 planteados al inicio). La norma también ha eliminado de su redacción el reglamento por el que el Ejecutivo se reservaba el derecho de establecer ciertos criterios de inversión, algo que inquietaba especialmente al sector financiero. "La declaración comprensiva de los principios de la política de inversión (...) será elaborada por la Comisión de Control Especial con la participación de las entidades gestoras", indica ahora el documento.

Pese a los muchos cambios realizados, todo apunta a que, sin el apoyo de los agentes sociales, Escrivá tendrá que emplearse a fondo para lograr el visto bueno del Congreso.