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Finanzas

¿Compensa pleitear por los conflictos bancarios?

A la resolución del TJUE, conocida el martes, sobre el indicador IRPH se sumó dos días después el fallo del Tribunal Supremo sobre una tarjeta 'revolving' de Wizink Bank. Dos palos a la banca

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
ARCHIVO DN
  • Colpisa. Madrid
Actualizada 08/03/2020 a las 06:00

Nunca antes como en la última década los bancos se habían enfrentado a tal avalancha de demandas de sus clientes por la deficiente comercialización de alguno de su productos fetiche, como las hipotecas. Pero a pesar de que son miles los casos sentenciados y los que aún se apilan en los juzgados a la espera de un fallo, por el camino se han ido quedado muchos más de los que han llegado a las sedes judiciales. Los titulares de esos préstamos y productos financieros consideran que no merece la pena embarcarse en esa aventura sin saber si el resultado les será favorable o no. Las estadísticas revelan que casi siempre lo es.


A la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), conocida el martes, sobre el indicador IRPH (Indice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios) se sumó dos días después el fallo del Tribunal Supremo sobre una tarjeta 'revolving' de Wizink Bank. Dos palos a la banca. Y como en otras ocasiones, con el mismo rapapolvo: fallos en el proceso de venta de los préstamos o concesión "irresponsable" de créditos a través de las tarjetas con intereses "usureros", según el Supremo.


Ahora se abre la puerta a que los afectados puedan interponer demandas y pleitear ante sus bancos. Así lo reconocen las entidades tanto en el caso del IRPH como en el de las 'revolving'. Algunas han comenzado a tomar medidas de compensación a cambio de que sus clientes no vayan a juicio. Porque todas se encuentran preparadas para otro periplo judicial, aunque oficialmente confían en que no tengan por qué afectarles y minimizan las posibilidades de éxito de quienes acudan al juzgado. Jesús Sánchez, abogado del Colegio de la Abogacía de Barcelona, lo tiene claro: "Cualquier persona que se considere perjudicada, tiene que acudir" a la Justicia. "Y está en su derecho", añade este experto en consumo financiero. Pero ¿y si después de todo el laberinto judicial no me dan la razón? He ahí la duda que frena a miles de afectados a la hora de pleitear. El caso de las cláusulas suelos es paradigmático en este sentido: cuando a finales de 2016 la Corte de Luxemburgo avaló la retroactividad en la devolución del dinero cobrado de más por la limitación de los intereses, el Banco de España calculó que las entidades españolas tendrían que reintegrar unos 4.200 millones de euros. Pero a esta cifra se llegaría si todos los afectados reclamasen y si todas las clausulas suelo fuesen declaradas nulas. Tres años después de que se pusiera en marcha el mecanismo extrajudicial para evitar el colapso de demandas los bancos afectados han desembolsado unos 2.370 millones de euros. Esto es, un 56% de aquella estimación.


En esta cuantía no se encuentran incluidas todas las sentencias de los clientes que prefirieron ir a juicio y que están ganando a las entidades por los 'suelos'. Desde que el 1 de julio de 2017 se pusieron en marcha los juzgados especializados, el 96,9% de los fallos dictados han sido favorables al ciudadano. Esto es, en más de 192.000 casos. A unos 4.500 euros por trámite (es la devolución media extraída del mecanismo extrajudicial), las entidades han desembolsado por sentencias contrarias otros 864 millones. Otra cuantía que también es inferior a los cálculos máximos previstos en su momento. Acciones colectivas El presidente de Adicae, Manuel Pardos, sostiene que "hasta un 80% de los potenciales afectados se quedan en casa". Y que esa actitud "le viene muy bien a la banca que evita un impacto mayor por sus malas prácticas". Pardos considera que las entidades "prefieren que las demandas les lleguen de una en una, lo que supone una mayor dificultad" para el consumidor doméstico. El abogado Jesús Sánchez, quien se queja de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "no incluye un sistema de acciones colectivas" para que se solucionen este tipo de casos. Lo que descarta el Ministerio de Economía es un sistema de arbitraje similar al de las cláusulas suelo para gestionar las demandas que puedan llegar y evitar así otro colapso en los juzgados.


LOS NUEVOS CONTRATOS, BLINDADOS PARA EVITAR PROBLEMAS HIPOTECARIOS


Desde mediados de junio se encuentra en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. Su contenido supone un espaldarazo para los consumidores, quienes ganan terreno frente a algunas de las prácticas que realizaba la banca que, aunque legales, no superaban los criterios de buena comercialización y transparencia, según dictan numerosas sentencias.


La norma define las cláusulas que puedan resultar "sensibles" para que el hipotecado esté alerta antes de firmar; limita las comisiones; explica qué gastos asume cada parte (casi todos el banco, incluido el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a excepción de la tasación); y obliga a acudir dos veces al notario, para informarse primero y certificar después que se conoce al dedillo todos los términos que contiene la escritura.


Este último es uno de los cambios, porque al firmar el acta se confirma que se ha recibido toda la información incluida en la hipoteca. El 95% de las cuestiones que el banco está obligado a informar ya estaban en la norma anterior. Pero con el nuevo proceso se refuerza la constatación de que se conocen todos los términos del contrato.


La entidad tiene que dar al cliente un margen de 10 días para que analice la información del préstamo antes de firmarlo. En ese plazo el notario debe haber recibido por vía telemática la información, debe haber tenido un encuentro para verificar las condiciones y solventar dudas y haber emitido un acta válida. Después, se concertará una segunda visita a la notaría, que será la definitiva ante la firma.


La ley establece cuál es la información que el banco deberá remitir a los hipotecados de forma periódica, una vez que el crédito entre en vigor. Las entidades tendrán que enviar "un documento de liquidación" en el que figuren: el tipo de interés aplicado así como el que se vaya a calcular para el periodo siguiente; las comisiones que han sido abonadas; cualquier otro gasto vinculado; y "cuantos antecedentes sean precisos" para que el cliente pueda comprobar que la liquidación es la correcta.


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