Freno, aunque no marcha atrás, en la reforma de las pensiones, que se adentra en su segundo verano consecutivo sin acuerdo pese a que las últimas semanas se atisbaba un acercamiento en las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios. La reunión celebrada este martes por la comisión del Pacto de Toledo terminó sin avances y no los habrá, por lo menos, a un mes vista. El optimismo en torno a alcanzar un acuerdo sobre un nuevo índice de revalorización de estas prestaciones parece ahora haberse desinflado bastante. Hubo incluso quien como la presidenta de la comisión, la diputada del PP Celia Villalobos, habló de votar ya esta semana la recomendación segunda, que trata del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, y cerrarla de una vez. Pero no ha sido posible. Ninguno de los partidos ha dado su brazo a torcer respecto a qué hacer en los momentos de crisis. Las posturas se mantienen inamovibles, esto es, pese a que hay consenso en volver a ligar la subida de las pensiones al índice de precios de consumo (IPC) con carácter generalizado, la situación encalla en qué hacer cuando el país atraviese una nueva recesión.

Y aquí hay dos bandos: PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT defienden que en tiempos de crisis solo se blinden las pensiones más bajas y se revaloricen cada año en función de la inflación, de forma que haya cierto margen para ajustar en las prestaciones más altas. Para ello abogan por introducir otros elementos, además del IPC, como pueden ser la evolución de los salarios y/o el PIB.

Sin embargo, esta 'excepcionalidad' la descartan de plano formaciones como PSOE, Podemos, Compromís y Esquerra, que quieren que la nueva fórmula de revalorización se respete siempre, bajo cualquier circunstancia, de forma que se garantice a todos los pensionistas que no perderán poder adquisitivo. Y por eso rechazaron el borrador -y ya es el cuarto que decae- que se había redactado y en el que se incorporaban estos elementos adicionales al IPC para determinados momentos del ciclo económico.

"Nos va a costar llegar a un pacto", admitió con tristeza la portavoz del PSOE en esta comisión, Mercè Perea, que una vez más reiteró que su partido "no tolerará" que se discrimine a los pensionistas. "No puede haber excusa. El IPC vuelve para quedarse", afirmó con rotundidad.

¿HASTA LA VUELTA DE VERANO?

De cualquier forma, esta discusión no volverá a tocarse hasta finales de julio por lo menos. La razón -o excusa, según se mire- hay que buscarla en la lucha que se abre en el PP para el nombramiento de un nuevo líder. Seis candidatos hay en este momento y, por tanto, pueden tener seis posiciones distintas en torno a un tema tan sensible como son las pensiones. Por eso su grupo parlamentario pidió ayer en el Pacto aplazar el debate sobre cómo deben revalorizarse las pensiones hasta que tengan nuevo líder y unas líneas claras de actuación. Lo propuso Villalobos y así lo aceptaron las formaciones.

"En mi partido también tendremos que elegir al que debe mandar y a partir de ahí pueden producirse cambios de posiciones o en las propias portavocías", se justificó el representante popular, Gerardo Camps. Esto significa que lo más probable es que pase el verano hasta que el tema clave de la reforma vuelva a estar encima de la mesa, puesto que el Congreso en el que el PP elegirá a su nuevo líder se celebrará el 21 y 22 de julio y en agosto el Parlamento cuelga el cartel de 'vacaciones'.

Otra razón que ha dado el PP para este aplazamiento es que antes quieren escuchar de primera mano los planes sobre pensiones de la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quien ya pidió comparecer en esta comisión y que lo hará la primera semana de julio. Además, Camps abogó porque también acuda el nuevo secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, pues "sabe mucho de esta materia", petición que fue apoyada por varios grupos.

A su vez, el PP aduce que si el nuevo Gobierno lo que quiere es derogar la reforma de las pensiones de 2013, el gasto hasta 2050 será muy diferente al que está previsto en los Presupuestos de 2018 y que ya fue remitido a Bruselas para su visto bueno. "Si cada año, con carácter permanente, hay subida de IPC y no hay factor de sostenibilidad los números de gasto nos cambian", resaltó Camps, que recordó que sólo con el actual Indice de Revalorización de las Pensiones (IRP) del 0,25% y con el crecimiento de nuevos pensionistas hay un aumento anual de 4.000 millones de euros.

De cualquier manera, los dos principales elementos de la reforma de 2013 continúan en punto muerto: el IRP que abocaba las pensiones a una revalorización mínima del 0,25% ya hasta el PP lo da por finiquitado, mientras que la entrada en vigor del cuestionado factor de sostenibilidad se ha aplazado al menos hasta 2023. Por eso Camps niega que sea el PP el que esté bloqueando las negociaciones, aduciendo que su formación es la que más ha "modulado" su postura.

La comisión, en cualquier caso, volverá a reunirse la próxima semana. Sin embargo, en esta ocasión está previsto que sea para tratar la brecha de género en las pensiones.