Diario de Navarra

En diciembre del año pasado el colectivo Politikon publicó el libro El muro invisible, en el que se analiza cómo la crisis y la gran recesión han roto el pacto generacional en el que se basa nuestro sistema de protección social. El paro, la temporalidad y la precariedad laborales que sufren desproporcionadamente los jóvenes, la quiebra de las expectativas de movilidad social, el retraso de decisiones vitales como tener un hijo o independizarse del hogar de los padres, son hechos que no sólo revelan la injusticia y el sesgo generacional de las políticas sociales sino que ponen en peligro la sostenibilidad del estado del bienestar, en especial de las pensiones, y hacen temblar la legitimidad del propio sistema democrático. El libro es una valiosa aportación a un debate por demasiado tiempo pospuesto y que debería estar en la primera página de la agenda política. Sin embargo, el análisis tiene una omisión que no por habitual es menos grave. En varias ocasiones el libro reconoce que, aunque muchos de los problemas de los jóvenes son compartidos y existe un conflicto generacional, los jóvenes no funcionan como un grupo homogéneo (como una “clase”) sino que existen diferencias de intereses según la extracción socioeconómica, la educación o el capital social de la familia. Pero el análisis olvida otro muro invisible, el que existe entre los jóvenes españoles y los de nacionalidad extranjera, hijos de la inmigración que ha transformado España desde los años 90. Muchas veces se señala, con razón, que los jóvenes son los grandes perdedores de la crisis, pero se olvida que, dentro de los jóvenes, los no españoles (más de un millón y medio de personas, el 18% de todos los residentes en España entre 16 y 35 años) han sido los que más han sufrido el paro, la pobreza y la desigualdad. La histórica destrucción de empleo que se produjo desde 2008 en España se cebó con los trabajadores inmigrantes, también los más jóvenes. Las cifras de reducción del número de trabajadores extranjeros activos son espectaculares, y eso a pesar de que muchos han regresado a sus países de origen durante la recesión, un drástico ajuste del mercado laboral que ha significado un cambio radical en la vida de millones de personas y que se llevó por delante las expectativas construidas en época de bonanza. Los jóvenes de origen inmigrante sufren las mismas condiciones laborales adversas que los jóvenes españoles, pero de manera mucho más acusada, con menores tasas de acceso a la educación superior y la consecuente mayor tasa de actividad en la franja de 16 a 24 años, más precariedad y más paro. El diferencial de la tasa de desempleo entre jóvenes españoles y extranjeros no comunitarios es escalofriante, como ilustra el siguiente gráfico: La franja de edad 15-24 años es la que menos diferencia registra entre ambos grupos, pero entre los 25 y 29 años las diferencias en los momentos más álgidos de destrucción de empleo fueron de hasta 10 puntos porcentuales: en 2013, mientras que la tasa de desempleo de los españoles de esas edad era del 32%, la de los extranjeros era del 42%. La diferencia supera los 15 puntos en la franja de 30 a 34 años. Además, la destrucción de empleo entre los jóvenes extranjeros fue más rápida y acusada en los dos peores momentos de la crisis (véase la inclinación de 2008 a 2009 y de 2012 a 2014), lo que muestra la situación de mayor vulnerabilidad laboral de los jóvenes extranjeros. No es simplemente que todos los indicadores son cuantitativamente peores, sino que la situación laboral de los jóvenes extranjeros en España es cualitativamente distinta a la de los españoles. La explotación laboral, el trabajo fraudulento y la amenaza constante de caer en la irregularidad y ser encerrado y deportado son la realidad cotidiana de los jóvenes extranjeros y agrandan la brecha con los españoles. La crisis también ha agravado la situación de pobreza de los jóvenes con respecto a otros grupos de edad, como los jubilados, que incluso han mejorado su situación relativa durante la crisis. Sin embargo cuando se analizan los datos de pobreza por nacionalidad de nuevo se abre el abismo entre jóvenes españoles y extranjeros. El Informe AROPE 2017 sobre pobreza en España señala que el 24% de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión. La tasa es del 47% para los extranjeros comunitarios y del 60% para los extranjeros de fuera de la UE. Estas cifras son para la población general ya que el informe no cruza datos de nacionalidad y grupos de edad, pero cabe pensar que la proporción será similar en todos los grupos de edad. Con un diferencial de 36 puntos entre españoles y extranjeros no comunitarios, la nacionalidad es el factor que más influye en la tasa de pobreza y exclusión social de todos los analizados en el informe, por encima de la brecha generacional. Una educación inclusiva es fundamental para reducir la desigualdad social y laboral ya que el éxito o el fracaso escolar tienen consecuencias duraderas a lo largo de toda la vida. Sin embargo, España es uno de los países de la OCDE en el que más diferencia hay entre alumnos españoles y de origen inmigrante en los resultados del test PISA. Mayor fracaso escolar, mayores tasas de repetición y menor acceso a la educación superior son los factores determinantes que hipotecan el futuro laboral de los hijos de los inmigrantes en España. El libro dedica más de un tercio de su análisis a cómo la crisis económica ha debilitado los cimientos del sistema político español y cómo los jóvenes han cambiado sus actitudes hacia la política. Pero olvida mencionar que 1 de cada 5 jóvenes en España no tiene derechos políticos plenos porque son extranjeros. Los ciudadanos europeos pueden votar y presentarse en las elecciones al Parlamento Europeo, los extranjeros nacionales de países con convenio bilateral (apenas un 10%) pueden votar y ser elegidos en las elecciones municipales, pero ninguno de ese millón y medio de jóvenes puede votar ni ser elegido en las elecciones autonómicas y generales. Insistimos, con razón, en el poco peso político de los jóvenes ya que por motivos demográficos suponen una parte menor del electorado y porque se abstienen más que otros grupos de edad, pero nos olvidamos que una buena parte de ellos ni siquiera pueden votar. A pesar de que pagan impuestos, contribuyen al sistema de pensiones y de desempleo y de que son una parte fundamental de la sociedad, están excluidos de la vida política, lo que agrava su desempoderamiento político y su vulnerabilidad social. Pero además hay otro muro invisible dentro de la juventud española además de la nacionalidad. Cientos de miles de jóvenes españoles sufren racismo porque sus rasgos no encajan con el fenotipo racial mayoritario. El racismo es un sistema de dominación que está activo en España y que organiza una parte importante de las relaciones de poder y de la jerarquía social, aunque muchas veces se rebaje su importancia en el debate público. Es más difícil incluir esta brecha en un análisis cuantitativo, porque la mayoría de fuentes no recogen datos de autoidentificación étnica: con los datos de la EPA o del SEPE no podemos evaluar el grado de desigualdad laboral, no ya por la nacionalidad sino por el color de la piel. Pero a través de datos de denuncias de discriminación laboral y de acceso a los servicios públicos, como los que recogen los Informes 2017 de la Federación de asociaciones de SOS Racismo o la Fundación Secretariado Gitano, se documenta la punta del iceberg de una brecha invisibilizada que recorre toda la sociedad. ¿Cómo se puede construir un relato común de todos los jóvenes en España sin tener en cuenta estos otros muros invisibles? Es crucial hablar de la brecha entre jóvenes y mayores y de cómo la crisis ha comprometido el contrato generacional. Pero hay otros contratos subyacentes de los que no se habla y que apuntalan injustamente el sistema. Es necesario reconstruir el pacto generacional y reformar el mercado laboral y el sistema de protección social para hacerlo más redistributivo, más justo y más sostenible. Pero ese pacto no será posible ni deseable si se siguen olvidando las fronteras interiores que nos dividen. Si los jóvenes queremos promover un nuevo sistema de redistribución de recursos, más justo y sostenible, tenemos que empezar por resolver primero las injusticias intrageneracionales. No debemos conformarnos con luchar por recuperar el bienestar perdido y las expectativas frustradas: no se trata solamente de evitar “vivir peor que nuestros padres”, sino que los jóvenes tenemos la responsabilidad de plantear alternativas innovadoras a los problemas de la sociedad. Y el primer paso es no ignorar en el relato a 1 de cada 5 jóvenes, promover la igualación de derechos políticos y la representación de todos en las instituciones, luchar contra la discriminación por motivos de origen y raza, combatir la explotación laboral de los extranjeros y acabar con la desigualdad en las escuelas y el acceso a la educación superior. Si no, consigamos o no refundar el pacto intergeneracional, simplemente estaremos reproduciendo las injusticias heredadas.

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Los otros muros invisibles: jóvenes extranjeros en España

Cómo la crisis y la gran recesión han roto el pacto generacional en el que se basa nuestro sistema de protección social.

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