Durante décadas, hablar de la seguridad europea significaba pensar en ejércitos, fronteras y conflictos armados. Hoy, parte de la confrontación se desarrolla en un terreno mucho más difícil de reconocer: la guerra híbrida. Este concepto engloba estrategias que combinan distintos medios para ejercer presión, desestabilizar o causar daño sin llegar necesariamente a un conflicto armado abierto. En la práctica, esto puede traducirse en un ciberataque contra una infraestructura crítica, el sabotaje de un cable submarino, una incursión de drones o incluso una campaña coordinada de desinformación.

Aunque diferentes, todas estas acciones comparten una misma lógica: operar en esa zona gris entre la paz y la guerra que dificulta determinar cuándo y cómo responder. Y es precisamente esa ambigüedad la que plantea una pregunta cada vez más relevante para Europa: ¿cuándo deja un incidente de ser un problema nacional para convertirse en una amenaza para toda la Unión? Y, cuando lo hace, ¿quién debe responder y cómo?

En el discurso sobre el Estado de la Unión del pasado 16 de septiembre Ursula von der Leyen dejó claro que estas preguntas ya forman parte del debate sobre la seguridad europea. En él, hizo alusión a los recientes incidentes en Dinamarca, Lituania y Polonia, así como al intento de ataque con drones en Leipzig para ilustrar una realidad cada vez más difícil de ignorar: los ataques híbridos ya forman parte del escenario de seguridad europeo. El problema es que, mientras las amenazas han cambiado, los mecanismos para hacerles frente no han evolucionado al mismo ritmo. De ahí que las propuestas presentadas en el discurso busquen reforzar la capacidad europea de respuesta en varios frentes.

La Comisión plantea una nueva Estrategia Europea de Seguridad y un counter-hybrid playbook, un conjunto de pautas comunes para orientar la respuesta ante incidentes híbridos. A ello se suma la creación de un Protocolo Europeo de Seguridad de Emergencia, inspirado en la lógica del artículo 4 de la OTAN. Este permite a cualquiera de sus miembros solicitar consultas con el resto de aliados cuando considera amenazada su seguridad, sin que ello implique activar automáticamente la defensa colectiva prevista en el artículo 5. Siguiendo una lógica similar, el protocolo europeo permitiría a un Estado miembro reunir a los Veintisiete ante un incidente que, aun sin constituir una agresión armada, amenace su seguridad nacional. La idea es que Europa pueda coordinarse antes de que una crisis tenga que convertirse en una guerra para ser tratada como un problema común.

Von der Leyen, en su discurso, va un paso más allá. La presidenta de la Comisión Europea propuso avanzar hacia un Consejo Europeo de Seguridad en el que, junto a los Estados miembros, pudieran participar socios como Reino Unido, Noruega,

Ucrania o Canadá. La propuesta parte de una realidad difícil de obviar: muchas de las amenazas que afectan a la seguridad del continente tampoco entienden de las fronteras de la Unión. Si un ciberataque o un sabotaje pueden traspasar las fronteras con facilidad, responder a ellos exige también una coordinación que vaya más allá de las fronteras de la Unión.

Pero crear nuevos mecanismos no elimina la incertidumbre que define estas amenazas. Para responder conjuntamente, los Estados tendrán que compartir información, valorar la gravedad de cada incidente y alcanzar un grado suficiente de acuerdo sobre qué medidas adoptar. Una tarea especialmente compleja cuando resulta difícil determinar quién está detrás de una acción o si varios incidentes aparentemente aislados forman parte de una misma estrategia. También será necesario definir cómo se complementarán estos nuevos instrumentos con la OTAN. El reto, por tanto, no consiste únicamente en diseñar nuevas estructuras, sino en conseguir que puedan traducirse en decisiones comunes cuando la rapidez sea precisamente uno de los factores decisivos.

Sería un error, además, pensar que este debate pertenece únicamente a los países situados en la frontera oriental de Europa. España también forma parte de esta nueva geografía de la seguridad. Nuestra conexión con el resto del continente depende de infraestructuras energéticas, digitales, marítimas y espaciales cuya protección trasciende las fronteras nacionales. Este mismo septiembre, España anunció que asumiría un mayor papel en los esfuerzos europeos para proteger los cables submarinos frente a sabotajes y amenazas híbridas. A ello se suma el Centro de Satélites de la Unión Europea, situado en Torrejón de Ardoz, que proporciona análisis geoespacial para apoyar la toma de decisiones europeas. Aunque la distancia respecto al flanco oriental puede cambiar nuestra percepción de estos peligros, no nos sitúa fuera de su alcance.

Quizás ahora el verdadero desafío para Europa no será únicamente responder a una agresión abierta, sino saber actuar cuando todavía no existe consenso sobre la naturaleza de la amenaza. Porque es precisamente en esa zona gris, donde las responsabilidades se difuminan y las decisiones se retrasan, donde se pone a prueba la capacidad de los Estados europeos para actuar conjuntamente.

Parece que Europa ha comprendido que las amenazas han cambiado. La cuestión ahora es demostrar si sus Estados serán capaces de cambiar con ellas.

Mireya Urdangarín, socia de Equipo Europa