La Inspección actuó para que se pagaran salarios atrasados por 440.000 € en Navarra en 2023
La Inspección de Trabajo en Navarra ha reclamado en los seis primeros meses cinco millones a empresas por cotizaciones de empleados no realizadas
Actualizado el 19/08/2024 a las 07:06
Cuando llega fin de mes y un trabajador no ve ingresado su salario en la cuenta bancaria, lo habitual es reclamar la cuantía pendiente al jefe o a la dirección de la empresa. En ocasiones, el retraso en abonar la nómina en el plazo establecido se debe a una circunstancia puntual y se subsana en cuestión de días. Sin embargo, hay trabajadores que sufren un impago continuado de la retribución de su salario y, pese a las reclamaciones, la empresa no da solución al problema. En ese escenario, hay empleados que recurren a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y denuncian la situación para cobrar la deuda.
Ante estas quejas, la Inspección de Trabajo actúa y, una vez analizada la denuncia, se pone en contacto con la empresa para que cumpla con los trabajadores. A través de estas denuncias, la Inspección de Trabajo consiguió en 2023 que las empresas abonaran atrasos por casi 438.000 euros.
UN 74% MÁS QUE LO RECAUDADO UN AÑO ANTES
El importe de nóminas atrasadas recaudadas por estas quejas en la Inspección en 2023 supone un aumento del 74% con respecto a la cuantía recuperada en 2022, que alcanzó los 252.000 euros.
Este año, la cantidad recaudada en el primer semestre a consecuencia de las actuaciones inspectoras suma 175.000 euros. “Es una intervención que evita que los trabajadores afectados por los impagos deban acudir a la jurisdicción social en reclamación del abono de sus nóminas”, detalla el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Vivanco Peña.
Dentro del campo de las relaciones laborales, la Inspección de trabajo también analiza los modelos de contratos utilizados por la empresa. A lo largo de 2023, las intervenciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo propició que 634 trabajadores (346 hombres y 288 mujeres) vieran convertido su contrato temporal en indefinido.
Además de la inspección rutinaria, en 2023 hubo otros 556 contratos en Navarra que las empresas transformaron de temporales a indefinidos. Fue a través del Plan de Choque, un programa de ámbito nacional que se puso en marcha hacia 2018. Consiste en que el Ministerio de Trabajo en Madrid cruza datos informáticos y envía a las empresas una relación de empleados que, a su juicio, deberían ser indefinidos. Lo habitual es que el empresario los convierta de manera voluntaria. Si no, la Inspección le reclama explicaciones.
De este modo, en total, hubo 1.190 contratos temporales transformados en indefinidos (700 hombres y 490 mujeres). También como consecuencia del referido Plan de Choque se transformaron 341 contratos fijos discontinuos irregulares en ordinarios.
“Durante los primeros seis meses de este año, por nuestra labor rutinaria, se han convertido en indefinidos casi 400 contratos, a los que aún queda por sumar lo del Plan de Choque”, detalla .
184 TRABAJADORES SIN ALTA O MAL ENCUADRADAS
Una persona con contrato de media jornada pero que trabaja ocho y la empresa se ahorra la cotización de cuatro horas. No cotizar horas extras, dietas o incluso la jornada completa porque el trabajador cobra el desempleo u otro subsidio y no está dado de alta. Son algunos de los ejemplos de lo que la Inspección de Trabajo denomina economía irregular.
Por este tipo de incumplimientos, la Inspección ha abierto en los primeros seis meses del año expedientes de recaudación a empresas por 5 millones. “Son cuotas a la Seguridad Social que se deberían haber pagado y no se ha hecho”, explica el delegado territorial.
El fraude de personas que no están dadas de alta o están mal encuadradas es una de las áreas de actuación de la Inspección. En los seis primeros meses de este año ha detectado 184 personas en esa situación irregular. Es un número más bajo que en los seis primeros meses de 2023 cuando hubo 685. “Hay actuaciones que se están tramitando y saldrán en el segundo. Luego, hubo tractoradas y la actividad inspectora en el campo descendió. A final de año rondará prevemos el millar”, indica Vivanco.
A lo largo de 2023 afloraron 1.906 empleados en situación irregular, casi un millar más que en 2022. Vivanco señala que hubo varios casos de faltas de cotización durante el tiempo en que un empleado disfrutaba de vacaciones. “Se les contrataba para tres meses y cuando finalizaba el contrato y se le pagaban las vacaciones no disfrutadas, la empresa no tramitaba el alta por el periodo de vacaciones no disfrutadas”.
Te puede interesar
Analizados 98 accidentes laborales de enero a julio
Cuando un trabajador sufre un accidente laboral y la Inspección de Trabajo detecta que lo ocurrido guarda relación con un incumplimiento por parte del empresario en materia de salud y seguridad laboral se propone un recargo de la prestación económica que recibe el trabajador (por ejemplo una pensión de incapacidad) y, en caso de fallecimiento, de la prestación que reciben sus familiares. Lo grave es que el empresario debe afrontar ese recargo económico, que puede ser entre el 30 y 50% de la cuantía de la prestación, en un solo pago y, si es necesario, con su propio patrimonio.
El empresario, además, no puede asegurar esa circunstancia. En 2023, la Inspección investigó 201 accidentes (73 graves y mortales y 128 leves) que dieron lugar a 125 actas de infracción y a 286 requerimientos de subsanación de deficiencias. Además, en 103 casos la Inspección propuso un recargo al empresario porque hubo deficiencias en la seguridad que ocasionaron muertes o incapacidades.
“El recargo aumenta un 30 o un 50% pero es de por vida. Así, si un empleado sufre un accidente que le deja incapacitado para trabajar y tiene 40 años, se mira la esperanza de vida. Supongamos que es 80 años. Y el importe del recargo de otros 40 años los debe abonar en una sola vez a la Seguridad Social”, detalla el director territorial.
En los seis primeros meses del año, la Inspección ya ha analizado 98 accidentes (35 graves y mortales y 63 leves) con 55 propuestas de recargo de prestación, 61 actas de infracción y 171 requerimientos de subsanación de medidas de seguridad.
Las sanciones impuestas hasta julio: 2,7 millones
En los seis primeros meses de este año, la actividad de la delegación provincial de la Inspección de Trabajo se ha saldado con un total de 8.768 temas o asuntos investigados en distintas áreas (relaciones laborales, economía irregular, seguridad...). Es un número prácticamente similar al registrado en el primer semestre del año pasado (8.796 asuntos) y casi la mitad de los 16.818 temas analizados en los doce meses de 2023.
La gran mayoría de ellos se enmarcan en el campo de la seguridad y salud laboral (3.658 temas) y en el capítulo de economía irregular (3.547). No todos los asuntos que se miran e investigan son posteriormente penalizados con un acta de infracción, una multa. En el primer semestre de este año ha habido 626 actas de infracción (171 más que en los seis primeros meses de 2023). La cifra supone que el 7% de los asuntos investigados termina con una propuesta de multa.
El importe de las sanciones impuestas en los seis primeros meses de este año ha alcanzado los 2,7 millones de euros, una cifra que supera en más de medio millón las multas del primer semestre de 2023. Aunque la sanción media a la empresa suele rondar los 4.500 euros, en el caso de la economía irregular (falta de alta en no cotizaciones a la Seguridad Social y trabajo de extranjeros sin autorización para trabajar) la sanción ronda entre 3.750 y 10.000 euros por empleado.
Luego, todas sanciones que la Inspección de Trabajo impone en materia de seguridad y salud laboral y relaciones laborales (casi 930.000 euros en el primer semestre) van a parar al bolsillo del Gobierno foral.
