Los máximos responsables de Volkswagen tuvieron que soportar este miércoles los silbidos y abucheos de unos 25.000 empleados congregados en la sede de Wolfsburg en Alemania, según recogieron los medios alemanes. El director financiero, Arno Antlitz, el jefe de la marca, Thomas Schäfer, y el director general, Oliver Blume, se presentaron ante la plantilla para defender su plan de ahorro que no descarta despidos forzosos y cierre de alguna de las fábricas en territorio germano. Ello provocó, según el diario Süddeutsche Zeitung, “acalorados debates” con los líderes sindicales presentes en el encuentro.

La presidenta del comité, Daniela Cavallo, afirmó que los culpables de la crisis de la marca no eran los empleados, sino la dirección de la empresa: “Volkswagen está sufriendo porque la junta directiva no está haciendo su trabajo”. Antlitz previno a los asistentes de que la compañía tenía “un año, tal vez dos años, para cambiar las cosas”, por lo que les apremió a “aprovechar” el tiempo. Entre otros números, los responsables de Volkswagen expusieron que el mercado del automóvil en Europa no se había recuperado tras la crisis del coronavirus y que se estaban vendiendo “dos millones de coches menos al año que en 2019”. En ese contexto, informaron que la marca tenía un exceso de capacidad productiva de unos 500.000 coches, el equivalente a dos fábricas de Volkswagen en Alemania.

“Llevamos un tiempo gastando más dinero en la marca del que ganamos. ¡Eso no va a funcionar bien a largo plazo!”, advirtieron los representantes de la dirección a los trabajadores. Según adelantaron algunos medios alemanes, Volkswagen va a tener que ahorrar al menos 4.000 millones de euros más para evitar males mayores. Ese ahorro se emplearía principalmente para invertir en la reconversión hacia el coche eléctrico y enjugar la desventaja tecnológica frente a los fabricantes chinos. Según se recogía en el rotativo Süddeutsche Zeitung, los elevados costes laborales en Alemania habían puesto a algunas de las fábricas en el punto de mira. “Lamentablemente eso también significa que tenemos que cancelar la seguridad laboral que se mantiene desde 1994”, señaló Schäfer en referencia al acuerdo contra los despidos forzosos.

Ahora está en cuestión si la dirección de Volkswagen podrá aplicar sus planes para recortar los gastos, ya que los representantes sindicales de la plantilla tienen voz y voto en los órganos de dirección y podrían bloquear la decisión. Sin embargo, Süddeutsche Zeitung mencionaba fuentes que indicaban que la legislación alemana no establece explícitamente que los sindicatos puedan vetar el cierre de plantas desde estos órganos de dirección y auguraban que el tema podría acabar en los tribunales.

SIN INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO

Un portavoz del Gobierno de Scholz confirmaba que no iban a interferir en el proceso de negociación ya que esta era una crisis que le correspondía solventar a la propia empresa desde dentro. El canciller tenía clara la importancia de la compañía como una de las mayores empresas de la industria del automóvil y decía ser consciente del desafío de transformación al que se enfrentaba toda la industria.

Sin embargo, el ministro de Economía, Robert Habeck, admitió que debían tomarse medidas para garantizar que Alemania siguiera siendo un importante productor de automóviles. Entre las últimas actuaciones, el Ejecutivo germano ha aprobado un paquete de incentivos a la compra del coche eléctrico, entre los que se contempla una reducción de impuestos a las empresas por un importe medio anual de unos 465 millones de euros entre 2024 y 2028.

En este contexto, Berlín aseveraba que esta no era solo una crisis laboral, sino que la estabilidad de Volkswagen resultaba “vital” para asegurar las cadenas de suministro automovilísticas europeas ante la competencia de las marcas chinas.