Seis meses después de que el Tribunal de Cuentas estimara en cerca de 300.000 el número de trabajadores por cuenta propia que en toda España pudieron recibir de forma indebida ayudas para hacer frente al cese de actividad obligado por la crisis de la covid, las dudas sobre los autónomos que en Navarra tendrán que devolver esas ayudas empiezan a disiparse. En las últimas semanas el goteo de trabajadores que han recibido notificaciones de embargo ha sido una constante y, según el secretario general de la asociación de autónomos UPTA en Navarra y La Rioja, Javier Marzo, roza ya los 900. En concreto, 870. Una cifra que no obstante apenas representa el 7% de las peticiones de ayuda que se tramitaron en una primera fase, hasta junio de 2020.

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Desde UPTA, junto a ATA la organización más representativa de autónomos, aseguran que en Navarra la reclamación media por afectado oscila entre los 2.500 y los 2.800 euros aunque hay afectados a los que les están pidiendo la devolución de hasta 6.000 euros. Uno de los requisitos fundamentales para la concesión de la ayuda era la bajada de facturación y, en muchos de los casos ahora revisados, se ha visto que no hay esa bajada o, al menos, no en las cifras declaradas incumpliendo el mandato de la orden de ayudas urgentes que se hizo en aquel momento. En concreto, las ayudas que se concedieron entre los meses de julio y septiembre de 2022 exigían entre otros requisitos acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre de 2020 de, al menos, el 75% respecto al tercer trimestre de 2019. “Hacíamos una declaración jurada y ya sabíamos que estábamos expuestos a revisión”, remarca Marzo. El presidente de ATA en Navarra, Juan Carlos Equiza, critica la tardanza en la revisión de las ayudas y tilda de “barbaridad” que “cuatro años más tarde se estén reclamando estas ayudas a nuestro colectivo”. Argumenta que en estos años que han pasado desde la concesión de la ayuda muchos autónomos se han jubilado, algunos no continúan con su actividad y otros no pueden justificar la caída de facturación que sufrieron. “¿Cómo justifica, por ejemplo, la caída de ingresos un taxista que tributa por módulos y no por estimación directa?”, se pregunta.

En los requerimientos que están recibiendo por parte de las entidades gestoras de sus prestaciones se les da un plazo máximo de 10 días para aportar toda la documentación necesaria para acreditar que han cumplido con los requisitos que la normativa indicaba para cada una de las prestaciones. Un plazo que tanto UPTA como ATA consideran insuficiente y piden ampliar a 30 días además de otorgar a los afectados la posibilidad de solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago de hasta 24 meses y sin intereses.