Industria

Preocupación en la empresa navarra ante la futura Ley de Industria: "Mejor que no se apruebe"

Los presidentes de CEN, Cámara Navarra y Adefan piden a los 50 parlamentarios que realicen "una lectura profunda, crítica y consciente" del texto definitivo de la ley que este jueves se lleva al plano del Parlamento porque, advierten, "no va a beneficiar la competitividad industrial"

Javier Taberna (Cámara Navarra), Manuel Piquer (CEN) e Iñaki Ecay (ADEFAN)
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Javier Taberna (Cámara Navarra), Manuel Piquer (CEN) e Iñaki Ecay (ADEFAN)CORDOVILLA
Javier Taberna (Cámara Navarra), Manuel Piquer (CEN) e Iñaki Ecay (ADEFAN)

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Diana de Miguel

Actualizado el 09/11/2026 a las 17:46

Las expectativas generadas en torno a la futura Ley Foral de Industria y Fomento Empresarial eran muy altas, pero tras un largo proceso que arrancó en septiembre de 2023 con la convocatoria de la Mesa de Industria, el texto definitivo de la norma que este jueves se llevará al pleno del Parlamento para su debate y aprobación lejos de convencer preocupa, y mucho, a las principales organizaciones empresariales. CEN, Cámara Navarra y Adefan consideran que el texto no incorpora mejoras suficientes ni recoge cuestiones que consideran esenciales para las empresas como la seguridad jurídica, la fiscalidad y las infraestructuras y tampoco, dicen, va a beneficiar a la competitividad industrial ni afronta una "verdadera y profunda simplificación administrativa". Para las empresas el texto de la ley debería ser "mucho más ambicioso" y "valiente" para defender a las empresas.

Así lo han expresado esta mañana sus presidentes, Manuel Piquer, Javier Taberna e Iñaki Ecay, durante una rueda de prensa que se ha celebrado en el salón de actos de CEN y donde han solicitado a los 50 parlamentarios "una lectura profunda, crítica y consciente" del texto definitivo antes de su aprobación para comprobar si realmente la ley mejora la situación actual de las empresas en Navarra e impulsa su actividad o las lastra y empeora su competitividad frente a otras regiones de España. Su conclusión es clara y la ha resumido el presidente de Cámara Navarra, Javier Taberna: "Mejor que no se apruebe".

Para Taberna el texto ni siquiera consigue "una simplificación administrativa efectiva" porque, aunque se recoge la creación de una ventanilla única empresarial, "en las seis páginas y ocho artículos en los que se habla de esta ventanilla única no se establece cómo se va a hacer", ha lamentado recordando que entre 1998 y 2012 el organismo que preside ya desarrolló una ventanilla única y ha afeado que mientras en Navarra para constituir una empresa se tardan 55,6 días de media, en Madrid son 22,6.

Para el presidente de la Cámara Navarra la principal carencia de la ley es que no entra en la necesidad de contar con modelo fiscal "eficiente" que es, ha asegurado, lo que se necesita para "consolidar empresas y atraer nuevas". "Estamos en el puesto 12 de 19 en el ranking de competitividad fiscal y aunque hemos ganado dos posiciones en el último año, en 2017 ocupábamos el puesto número 7. Los primeros de la lista son Madrid y las tres provincias vascas". Taberna considera que estamos ante una ley "voluntarista" donde no existe concreción alguna. "Las leyes deben ser precisas, seguras y concretas porque si son ambiguas no se hace nada". 

Tampoco para el presidente de CEN, Manuel Piquer, los avances que se recogen en materia de agilización administrativa son suficientes y se debería apostar por el silencio administrativo positivo y la declaración responsable como herramientas clave algo, ha dicho, que ya se está aplicando "con muy buenos resultados" en La Rioja. "No se trata de aprobar más normas, sino de aprobar mejores normas", ha resumido.

En representación de las empresas familiares, Iñaki Ecay, ha agradecido el esfuerzo que se ha realizado a lo largo de estos tres años para sacar adelante una ley que "no acoge los 360 grados que necesitan las empresas familiares y las pymes" para mejorar su situación. "Las empresas ven la ley con miedo a la carga administrativa que desarrolla", ha dicho refiriéndose, en concreto, a la exigencia que se recoge en la norma para que las empresas desarrollen planes de descarbonización antes del 31 de diciembre de 2030. "La ley reconoce a las empresas familiares pero las empresas familiares no nos sentimos identificadas con las medidas que se van a aprobar", ha concluido.

Piquer ha puesto el foco en cinco aspectos de la futura norma que en opinión de las empresas atentan contra la competitividad industrial en un momento complicado en el que se atisban serios problemas y en especial para la industria manufacturera y que se debería aprovechar, ha dicho, para blindar cuestiones como el coste energético o la burocratización. En primer lugar, se ha referido al plazo de preaviso de nueve meses que se exige a las empresas para comunicar procesos de reestructuración en las plantillas cuando en el resto del territorio ese plazo es de seis meses. "No sólo supone un agravio comparativo con la norma nacional, sino una mayor exposición y en nuestra opinión atenta a principios fundamentales de proporcionalidad y libertad de empresa". Se ha referido, en concreto, a los artículos 38 y 51 del Estatuto de los Trabajadores y a sentencias del Tribunal Supremo que fijan como "razonable" el plazo de preaviso de seis meses.

En segundo lugar ha citado la inversión mínima de 50 millones de euros como referencia para la declaración de un proyecto empresarial estratégico al entender que "el carácter estratégico debería determinarse también por su impacto económico, territorial, tecnológico y laboral". Entiende que con este planteamiento se cercenan las posibilidades de las pymes.

El tercer punto alude al insuficiente avance en la simplificación administrativa antes citado apostando por la declaración responsable y el silencio administrativo positivo. "Es una cuestión de confianza hacia la inversión y el empresario y uno de los aspectos más relevantes para conseguir que las inversiones se mantengan y vengan otras". El cuarto punto que ha citado se refiere a la incorporación en la ley de materias donde el Gobierno foral no tiene competencias, como es el caso de la legislación laboral. "El texto alude al impulso de medidas destinadas a una jornada máxima de 35 horas cuando ésta es una materia de ámbito nacional que debe abordarse desde el diálogo social y la negociación colectiva. No es que estemos en desacuerdo con esa medida pero sí entendemos que debe implementarse con otras medidas como el absentismo o la efectividad del tiempo de trabajo". En su intervención ha mencionado la deriva europea apuntada por el informe Draghi donde ya se advirtió que la acumulación de regulación, la complejidad de los procedimientos y las cargas administrativas dificultan que las empresas inviertan, innovan y crezcan. "La recomendación es clara: simplificar y evitar obligaciones que no aporten valor real".

El quinto aspecto que ha apuntado como amenaza a la competitividad industrial ha sido la potestad que en la norma se otorga a los ayuntamientos para la implantación de una industria. "Entendemos que es una responsabilidad el Gobierno, no de los ayuntamientos porque desborda los límites de su capacidad y los intereses autonómicos y estatales". 

Antes de la intervención de los tres presidentes, el secretario general de CEN, Carlos Fernández Valdivielso, ha repasado los diferentes pasos que se han ido dando hasta la elaboración del texto definitivo de la ley y ha recordado que en mayo de 2024 decidieron aglutinar las aportaciones  en una manifiesto de prioridades empresariales para la industria que centraron en cuatro aspectos: infraestructuras, relación de la empresa con la administración, fiscalidad y personas y arraigo. "En el primer borrador no se atendió prácticamente ninguna de estas cuatro prioridades", ha enfatizado asegurando que "en marzo de 2025 se presentó el segundo donde se mejoraron algunos aspectos per, de nuevo, sin acometer ninguna de las prioridades que habíamos apuntado". Ha asegurado que después de que en enero de 2026 se reunirán con todos los partidos políticos para trasladarles su opinión sobre el segundo texto que esperaban fuera el definitivo, el que luego terminó entrando en el Parlamento lo hizo con una redacción diferente. El pasado 13 de octubre, en comisión parlamentaria se debatieron y votaron 117 enmiendas de las que 59 fueron aprobadas y 58 rechazadas. El debate definitivo llegará este jueves. "Hablar de agilidad administrativa en un proceso que ha durado más de tres años resulta por lo menos contradictorio", ha concluido el secretario de CEN asegurando que "la agilidad debe notarse en los procedimientos y en los plazos". "Es cierto que ha existido un proceso participativo, pero la realidad es que no nos sentimos partícipes del resultado de esta ley".

CRONOLOGÍA DE LA LEY FORAL DE INDUSTRIA Y FOMENTO EMPRESARIAL
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​1. Fase de participación (2023-2024)

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​26 de septiembre de 2023. Convocatoria de la Mesa de Industria

28 de noviembre de 2023.
Creación de las mesas de trabajo.​

11 de marzo de 2024. Aportaciones de las mesas de trabajo: 840

8 de mayo de 2024. Presentación del manifiesto de las entidades empresariales

30 de septiembre de 2024. Publicación del primer borrador de la ley

2. ​Borradores y alegaciones  (2024-2025)

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​10 de noviembre de 2024. Alegaciones al primer borrador. 295 alegaciones de las que se desestiman el 27% y se  incorporan el 33% y el resto de manera parcial. 
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​24 de marzo de 2025. Se publica el segundo borrador de la ley.
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​25 de marzo de 2025. Se presentan alegaciones al segundo borrador: 126. De ellas se el 43% son desestimadas, el 16% se incorporan y el resto de manera parcial. 
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​15 de septiembre de 2025. Publicación del texto definitivo. 
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​3. Tramitación parlamentaria (2026)

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​9 de enero de 2026. Reunión de las empresas con parlamentarios

10 de junio de 2026. Entrada de la ley en el Parlamento.

15 de septiembre de 2026.
Termina el plazo de presentación de enmiendas. Se presentan 82 enmiendas

13 de octubre de 2026. Se debaten las enmiendas en comisión y a las presentadas se suman otras 34 'in voce'. Se aprueban 50 y se rechazan 58.

29 de octubre de 2026. Aprobación definitiva del texto en comisión.

12 de noviembre de 2026. Debate y votación de la ley en el Pleno del Parlamento.​
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