Diario de Navarra

La transición hacia la electromovilidad está resultando un camino más sinuoso de lo que inicialmente se proyectaba. Las cifras de ventas de coches de baterías no están cumpliendo las expectativas gubernamentales, ya que se había marcado un objetivo de 190.000 turismos enchufables vendidos en España para 2023 y se matricularon 125.680. No es una mala cifra, pero resulta insuficiente para cumplir con los objetivos climáticos. Son dos los frenos con los que habitualmente se explica que la demanda no crezca más rápidamente. Uno es el precio, un factor que en Navarra tiene menos peso gracias a la deducción fiscal que, sumada a las ayudas estatales del Moves, supone un desembolso similar al de un vehículo de combustión equivalente. El otro es la falta de una red de recarga de alta potencia suficientemente extensa, un argumento que tiene más de leyenda urbana que de realidad para el actual parque de vehículos enchufables, pero que ahuyenta a potenciales compradores. Precisamente con la intención de aminorar este segundo inconveniente, se introdujo la obligación de las estaciones de servicio con más ventas de combustibles a instalar puntos de recarga. Fue a través de la ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, una normativa que daba un margen de hasta 27 meses para ejecutar la instalación. Este requisito se hizo extensible a cualquier nueva gasolinera que se abriera desde la entrada en vigor de esta ley “independientemente del volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo de la instalación”. La obligación no ha sentado nada bien en un sector que, según denuncia la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Navarra, que ven en la medida un nuevo castigo a sus menguantes beneficios. Según los datos del departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, en Navarra existen 26 gasolineras que venden entre cinco y diez millones de litros de gasolinas y gasóleos. Todas ellas deberían haber instalados puntos de recarga de al menos 50 kW antes de terminar el año pasado, una infraestructura cuyo coste de instalación ronda los 55.000 euros de los que unos 25.000 se acaban recuperando mediante las ayudas públicas existentes un par de años después. La Comunidad foral cuenta además con otras 16 estaciones de servicio que venden más de diez millones de litros de gasolinas y gasóleos al año, a las que la ley les obligaba a instalar un punto de recarga de al menos 150 kW, cuya factura asciende como mínimo a 70.000 euros a lo que habría que descontar, dos años más tarde, unos 36.000 euros en ayudas públicas. A este desembolso habría que sumar otros 150.000 euros si hay que cambiar el transformador asociado, en cuyo caso las ayudas ascenderían a 103.000 euros. Con estos números sobre la mesa, los empresarios del sector aseguran que resulta imposible amortizar estos cargadores durante su vida útil, estimada en unos cinco años, por lo que denuncian que se trata de una imposición que va a comerse un poco más los estrechos márgenes y complicar que salgan las cuentas. Según los datos remitidos por el departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, 37 de estas 41 estaciones de servicio debían haber instalado antes de finalizar el año pasado estos puntos de recarga de alta potencia 15 ya los tienen funcionales y otras 4 se han acogido a alguna de las excepciones contempladas en la ley y con otra más no se ha podido contactar. Otras 17 están en distintas fases para terminar la instalación debido a “algún trámite para su puesta en servicio, pendiente de alguna autorización y otros motivos”. Por tanto, solo han cumplido en plazo el 40,5% de las gasolineras, un porcentaje que se elevará al 86,5% una vez que se completen las que acumulan algún retraso. Cuatro nuevas gasolineras completan el listado hasta las 41 obligadas a poner puntos de recarga, según la última actualización disponible. 1 Cambio climático. La ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética introdujo la obligación de instalar cargadores de alta potencia en las gasolineras nuevas y aquellas con mayor volumen de venta de carburantes.2 Plazo. Desde la entrada en vigor de la ley, se daba un margen de 27 meses para instalar los puntos de recarga de 50 kW y de 21 meses para los de 150 kW. Este plazo concluyó el año pasado.3 Afectados. En Navarra hay 25 gasolineras que venden entre cinco y diez millones de litros de combustibles, que están obligadas a contar con cargadores de 50 kW. Otras 16 venden más de diez millones de litros y tienen que poner cargadores de al menos 150 kW.4 Costes. Pese a las ayudas, un cargador de 50 kW sale por unos 30.000 euros y uno de 150 kW oscila entre 44.000 y 126.000 euros.

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Sólo 15 de las 37 gasolineras obligadas a poner puntos de recarga rápidos en Navarra ha cumplido en plazo

La ley de cambio climático requería que las estaciones de servicio que venden más de 5 millones de litros debían tenerlos instalados antes de 2024

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