El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha resuelto anular dos apartados del concurso público para adjudicar el mantenimiento del soporte informático de la Administración foral y con ello, según explica el sindicato ELA, se paraliza dicho proceso. Este sindicato considera que el tribunal “prohíbe al Gobierno de Navarra que imponga la aplicación de un convenio laboral inferior a parte de la plantilla de Conasa”. ELA había interpuesto una reclamación al considerar que “el Gobierno de Navarra rehízo el pliego del concurso para abaratar costes a costa de precarizar las condiciones laborales”.

El soporte informático de la Administración foral, salvo la parte del Servicio Navarro de Salud, es subcontratada por el Gobierno de Navarra. Este servicio es prestado por 53 trabajadores con derecho a subrogación, es decir, la empresa adjudicataria está obligada a contratarlos respetando las condiciones del convenio del comercio del metal. La paralización no afectará al soporte informático ya que estos trabajadores seguirán con sus contratos hasta que se solvente la situación. La mayor parte de la plantilla de Conasa afectada por la licitación secundó una huelga de cuatro días convocada a finales del mes pasado para, según explicó ELA, denunciar que el Gobierno de Navarra pretendía aplicarles “un convenio colectivo peor para que le resulte más barata su subcontratación”. Otra nueva huelga para protestar cinco días más, entre el 7 y el 11 de noviembre, ha sido desconvocada.

Desde el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital manifestaban este viernes su “absoluto respeto a la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos”. “Valoramos que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra recoja en su resolución que los costes salariales para determinar el precio del contrato se calcularon según el convenio colectivo del sector del Comercio del Metal en Navarra, tal como siempre ha defendido la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización”, explicaban desde el departamento, que añadían que “en ningún momento” se había pretendido “recortar costes en este contrato”.