ELA, CCOO y UGT ha acusado a la patronal del transporte de viajeros por carretera de buscar la "desaparición" del convenio y la "desregulación total" del sector.

Según han explicado en una nota, "el próximo 31 de diciembre termina la ultractividad del convenio sectorial, por lo que si para esa fecha no se firma uno nuevo, el convenio desaparecerá". En este contexto, la patronal ha presentado a la mesa de negociación "una propuesta totalmente inaceptable, peor respecto de otras realizadas por la propia patronal meses atrás" que "supone la desaparición tácita del convenio, un chantaje a todas luces que deja ante un escenario de desregulación total".

Los tres sindicatos se han mostrado convencidos de que esta propuesta "se hace sabiendo que va a ser rechazada y que los sindicatos no tenemos margen de negociación, lo que supone el bloqueo en la mesa y la desaparición del convenio".

Las organizaciones han asegurado que "quien ha forzado esta situación ha sido la propia patronal, ya que durante seis meses la mesa sectorial no se ha podido reunir, una parte por el confinamiento, otra parte por la limitaciones y otra por una petición expresa de la patronal". "Ahora las empresas quieren aprovechar esta situación para que el convenio desaparezca", han criticado.

ELA, CCOO y UGT han presentado dos propuestas alternativas. Por un lado, un "convenio a 5 años (2018-2022), con unos mínimos incrementos salariales". Por otro, la "prorroga de la ultractividad de tres años, que no tiene costo ninguno, para esperar a que el sector se normalice". "Sin convenio, las personas que actualmente están trabajando en el sector pasarán a tener como condiciones individuales el actual convenio y, para las nuevas incorporaciones, las condiciones a aplicar serán las del Estatuto de los Trabajadores", han explicado.

Asimismo, han advertido que "esta situación supone que aumentará la dinámica de competencia a la baja en precios y condiciones que ya lleva tiempo en el sector", lo que "traerá que muchas personas de este sector dejen de trabajar aquí, por lo que los autobuses pueden estar conducidos por personas con poca experiencia, mucha responsabilidad y sin ningún tipo de protección legal en sus condiciones laborales".

Además, los tres sindicatos han llamado al atención sobre la "responsabilidad" del Gobierno de Navarra ya que "el 95% de los servicios que se prestan actualmente en el sector corresponden al transporte escolar subcontratado por el propio Gobierno" que "se ha recortado licitación tras licitación". También porque "es el responsable de fijar y regular los servicio del transporte de líneas regulares". Por eso, han exigido al Ejecutivo foral que "tome cartas en el asunto y asuma su parte de responsabilidad".