Davalor Salud, a través de su promotor y accionista Juan José Marcos, se ha negado a dar la mayor parte de la información solicitada por la comisión Sodena. Esta comisión investiga las actuaciones de Sodena, entre las que se incluye las relacionadas con Davalor, empresa con la que se ha iniciado el trabajo.

Uno de los argumentos esgrimidos por Juan José Marcos para negarse a facilitar la información lo basa en la ley de protección de datos personales (RGPD). “Conforme a esta ley debo inhibirme de transferir informaciones de carácter personal”, contesta Juan José Marcos al presidente de la comisión de investigación Jokin Castiella (Geroa Bai). De esta manera, Marcos no responde a la petición de la relación de inversores privados, desglosados en los grupos Scifron, Celeres, Numérica y Enerficient Coatings. Otra de las peticiones que se queda sin respuesta bajo el mismo argumento es la de información sobre las contrataciones de personal y su retribución, incluido la del director ejecutivo o CEO de la empresa.

Para no presentar todas la auditorías, Davalor argumenta que, “por no ser obligatorias, no fueron inscritas en el Registro ni tuvieron continuidad”.

APLAZAMIENTOS DE LA DEUDA

Otras informaciones que la empresa se ha negado a facilitar tienen que ver con la relación de contratos de adhesión que se firmaron en diciembre de 2016 para el aplazamiento de las deudas con los acreedores. También pidió la comisión las reclamaciones de deudas pendientes de proveedores y acreedores a lo largo de la vida de la empresa. A estas solicitudes Juan José Marcos ha respondido que en un proceso concursal este tipo de información consta en sede judicial, razón por la que se ha negado a facilitarla.

La empresa, a la que la sociedad pública Sodena reclama 3,3 millones de euros, alega también la falta de recursos humanos y económicos para recoger la información “sobre su historia pasada” que se le exige. Es la respuesta presentada a la petición de información sobre el ingreso hecho por Panorama Holding, compañía letona sobre la que dijo haber llegado a un acuerdo para dar salida financiera a la empresa, y sobre la tesorería actual.

La comisión de investigación del Parlamento también pidió información a Davalor, que ha sido denegada, sobre el acuerdo con Visionlab, una cadena de ópticas con la que había llegado a un acuerdo para la instalación de las máquinas EVA, de evaluación de la visión. Una de estas máquinas, fabricadas por Jofemar, se instaló en mayo de 2017 en una de las tiendas de Visionlab en el parque comercial de El Carralero, en Majadahonda, Madrid, con la idea de ir ampliando a otras ópticas de la cadena, algo que no se llegó a producir.

Otra de las informaciones que se ha negado Juan José Marcos a facilitar es el acuerdo con Panorama Holding. En junio de 2018, Davalor sorprendía, después de haber anunciado que varios fondos extranjeros tenían interés en invertir, al anunciar el que dijo que iba a convertirse en su socio de referencia, Panorama Holding, de Letonia. Ni los datos sobre el acuerdo con este socio, que Davalor aseguraba tener, ni el acuerdo de colaboración firmado con EVE Consulting ni el trabajo hecho por esta consultora han sido facilitados a la comisión, a pesar de haberlo pedido.

En diciembre de 2016, fue Sodena quien, al mismo tiempo que comunicaba que aprobaba la concesión de 2,2 millones de euros a Davalor, añadía que esta empresa “disruptiva” había contratado a la consultora EVE para llegar a una refinanciación de la deuda con los acreedores. Para negarse a dar estas informaciones requeridas, Juan José Marcos alega el “deber de inhibirse de compartir informaciones entre compañías privadas”.

Davalor Salud es una empresa fundada e impulsada por Juan José Marcos, que se constituyó en 2011 para fabricar y comercializar las máquinas EVA (Evaluador de Visión Automatizada) de exploración, diagnóstico y terapia de la función visual para ópticas. Recibió el apoyo económico de Sodena, cuando el cuatripartito accedió el Gobierno, aunque en el gobierno anterior la sociedad pública había rechazado su financiación. En julio de 2018 se declaró el concurso de acreedores, solicitado por el proveedor tecnológico Integrated Multichannel Solutions, de Madrid.