La responsabilidad del sector privado en la inclusión sociolaboral forma parte de las nuevas directrices internacionales, europeas y estatales, que encomiendan a las administraciones pública el papel de catalizadoras de este proceso.

Ambos asuntos han sido abordados en una sesión organizada por Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, en la que también se ha tratado sobre las experiencias de empresas que han contratado a personas perceptoras de Renta Garantizada.

En la sesión, el vicepresidente Manu Ayerdi ha hecho hincapié en los compromisos que el Gobierno de Navarra ha adquirido para un desarrollo sostenible, entre los que figuran reducir el desempleo de larga duración hasta el 2% y la tasa de riesgo de pobreza del 9,6% al 5%. Pero las empresas "son quienes crean el empleo", ha dicho, y ha asegurado que es necesario desarrollar el valor social de la empresa, punto en el que ha afirmado incorporar la responsabilidad social en la estrategia empresarial "tiene muchos beneficios".

Por su parte, la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Paz Fernández, ha recordado las distintas iniciativas del Gobierno de Navarra para facilitar la inserción sociolaboral de los colectivos que tienen más obstáculos para acceder al empleo. Entre ellos ha citado los programas como el Empleo Social Protegido y en concreto la orientación profesional, la formación o, los de fomento del empleo a través de entidades locales.

"Las empresas ya no somos solo agentes económicos. También somos agentes sociales", ha afirmado en las jornadas el director del área de innovación social de la consultora Zabala, Mikel Berraondo.

Y ha expuesto que las directrices internacionales, europeas o estatales son cada vez más claras e incisivas en cuanto al cumplimento en el ámbito empresarial de los derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principios de la ONU sobre empresas y derechos humanos y el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Esto implica compromisos como la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas, protección e inclusión social, conciliación de la vida profesional y personal, igualdad de género, entre ellos.

"La responsabilidad social empresarial, voluntaria, filantrópica, ha sido superada. Las directrices son cada vez más claras e incisivas y ya están apareciendo en leyes que generan obligaciones", ha subrayado, y ha asegurado, citando a John Ruggie, que no conoce "a ninguna empresa que haya quebrado por invertir en derechos humanos. Y algunas que sí, por no hacerlo".