La fiscalía mantiene los tres años de prisión para los acusados de Aroztegia

La fiscalía y acusación particular mantienen las penas de tres años de prisión para los siete imputados por el sabotaje e intimidaciones en abril de 2021 en las obras de Aroztegia. En concreto, la acusación particular pide un año por el delito de grupo criminal para todos ellos y de otros 25 meses por coacciones continuadas para la exalcaldesa por Bildu, Garbiñe Elizegi, a la que señala como “líder” en la coordinación de las movilizaciones que, según entiende, paralizaron los trabajos. Para su compañeros de banquillo, coincide con la fiscalía en rebajar a 22 meses la petición por el segundo de los delitos. La promoción de Aroztegia se apoyaba en tres pilares: campo de golf, hotel y 228 viviendas unifamiliares. Este viernes no hubo reducción de pena en las solicitudes antes de que la magistrada declarase el juicio visto para sentencia. Para sostener su tesis, la fiscalía entiende que los siete encausados formaban parte de un “grupo organizado, perpetrador de los delitos mediante acciones de atentado contra el patrimonio y la libertad de personas”. Intentaron -como señaló en sus conclusiones- imponerse “por la fuerza, superando los límites de desobediencia civil” y, “aparentando actos sociales, recurrieron a la vía de la violencia”. En su relato de los hechos, realizado en su día y reiterado este viernes, les responsabiliza de sabotear maquinaria de obra, de colocar barricadas e intimidar a los trabajadores. “Se hizo -dijo- violencia física y psicológica, violentando la voluntad de los trabajadores, creando en torno a los trabajadores una violencia ambiental. Se subían a las máquinas con actitud intimidatoria y les insultaban. Ellos (por los operarios) no eran más que simples trabajadores, que se sintieron intimidados. Vivieron la situación con angustia, miedo y preocupación”. En su informe final calificó de “esenciales” los vídeos incorporados como base documental y en los que “se ve correr a un grupo de personas hacia las máquinas y en una en concreto cómo cae el cazo” (el brazo hidráulico) con el “consecuente riesgo”, dijo. Reconoció que, en el cotejo de imágenes, “no se pudo identificar a más” de los participantes en las protestas que pudieran haber incurrido en un delito. De igual modo se apoyó en sentencias anteriores para hilar la participación de los acusados con el grupo autor de las acciones delictivas. “No son sólo autores los que realizan los hechos, sino los que tienen su ‘dominio’’, planificando u organizando”, apuntó. El mismo razonamiento fue expuesto por una de las partes de la acusación particular, quien abundó en la idea de testigos para subrayar el alcance de “los actos coordinados y con violencia. Todos han coincidido que estaba organizado”. De manera concreta se refirió a las consecuencias que tuvo la paralización de las obras en el plano laboral: “Contó un trabajador autónomo que venía de Zaragoza y que si no trabajaba, no cobraba”. Mencionó igualmente a la exalcaldesa Garbiñe Elizegi en uno de los vídeos de las protestas que, a decir suyo, fue relevante para conocer las intenciones del grupo: “Su objetivo era llamar la atención del Gobierno de Navarra. En caso de no conseguirlo, aseguró que iban a utilizar cualquier otra vía para parar el proyecto”. PETICIÓN DE ABSOLUCIÓN Por otro lado, la defensa pidió la “libre absolución” de sus representados. “En absoluto -dijo una de las letradas- ha quedado acreditado el relato de los hechos de la acusación. Dice la fiscal, y así lo mantienen el juez instructor y los instructores policiales, que los acusados fueron identificados en tres ocasiones”. Tal premisa carece, bajo su visión, de fundamento para sostener la atribución “de unos hechos de tal relevancia”. Las imágenes -indicó- no coinciden con días de presencia en el lugar de los hechos de sus defendidos. Rebatió la acusación del uso de la violencia. La protesta discurrió “de forma pacífica”, indicó. Y, en ningún caso, su finalidad “fue atentar la libertad de los trabajadores”. “Todos los movimientos sociales tratan de organizarse”, observó un segundo letrado de la defensa, quien evocó la protesta de los agricultores del año pasado para diferenciar entre su iniciativa de “aparcar los tractores en la calle” del intento de acceder al Parlamento por parte de un grupo, sobre el que actuó la fiscalía: “A nadie le entró la cabeza que fuese un grupo criminal”. "HUBO UNA MINORÍA QUE IMPUSO SU LEY" EN BAZTAN, APRECIA LA ACUSACIÓN Uno de los abogados de la acusación particular aludió al resultado de la consulta vecinal que se convocó en Baztan para sondear la opinión sobre el proyecto de Aroztegia. “Como recordó Garbiñe Elizegi en el juicio, la participación fue del 30%. De este porcentaje, el 80% votó a favor de la paralización. Es decir, el 24% del total del censo en Baztan”, expuso para hacer ver que el “76% restante” no se pronunció. Ante esta diferencia, su conclusión sobre las razones aducidas por los opositores al proyecto para justificar su objetivo de paralización fue concluyente: “Hubo una minoría que impuso su ley”. El propio letrado recordó que la promoción era legal: “El exalcalde, Joseba Otondo, reconoció que concedió tres licencias, de urbanización, para el hotel y campo de gol, aún vigentes. Dijo que no había motivo ilegal para no hacerlo”. A propósito del pliego de condiciones fijado para la adjudicación de las obras de urbanización, dijo que la sentencia que lo anuló era “extemporánea. No tuvo efecto suspensivo. Nadie la impugnó”, puntualizó. RESPONSABILIDAD CIVIL Se manifestó de esta manera porque durante el juicio y, este viernes volvió a insinuarlo, la defensa hizo hincapié “en la anulación del pliego” como uno de los motivos que llevaron a pensar a los opositores del proyecto en su ilegalidad y les condujeron a la movilización. Las diferencias de perspectiva de acusación y defensa arreciaron igualmente en un segundo aspecto. “La empresa busca una reclamación patrimonial y lo que necesita es una sentencia de hechos graves, con una declaración de delito de grupo criminal” sobre los acusados. Fue la opinión esgrimida por la defensa, ante la cual la acusación particular recordó que en el juicio visto para sentencia desde ayer no se juzgaba la petición de responsabilidad civil por la paralización de una obra, “imposible” de restablecer, a los ojos de uno de sus socios impulsores. La diferencia de visión de acusación y defensa refiere, en este caso, a una reclamación de 43 millones elevada a los gobiernos central y navarro por la promotora por verse desprotegida ante las acciones de sabotaje perpetrados que desembocaron en la paralización de la actuación.

La fiscalía mantiene los tres años de prisión para los acusados de Aroztegia

La defensa propone en el último día del juicio su absolución al considerar no probada la participación de ninguno de ellos en el sabotaje y las amenazas

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