Baztan gestionará 5 viviendas para personas en riesgo de exclusión

La vicepresidenta y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro; el alcalde de Baztan, Fernando Anbustegi; y el director gerente de Nasuvinsa, Javier Burón, suscribieron este lunes un acuerdo de colaboración que faculta al consistorio como responsable de la gestión directa en régimen de alquiler protegido de cinco antiguos pisos de camineros adscritos al Fondo Foral de Vivienda Social. Como informó el Ejecutivo foral, serán destinados a “personas en riesgo de exclusión social por pérdida de su vivienda habitual”.

La rehabilitación ha requerido una inversión de 325.048 euros. Conforme al contenido del acuerdo institucional suscrito, la iniciativa de alquiler protegido está “dirigida especialmente a personas empadronadas en esta comarca que no estén en condiciones de satisfacer su necesidad habitacional en el mercado libre, ni a través del Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida”.

Es preciso -recoge el acuerdo- que las personas adjudicatarias deban “acreditar una situación de necesidad por la pérdida de su vivienda habitual como consecuencia de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria, como consecuencia de un desahucio, o por el procedimiento de dación en pago, o negocio jurídico similar. Asimismo deberán sufrir un riesgo inminente de pérdida de vivienda, por imposibilidad de hacer frente a las mensualidades del alquiler o hipoteca, y se hayan agotado infructuosamente los procedimientos habituales de negociación de la deuda contraída”.

GESTIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Baztan asumirá la gestión directa de las cinco viviendas de las antiguas Casas de Camineros situadas en la Avenida Martín Urrutia, 20, de Oronoz-Mugaire. La vigencia de su encomienda expira en 2033. “Se hará cargo igualmente de los gastos e impuestos correspondientes, así como del abono a Nasuvinsa de las rentas correspondientes”, señala el Gobierno.

Otra de las funciones del consistorio consistirá “en la recepción de las solicitudes” y en la adjudicación de las viviendas en régimen de alquiler protegido. Le competerá igualmente “suscribir los correspondientes contratos de arrendamiento con las personas inquilinas, el cobro de la renta mensual y garantizar el mantenimiento y conservación de las viviendas”, conforme a los términos del acuerdo.