Fiscalía pide archivar la querella del Gobierno en la planta de Ultzama

La vía judicial iniciada por el Gobierno foral el 18 de diciembre para inculpar a los gestores de la planta de biogás de Ultzama no tiene visos de prosperar. La Fiscalía pide el archivo de la querella interpuesta contra las dos empresas adjudicatarias de su construcción y gestión así como de tres miembros de su consejo de administración al considerar que no hay “elementos suficientes” que prueben la existencia de infracción penal. En su observación, el Ministerio Público incide en los mismos argumentos esgrimidos hace medio año cuando negó la comisión de delitos de fraude, prevaricación municipal para lograr subvenciones y falsedad documental. Entonces como ahora, entiende que las facturas que se presentaron fueron “veraces” y que no hubo “ayudas duplicadas e incompatibles”. La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Pamplona deberá resolver si finalmente acepta a trámite la querella - ampliada con los delitos de “malversación de caudales públicos y estafa”- o, por el contrario, no la estima en virtud de las justificaciones de la Fiscalía. Todo ello en medio de la ronda de comparecencias de la comisión de investigación creada en el Parlamento a partir de un informe de la Cámara de Comptos sobre un proyecto presupuestado en 5,7 millones. De acuerdo a la propia auditoría, 3,85 millones procedieron de fondos públicos. La planta de Iraizotz se inauguró en diciembre de 2010 y se cerró cinco años después por la quiebra de su concesionaria. A los dos meses de conocerse las primeras conclusiones de la Fiscalía, que cuestionaban en julio los indicios de delito apreciados por la Cámara de Comptos, el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y la consejera de Presidencia, María José Beamount, anunciaron el encargo de acciones judiciales contra las dos firmas gestoras del proyecto, Levenger y Bioenergía Ultzama. Con posterioridad, Ayerdi desveló el contenido de una orden foral para implicar también al ex presidente de la segunda sociedad, el checo Jiri Bezdicek, considerado por el Ejecutivo foral como “denominador común en el entramado societario creado en torno a la planta de biometanización”. Con sus decisiones, el Gobierno trató de buscar a los responsables del “perjuicio económico” ocasionado, bajo su perspectiva, a las arcas forales por “doble facturación y “doble financiación” tramitada. El cálculo de las pérdidas estarían cifradas, según su apreciación, en 341.601 euros, correspondientes al 30% de los 1.138.837,78 euros que Bioenergía Ultzama habría indicado por encima en la justificación de las facturas presentadas. Con su encargo a sus servicios jurídicos, el Ejecutivo exploró una segunda vía de implicación penal, toda vez confirmada la ausencia de responsabilidad del Ayuntamiento en el decreto de la Fiscalía de julio pasado. En su acuerdo, el Gobierno se basó en las consideraciones señaladas el 4 de septiembre por Manu Ayerdi y la consejera de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde, que incluían también como posibles imputados a Francisco Javier Tornaría Iguelz y Francisco María Iribarren Altuna, ambos miembros del consejo de administración de Bionergía Ultzama y ediles cuando se creó a finales de 2008. En verano de 2012, el primero de ellos sustituyó en la alcaldía a Patxi Pérez, nombrado director de Administración Local. La querella, cuestionada ahora por la Fiscalía, acabó por incluir a los dos ex corporativos, pero en calidad de integrantes del consejo de Bioenergía Ultzama. “NO HAY DELITOS” En su último pronunciamiento, que deberá ser analizado por la jueza que instruye el caso, la Fiscalía reproduce literalmente el decreto de julio, en el que, entre otras consideraciones, se dio por hecho que el sistema de facturación cruzada únicamente afectaba a los 1,5 millones de euros de ayudas tramitadas por el Ayuntamiento con el departamento de Desarrollo Rural. En el caso de los 906.008 euros fue la propia Bionergía Ultzama quien los solicitó e ingresó directamente de Desarrolllo Económico. Como figura en la querella, la subvención de Desarrollo Económico fue posterior a la concedida por Desarrollo Rural. Al no ejecutar directamente la obra, el Ayuntamiento practicó “un sistema de facturación cruzada”, por un lado, con las dos empresas constructoras y encargadas de la puesta en marcha de las instalaciones (Levenger y Vitkovice Power Engineerign) y, por otro lado, con la concesionaria de la gestión, la mercantil Bioenergía Ultzama. En todo momento, las facturas cruzadas por el consistorio fueron “veraces”, según el decreto de la Fiscalía de julio, dado por bueno en su último escrito por el propio Ministerio Público. A juzgar de Fiscalía, no hubo voluntad “flagrante, palmaria y grosera injusticia, sino más bien la de construir una planta de biometanización sin costes para el Ayuntamiento”. Tampoco hubo “falsedad documental”, confirmada, por otro lado, en sendos informes de Desarrollo Rural y Desarrollo Económico. “No hay duda de que la realidad jurídica o el negocio jurídico a que se refieren las facturas es real, pues en ellas se incluyeron como conceptos los trabajos efectivamente realizados por las sociedades mercantiles”. Las ayudas solicitadas por el Ayuntamiento y Bioenergía Ultzama no fueron “duplicadas e incompatibles”, concluyó la Fiscalía. En su último informe, el Ministerio Público rebate al Gobierno foral sobre su consideración de que los hechos susceptibles de investigación en su querella no habrían prescrito. La Fiscalía entiende lo contrario al apreciar que no se debe tomar como referencia el año de encargo de la auditoría de la Cámara de Comptos (2014), sino el origen de los hechos. La concesión de subvenciones por parte del Gobierno foral se concentró entre 2008 y 2010.

Fiscalía pide archivar la querella del Gobierno en la planta de Ultzama

Considera que “no hay elementos suficientes de infracción penal”

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