Las cinco personas que en 2021 integraban el consejo rector de la granja Valle de Odieta de Caparroso se sentaron ayer en el banquillo como acusadas de un delito contra el medio ambiente cometido con un vertido sobre una balsa de Marcilla de gran importancia medioambiental. La Fiscalía pide 4,5 meses de cárcel y 9 meses de inhabilitación para dos de ellos, mientras que las acusaciones populares, Fundación Sustrai Erakuntza y Greenpeace, reclaman hasta 3 años de cárcel para los cinco.

El juicio se prolongó durante ocho horas en el Juzgado de lo Penal nº 2. Debido a la extensión de las declaraciones de una veintena de testigos y peritos, el testimonio de los procesados se pospuso al viernes de la próxima semana.

Para la Fiscalía, el vertido se produjo por el excesivo riego de un terreno de la empresa (los utiliza para obtener forraje con el que alimentar al ganado) con digestato, un componente que la granja obtiene del estiércol y el purín de sus reses. Para ello, la empresa “modificó” el sistema de riego que tenía autorizado y, en lugar de utilizar camiones cisternas empleó pívots y aspersores móviles, explica la fiscalía. De este modo, provocó un exceso de riego que hizo que el digestato cayera por un barranco hasta una balsa catalogada de una importancia medioambiental “muy relevante”, provocando la “destrucción” de la fauna del lugar.

El instructor del Grupo de Investigación Medioambiental de la Policía Foral declaró que el 18 de marzo de 2021 acudieron tras un aviso del departamento de Medio Ambiente tras la denuncia de Greenpeace de un vertido. “Constatamos que la balsa estaba colapsada con un líquido muy negro”, declaró. Resultó ser digestato. Siguiendo el rastro del vertido, llegaron hasta la parte superior del barranco, donde estaban los terrenos de Valle de Odieta. “Vimos que el procedimiento de riego no encajaba en lo que tenían autorizado. Desde ahí hubo una caída constante y abundante”, afirmó. A día de hoy, concluyó, no se ha realizado en el lugar una actuación “acorde a la recuperación del humedal”.

A otro agente y a los guardas de Medio Ambiente se les preguntó si se recuperaron cadáveres de animales. Respondieron que no, que la fauna ya habría migrado por la acumulación de digestato en la balsa: “Allí no podía vivir nadie, era un pozo negro”. Las condiciones de la balsa, además, impedían que se llevara a cabo una búsqueda en condiciones de seguridad. Un exceso de digestato, apuntaron policías y guardas, supone un peligro para el medio ambiente.

Sobre la inspección llevada a cabo sobre el terreno, un guarda afirmó que alguien de la granja intentó impedírselo -"apareció con un coche e intentó impedirme el paso"- y otro dijo que habló con dos de los acusados (los identificó en el banquillo) y les advirtió del exceso de riego: “Creo que a los días lo pararon”.

UN EXCESO "TREMENDO"

Un abogado de la defensa destacó que la Confederación Hidrográfica del Ebro analizó las aguas de la balsa e impuso a la granja una multa de 10.000 euros por una infracción administrativa “leve”. Sin embargo, para cuatro técnicos del Equipo de Biodiversidad Ambiental de la sociedad pública GAN-NIK el exceso de materia orgánica y metales pesados en el agua era “tremendo”. “Había una concentración de nitrógeno amoniacal en unas concentraciones que no estamos acostumbrados a encontrar. Nos ha tocado analizar entornos próximos a depuradoras y no hemos encontrado esos niveles, ni cercanos”, subrayaron. Sobre el origen de ese vertido, también señalaron a la “sobrefertilización” provocada con el riego con digestato mediante pívots móviles. Por contra, un perito contratado por la granja aseguró que analizó los suelos de parcelas del entorno de la balsa y la presencia de digestato tenía “niveles razonables y solo en la parte superficial”.

LA IMPORTANCIA DE LA BALSA

El terreno afectado por el vertido estaba catalogado como ZEC (Zona de Especial Conservación) integrado en la Red Natura. “Era un pequeño humedal, un hábitat muy específico para especies como el visón europeo, tritones, nutrias, galápagos... No existen muchos humedales como éste”, destacó el instructor de Policía Foral. Entre estas especies, todas en una situación delicada, destacó el visón europeo, en peligro de extinción. “Las hembras necesitan tranquilidad, por eso son muy importantes estos humedales”. De hecho, subrayaron los policías, el Gobierno de Navarra invierte “mucho dinero” con fondos europeos para crear y mantener espacios así en el río Aragón, con el fin de generar espacios para la reproducción de estas especies”. Después del vertido, destacaron los guardas de Medio Ambiente, aquello era “incompatible” con la vida animal. 

Los agentes de la Policía Foral afirmaron que la balsa fue creada en su día para regar choperas y que después se “naturalizó”. Sin embargo, el propietario del lugar hasta 2021 (lo vendió, precisamente, a Valle de Odieta) negó que fuera una balsa. “Nunca lo ha sido. Es una obra de corrección del torrente que se hizo a finales de los ochenta o noventa porque cuando había fuertes tormentas arrastraba mucha piedras hasta las fincas”. Negó que se utilizara para el riego, por sus reducidas dimensiones y porque solo se alimentaba de las tormentas. Negó que allí hubiera fauna y flora. “Siempre se ha secado”, dijo el propietario, que en su día fue director general de Medio Ambiente en el Gobierno de Navarra.

El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha concedido a la empresa Valle de Odieta la autorización ambiental para la ampliación de la granja de Caparroso. El proyecto prevé la ampliación del número de plazas de vacas adultas entre las 7.200 y 7.900, censo al que se incorporarán también 700 novillas mayores de un año y 1.472 terneras menores de un año produciéndose así un incremento de 1.778,8 UGM -unidad ganadera mayor- de la explotación. Se permite, apunta la resolución, la ampliación del censo de ganado adecuando para ello las instalaciones pero sin tener que ampliarlas.

La actividad comprende la granja de vacuno intensivo de leche, la planta de biometanización y la balsa de almacenamiento de digestato, todo ello en término municipal de Caparroso. Según recoge el BON del 1 de septiembre, en el que se publicó la concesión de la autorización, el proyecto no introduce cambios en las instalaciones pero sí ha previsto una incidencia proporcional al crecimiento de cabezas para el conjunto de la producción de residuos y el tránsito de vehículos.

“La evaluación ambiental estima que la solución adoptada en la gestión de los purines (…) para su empleo en el riego de cultivos como agua regenerada, introduce una mejora significativa en el plan de gestión de estiércoles de la actividad existente al reducir los impactos asociados a la aplicación de deyecciones ganaderas frente del plan territorial de la instalación autorizada, al reducir los impactos sobre el suelo, las aguas, la biodiversidad y el medio social”, indica la resolución.

No obstante, añade, se introducen en el condicionado de la declaración ambiental una serie de medidas para el plan territorial remanente, cuya área de reparto incluye parcelas agrícolas en Red Natura, áreas críticas para la conservación de avifauna esteparia y zonas vulnerables. Dichas medidas afectan a técnicas de aplicación de purín y al plan territorial de reparto de estiércoles y a la protección de los hábitat. Se ha previsto también el refuerzo de medidas correctoras para impactos residuales como fugas eventuales.