Continuar

Hemos detectado que tienes en Diario de Navarra.

Con el fin de fomentar un periodismo de calidad e independiente, por favor o suscríbete para disfrutar SIN PUBLICIDAD de la mejor información, además de todas las ventajas exclusivas por ser suscriptor.

SUSCRÍBETE
Edición impresa

Actualidad Navarra, Pamplona, Tudela, Estella, Osasuna, Deportes, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Política, Economía, Trabajo, Sociedad.

Vivienda protegida

Anulan la exclusión de una oferta para construir 27 VPO en Tudela

El Tribunal de Contratos insta a Nasuvinsa a valorar la propuesta de la UTE Construcciones Murias e Ibáñez

Imagen virtual del edificio que se prevé construir en la Azucarera.
Imagen virtual del edificio que se prevé construir en la Azucarera.
  • DN. Tudela
Publicado el 16/12/2020 a las 08:57
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha anulado la exclusión de la oferta de la UTE Construcciones Murias y Construcciones José Miguel Ibáñez del concurso para construir un edificio de 27 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler, en el paseo de los Tilos de la urbanización de la Azucarera de Tudela. Está promovido por la empresa pública Nasuvinsa con un presupuesto de más de 4,3 millones de euros. Con esta decisión, en la que califica este acto de exclusión “no conforme a derecho”, estima la reclamación especial en materia de contratación pública interpuesta por la citada licitadora ante su exclusión, notificada el 21 de octubre, disponiendo “la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior” al citado acto de exclusión.

Este acuerdo es firme en la vía administrativa aunque permite recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.

SUBCONTRATAS Y COMPLEJIDAD

La exclusión de la UTE del concurso promovido por Nasuvinsa se produjo al considerar que su oferta no resultaba viable desde el punto de vista técnico “al recaer la ejecución de un relevante porcentaje de unidades de obra sobre subcontratas que carecen de la capacidad y aptitud técnica adecuada y exigible”. Una exclusión del procedimiento que, como indica el tribunal, “trae causa del hecho de que, en el marco del criterio social de adjudicación, aportan compromisos de subcontratar con determinados centros especiales de empleo o empresas de inserción que afectan a partidas o unidades de obra que la dirección facultativa y los vocales técnicos de la mesa de contratación califican de especial complejidad en su ejecución -las correspondientes a la fachada ventilada, puntos singulares y sellados passive-”. Añade que tras requerir a la UTE la acreditación de la aptitud técnica para la correcta ejecución de tales unidades de obra “la misma no ha sido cumplimentada por las reclamantes”.

El tribunal adelanta la estimación de la reclamación interpuesta, al estar en línea con lo resuelto en un reciente acuerdo anterior a este “a la vista de las identidades apreciadas”. Y es que, en ambos casos, “la cuestión principal que las reclamantes someten a consideración de este tribunal es la improcedencia, a su juicio, de exigir la acreditación de la solvencia técnica a los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción a las que propone subcontratar conforme al criterio social de adjudicación, y cuya falta de acreditación ha determinado, a la postre, la exclusión de su oferta”.

Respecto al pliego del concurso, advierte que no contiene ninguna limitación “en relación a la imposibilidad de subcontratar determinadas unidades de obra en atención a la especial complejidad técnica que su ejecución reviste y tampoco contempla prevención alguna al respecto”. Añade que Nasuvinsa es libre, en el momento de elaborar el pliego, de darle el contenido que considere oportuno, siempre que no sea contrario a la ley, “siendo en tal momento, y de forma motivada, cuando podría caber introducir las limitaciones ahora pretendidas en relación con la subcontratación de determinadas partidas a favor de dichas entidades sociales”.

El tribunal argumenta, entre otros aspectos, que una vez aprobado el pliego, la contratante “no puede, ni unilateralmente ni de acuerdo con licitadores o contratista, variar su contenido dado que ello atentaría contra los principios de igualdad, no discriminación y transparencia que debe presidir cualquier procedimiento de adjudicación”.

Además, indica que el requerimiento de la mesa de contratación de que el subcontratista propuesto acredite capacidad técnica suficiente y adecuada para ejecutar las unidades de obra completas “no resulta ajustado a la legalidad” al no exigir el pliego nada al respecto. También afirma que no resulta admisible, “frente a tal omisión en el pliego regulador, intentar poner ahora que son los propios licitadores quienes, de forma diligente, debieron advertir la dificultad técnica que a estos efectos revisten determinadas unidades de obra”. Unos licitadores que, como indica el tribunal, son los únicos responsables de la correcta ejecución del contrato -no se subroga el subcontratista-.
volver arriba

Activar Notificaciones