Diario de Navarra

En las afueras de Tudela, principalmente la zona de Gardachales, en la salida de la ciudad hacia Fontellas, se ubican casetas improvisadas que se han convertido en viviendas de familias y personas sin hogar, en las que disponer de un pozo con agua potable o electricidad se considera un privilegio. Acción en Red, ONG contra la exclusión social, los define como “supervivientes”. Este grupo de inclusión cuenta con un equipo de 15 voluntarios. Con una subvención por parte del Ayuntamiento -de casi 7.000 euros este año- y una colaboración constante con las instituciones, trabaja para poder dotar de recursos a personas en estas condiciones en Tudela desde 2011. La asociación estima que actualmente hay entre 15 y 20 personas en situación de calle, aunque en el ayuntamiento rebajan esa cifra a 10, según datos de los proyectos y las memorias justificativas municipales. “Son invisibles”, apunta Sergio Iturre Carcavilla, voluntario en Acción en Red. “Mientras no den problemas, los vecinos se acostumbran a verlos y, prácticamente, pasan a formar parte del paisaje”, añade. Además, el sinhogarismo en ciudades como Tudela “no tiene nada que ver con la imagen que tenemos de las grandes capitales”, señala Iturre, al tiempo que explica que “no hay tantas personas que duerman en aceras o bancos porque se expondrían demasiado y no están dispuestos a perder su anonimato por todos los estigmas”. POR UNA VIDA MEJOR Es el caso de Mostapha Achiouene, de 65 años. Natural de Marruecos, lleva viviendo 21 años en España, los últimos 18 en Tudela. Ha trabajado “en todo lo que podía” hasta 2018, cuando su cuerpo dejó de responder debido a una artrosis de rodilla y una afección cardiovascular. Tras años alternando empleos “de baja remuneración y condiciones precarias”, asegura que “no le da para vivir”. Además, trata de apoyar económicamente a su hija, que continúa viviendo en Marruecos y acaba de terminar el instituto. Esta situación le ha arrastrado a verse en la necesidad de instalarse en una casa de campo abandonada a las afueras de la ciudad, junto con otras tres personas en una situación similar. Sumando las casetas contiguas a la de Achiouene, viven unos 12 individuos -estima Acción en Red- con un pozo común como única fuente de agua potable. También comparten una vieja letrina de madera conectada a una fosa séptica. Algunas de estas viviendas aprovechan los muros de antiguas casas de campo abandonadas. Otras están construidas desde cero con materiales recogidos de la calle, como madera o uralita. Para intentar protegerse del frío, refuerzan sus paredes y ventanas con colchones viejos, telas gruesas, corcho o ladrillos. En algunos casos, incluso ramas de árboles o láminas de plástico. Por su parte, las insalubres condiciones higiénicas también reflejan lo caótico del contexto que atraviesan estas personas. “Muchos acaban atrapados en un círculo vicioso del que es muy difícil salir, así que su situación se cronifica”, destaca Iturre. “La falta de vivienda dificulta el acceso a un empleo estable, y sin ingresos regulares resulta prácticamente imposible acceder a un alquiler, lo que complica aún más los procesos burocráticos”, detalla. “La exclusión residencial no siempre implica dormir en la calle, sino que también puede significar vivir en condiciones inadecuadas”, apunta Iturre VIVIR SIN LO BÁSICO A un lado de la carretera hacia Fontellas se encuentra otro ejemplo. Es el hogar de la familia de Argentina Montoya Montoya. Viven en una pequeña casa alquilada por la que pagan 300 euros al mes y que fue facilitada por Servicios Sociales, a pesar de que no cuentan con agua potable -la llevan diariamente en garrafas en una carretilla- ni conexión a la línea eléctrica, aunque tienen luz gracias a una placa solar que compraron e instalaron ellos mismos. Llevan años apuntados en la Bolsa de Alquiler del Gobierno de Navarra, pero aún no han obtenido ninguna respuesta. Su vivienda es una construcción de unos 60 metros cuadrados ubicada al fondo de una finca. Cuenta con una sala principal que hace las veces de dormitorio común, cocina y comedor. Para acceder a ella hay que recorrer un camino sin asfaltar, aunque iluminado y decorado por ellos mismos. Las paredes y el mobiliario muestran signos de deterioro y el espacio es escaso, pero cada rincón está adornado con cuadros coloridos, fotografías familiares, juguetes para la más pequeña o las jaulas de sus aves domésticas. Argentina, nacida en Pamplona, lleva dos décadas en la capital ribera y ya ha pasado por 4 casas diferentes. Actualmente, comparte techo con sus cuatro hijos y su nieta de 6 años. “Subsistimos gracias a la solidaridad de los vecinos”, afirma Montoya. SEGUNDA OPORTUNIDAD A pesar de sus limitados recursos, esas cuatro paredes forman un hogar para ellos, que está cuidado con mimo e intención de hacerlo más cálido. “Gente como ellos no desiste en su voluntad de convertir su vivienda en un lugar digno”, comenta Sergio Iturre. Al principio buscaban un piso con una o dos habitaciones y, a poder ser, en Tudela. Sin embargo, ante la necesidad, han rebajado al máximo sus exigencias. “Únicamente queremos un techo accesible con agua y luz, sea donde sea”, concluye Montoya. Afortunadamente, no todas las historias terminan en una situación de exclusión permanente. En algunos casos, el acompañamiento de las entidades sociales y los grupos de voluntarios permite iniciar un proceso para recuperar la estabilidad. Un ejemplo es Abdoul Bardán, de 42 años y origen marroquí. Se trasladó solo a España en 2018, con el objetivo de encontrar trabajo y mejorar su vida. Sin embargo, durante años se encontró con una dificultad que afecta a muchas personas migrantes: La imposibilidad de acceder a un contrato laboral sin una situación administrativa regularizada. Tras llegar a España comenzó a buscar empleo, pero durante siete años permaneció en Zaragoza sin conseguir un contrato. “Sin contrato, no se puede pedir residencia”, explica Bardán. Según relata, “muchas empresas no quieren asumir los procesos burocráticos necesarios para contratar a personas que todavía no tienen permiso laboral”. Como consecuencia, terminó en situación de calle en la capital aragonesa durante cuatro meses. “He pasado mucho frío”, recuerda. En 2025 llegó a Tudela buscando una oportunidad y encontró apoyo en la Fundación Tudela Comparte, a través de su proyecto Villa Javier. Con su acompañamiento consiguió empadronarse y acceder a una habitación compartida que pudo pagar trabajando, una vez más, sin contrato. Posteriormente, a través de otra iniciativa solidaria, ‘El Pisico’, y un convenio con Nasuvinsa, logró dar el paso a una habitación individual. Actualmente cuenta con renta garantizada y trabaja en el sector agrario. “Gracias al apoyo de Villa Javier pude escapar de aquella situación”, asegura, aunque también reconoce “la importancia del propio esfuerzo y de cumplir los requisitos necesarios para avanzar”. A través del ejemplo de Bardán, Iturre niega “la idea extendida de que las personas migrantes reciben ayudas inmerecidas”. “Que se regularice su situación es un mínimo para que puedan salir adelante”, apunta. UN NUEVO COMIENZO No todas las personas que terminan viviendo en la calle parten de situaciones de pobreza extrema. También hay quienes llegan tras una sucesión de pérdidas personales, problemas de salud o crisis económicas que terminan por trabar una trayectoria aparentemente estable. La historia de Galina Orlova refleja exactamente ese perfil. Antes de ser desahuciada, contaba con una vivienda digna, un empleo y cierta seguridad financiera. De 51 años, llegó a España en 1999. Proviene de Moldavia, donde se dedicaba al mundo de la compraventa. No obstante, la situación económica tras la caída de la Unión Soviética le obligó a emigrar. Pensaba en quedarse seis meses, pero decidió continuar su vida aquí “porque el país resultó encantador”. Durante años trabajó como limpiadora y cuidadora, hasta incorporarse posteriormente a fábricas de alimentación. Consiguió regularizar su situación y accedió a una vivienda, pero fue desahuciada en 2008 por problemas económicos. De esta manera, hace unos siete años que terminó definitivamente en situación de calle. Con complicaciones administrativas relacionadas con su pasaporte y sin una red de apoyo cercana, acabó viviendo en una caseta en la zona de Mosquera. El 27 de octubre de 2025, coincidiendo con su cumpleaños, dos vehículos policiales acudieron al lugar y le comunicaron que tenía una semana para marcharse. “Había perdido a toda mi familia y no tenía a quién recurrir”, recuerda Orlova. Durante ese periodo también atravesó problemas de salud física y mental. Su condición apenas le permitía caminar y sufría depresión y alcoholismo. Sin embargo, logró sacar fuerzas para intentar salir adelante. El albergue municipal que atiende a personas sin hogar se convirtió en un punto de apoyo para iniciar dicho proceso. Allí recibió ayuda a nivel administrativo y psicológico, recuperó la confianza y comenzó a marcarse nuevos objetivos. Logró darle a su vida un giro radical: En menos de diez meses pasó de “no poder salir de la cama” a convertirse en la encargada del Albergue Juvenil de Tudela, puesto que ocupa desde hace unos meses y con el que se siente “muy orgullosa y motivada”. RECURSOS A pesar de estos ejemplos de superación, desde Acción en Red consideran que los recursos disponibles “son insuficientes para atender una realidad que pide a gritos un acompañamiento continuado”. La asociación destaca la coordinación con Servicios Sociales del ayuntamiento, aunque estiman necesario “un impulso oficial para ser más conscientes de esta situación, apoyarla y afrontarla”. Aunque les preocupa lo que califican como “falta de implicación” de los servicios municipales. “No conocen la situación de cerca”, lamenta Iturre. Por el contrario, la concejala de Derechos Sociales, Anichu Agüera, señala que “el ayuntamiento es consciente de la realidad de estas personas” y que, si no fuera así, “no estaría financiando estas asociaciones o iniciativas”. La edil aporta el dato de que entre 2023 y 2025 se realizaron 271 coordinaciones. Además, el ayuntamiento ofrece distintos programas, como el de Atención a Personas sin Hogar en Itinerancia y el de Atención a Personas sin Hogar empadronadas o residentes en Tudela. También existe un protocolo para emergencias meteorológicas -como olas de frío o calor- y se prestan servicios externos de ducha y lavandería. Agüera añade que “la falta de vivienda es un problema social que afecta a los riberos, al igual que al resto de españoles” y apunta que “la mayoría de las personas que duermen en las calles de la ciudad no son residentes de Tudela sino itinerantes”. EL RETO DE GARDACHALES Tanto el ayuntamiento como las asociaciones, además de las personas que actualmente viven en los terrenos de Gardachales, se enfrentan a un nuevo escenario. Esta zona, donde se encuentran muchas de estas casetas, forma parte del crecimiento urbanístico previsto para 2028, cuyas obras comenzarán marzo del próximo año. La ampliación de la ciudad obligará a abordar qué ocurrirá con las personas que actualmente viven en este espacio. Desde el ayuntamiento, reconocen que “todavía no existe una decisión concreta sobre cómo se actuará, ya que la situación aún no ha sido evaluada”. Por su parte, Acción en Red considera que “esta clase de decisiones y la falta de previsión son muestras del bajo nivel de compromiso de las instituciones”. De esta manera, personas como Achiouene, Montoya, Bardán u Orlova seguirán luchando por esa oportunidad que, con apoyo de asociaciones o instituciones, les permita disfrutar de unas condiciones de vida dignas.

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Chabolismo en las afueras de Tudela

Personas sin hogar aprovechan antiguas casetas de huertas o construyen sus viviendas con materiales que van encontrando para poder dormir bajo un techo. Sin agua y sin electricidad, intentan salir adelante con lo poco que tienen y la ayuda de vecinos y entidades

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