La juez de Tudela encargada del caso del alcalde de Corella, Gorka García Izal (Alternativa Corellana Independiente) ha concluido la instrucción y en un auto señala que podría haber incurrido en un delito de prevaricación y/o malversación, por lo que da traslado de las diligencias previas a la Fiscalía y a las acusaciones para que, en el plazo de diez días (el auto está fechado el 14 de septiembre), soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación y solicitando el sobreseimiento de la causa. Fue UPN quien presentó la denuncia ante los juzgados.

Las razones principales son irregularidades en procesos de contratación, el encargo de obras de forma directa cuando tenían que haber salido a licitación pública, tanto en el ayuntamiento como en la residencia San José, o la entrega de subvenciones también de forma irregular.

INFORME DE LA CÁMARA DE COMPTOS

Para ello, se basa, por un lado, en el informe de la Cámara de Comptos. En el mismo, el órgano fiscalizador concluyó que el Ayuntamiento de Corella no llevó a cabo ningún procedimiento de selección de personal basado en los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en 18 de las 51 contrataciones de personal del Ayuntamiento, correspondientes a 11 de las 31 personas contratadas temporalmente en uno de los ejercicios.

Por otro lado, alude a la obra de adecuación de un solar para aparcamiento en la calle San Francisco, que, señala Comptos, se ejecutó sin el debido proyecto de obras tras adjudicarse a través de la fórmula de contratos de menos cuantía, aunque las diversas prestaciones ascendieron a 212.829 euros. Comptos añadió que estos trabajos se agrupaban en torno a una misma unidad funcional, por lo que debían haberse tratado conjuntamente. Además, el gasto de uno de los contratistas fue de 117.586 euros, importe que excluía la posibilidad de adjudicarse a través del régimen de contratos de menor cuantía.

En cuanto a la residencia, también reseñó que adjudicó todos los contratos de manera directa sin aplicar la normativa. Y concretaba que en 2022 incurrió en gastos por 455.529 euros con 16 contratistas por distintas prestaciones sin llevar a cabo los procedimientos de adjudicación legalmente exigidos teniendo en cuenta su cuantía.

Por último, se refería a subvenciones para actividades culturales, deportivas y festivas a diez entidades por 27.775 euros sin que tuvieran carácter nominativo y sin que se siguiera el procedimiento para la concesión directa.

LAS CONCLUSIONES DE LA GUARDIA CIVIL

El otro informe fue elaborado por la Guardia Civil, que todavía fue más duro que el de Comptos. Sobre la residencia, calificó el caso de "inaudito e inexplicable" porque "se ha saltado total y deliberadamente la Ley Foral de Contratos Públicos". Añadía que adjudicó "absolutamente todos los contratos" a contratistas que consideró oportuno y que pagó contra factura "importes muy superiores a los que la Ley limita para contratos de menor cuantía".

Sobre los contratos de obras por parte del Ayuntamiento, recalcaba que se "han incumplido sistemáticamente" los principios de la Ley de Contratos Públicos al hacer adjudicaciones de contratos de menos cuantía "ocultando la licitación y privando a las empresas de conocer la necesidad del Ayuntamiento". "De este modo, se evita un procedimiento ordinario abierto que impide al resto de interesados poder presentar una oferta, por lo que se restringe de forma arbitraria la participación. Con ello, el Ayuntamiento otorga una ventaja exclusiva a las empresas de su elección, discriminando a los licitadores que pudieran estar interesados", señalaba el informe de la Guardia Civil.

A lo anterior se suma, según el mismo informe, que en 2023 y 2024 el Ayuntamiento estuvo pagando suministros y numerosos servicios a través de contratos de menor cuantía, a pesar de que sus importes anuales eran muy superiores a lo que marca la Ley. Unos servicios que la Guardia Civil señala que no obedecen a necesidades de urgencia o impredecibles, sino a aspectos básicos y elementales como el alumbrado público y de edificios, suministro de gas, limpieza de instalaciones públicas, conserjería, atención al ciudadano, etc.

Por último, también detectó fraccionamientos de contratos en algunos servicios, dividiendo el pago total en varias facturas, "con lo que se elude publicitar y tramitar el servicio, adjudicando directamente a una empresa la ejecución de la necesidad".

En base a todo ello, la juez concluye que el alcalde podría haber incurrido en los citados delitos de prevaricación y malversación y emplaza a las acusaciones y Fiscalía a solicitar la apertura de juicio.