La Audiencia Nacional ha autorizado la entrega a Francia de un joven de Corella de 29 años acusado de haber hackeado a un total de 26 empresas francesas y exigir después un rescate en criptomonedas para liberar los servicios. El joven, natural de la localidad navarra, fue arrestado a principios de julio pero se encuentra ahora mismo en libertad. La orden de entrega está paralizada mientras se resuelve el recurso de su defensa. Los daños ocasionados a estas empresas superan los 2,2 millones.

Según publica El Español, los hechos habrían tenido lugar entre julio de 2021 y febrero de 2022. Tras la investigación llevada a cabo por autoridades francesas y españolas, en julio la Fiscalía de París solicitó la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) sobre el joven navarro. Para cumplir esta orden, la Policía Nacional se personó en su domicilio y procedió a su arresto. En todo momento, se mostró colaborador. A continuación, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Tudela. Quedó en libertad, pero el juzgado navarro decretó el archivo del caso al considerar que la justicia española no era competente para investigar estos hechos, que debían enjuiciarse en Francia.

El proceso de extradición corrió a cargo del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia, que respaldó la entrega del joven a Francia. El detenido se negó a ser entregado.

"CON NOTA DE RESCATE"

Según uno de los autos de este juzgado, tal y como recoge El Español, una empresa francesa dedicada al comercio al por mayor denunció que sus sistemas de contabilidad y gestión de ventas habían sido encriptados por un malware (un programa malicioso). En estos servidores se había grabado “una nota de rescate”. Otra de las 26 empresas afectadas fue una compañía de climatización de hogares. Las autoridades francesas acusan al joven navarro de pertenecer a una organización criminal, de un delito informático, de blanqueo de capitales y de extorsión.

La defensa del arrestado, ejercida por el abogado Juango Ospina, ha solicitado que el juicio se celebre en España, ya que el delito se habría cometido en suelo español, aunque las consecuencias se hayan dado en Francia. La Audiencia Nacional, apoyada por la Fiscalía, autorizó la entrega del joven, que declarará voluntariamente en Francia en octubre.