La situación de provisionalidad en la que se encuentra la gestión del transporte sanitario en Navarra todavía no tiene fecha de finalización. La consejera de Salud, Santos Induráin, compareció este martes 16 de marzo ante la Comisión de Salud del Parlamento foral para informar del estado actual de este servicio y, aunque explicó las líneas maestras que el Ejecutivo tiene pensado seguir, no marcó plazos concretos para la resolución de un asunto enquistado desde hace años.

De hecho, actualmente este servicio está adjudicado a dos empresas (Baztán Bidasoa y SSG), que tienen caducados sus contratos y siguen funcionando bajo la fórmula conocida como ‘enriquecimiento injusto’.

Una situación de interinidad esta que ha provocado numerosas quejas sobre la calidad del servicio, especialmente en la demarcación de Tudela y Sangüesa, donde opera la firma SSG, además de las denuncias sindicales realizadas por las condiciones laborales de los trabajadores de esta empresa y las alertas sobre los problemas mecánicos de sus ambulancias.

De hecho, el Gobierno foral rescindió el contrato con SSG en 2017, pero sigue prestando el servicio hasta que se adjudique de nuevo.

DOS CAMINOS PARALELOS

Para intentar desatascar esta situación, y según apuntó la consejera Induráin, el Gobierno de Navarra va a trabajar en dos frentes.

Por una parte, y como confirmó el director del Servicio Navarro de Salud, Gregorio Achutegui, ya se encuentra “muy avanzado” el trabajo para la próxima licitación del servicio.

Por otra parte, Induráin señaló que el Gobierno de Navarra estudiará a lo largo del presente año la posibilidad de crear una empresa pública que se encargue de la gestión del transporte sanitario, tanto urgente como programado. Una alternativa que se podría implementar en próximos ejercicios. Este estudio, según desgranó la consejera, contará con la participación de todos los agentes implicados, los trabajadores y las empresas del sector, de cara “a una transición tranquila tratando de equilibrar, desde la máxima garantía jurídica, los intereses de todas las partes, aunque siempre bajo la guía del interés público general”.

Como apuntó Induráin, la licitación del servicio y la creación de una empresa pública que se haga cargo de su gestión “son dos caminos que no son excluyentes, todo lo contrario, pero pensamos que hay que transitarlos a la vez para evitar que suceda lo que pasó en la pasada legislatura en la que, al final, no se pudo proceder ni por un camino ni por el otro en detrimento de la calidad del servicio y creando una situación compleja que ahora es urgente resolver”, afirmó la consejera. Añadió que en el pliego de licitación se contemplará el coste de rescisión del contrato para poder ejecutarlo automáticamente en cuanto la empresa pública esté en condiciones de hacerse cargo de la gestión del servicio.

Los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Salud evidenciaron que el de la gestión del transporte sanitario en Navarra es un problema “recurrente” que precisa de una solución de “máxima urgencia”.

Una de las más críticas fue la portavoz de NA+, Cristina Ibarrola, quien afirmó que “es tremendo que desde el inicio de la legislatura el Gobierno haya reconocido que la situación actual no está garantizando la calidad del servicio y, siendo así, no se haya hecho nada para resolverlo”. Ibarrola indicó que a su grupo le parece “perfecto” hacer el estudio de viabilidad para la creación de una empresa pública, “pero mientras lo hacen, esto no les exime de la responsabilidad de la mala calidad del servicio que se está dando desde hace 4 años”, indicó la portavoz de NA+ a la consejera Santos Induráin.

Txomin González (EH Bildu), apuntó la opción de ejercer una gestión directa del servicio “como única forma de solucionar esta circunstancia y garantizar un servicio de transporte óptimo”.

Patricia Fanlo, del PSN, consideró “prioritario reordenar el transporte sanitario y la actualización de los requisitos técnicos de los vehículos”. La socialista abogó por la publificación del servicio, actualmente en situación de ‘enriquecimiento injusto’, “que está afectando a su calidad hacia los usuarios y a las condiciones laborales de los trabajadores”.

Por su parte, Ana Ansa, de Geroa Bai, afirmó que “el deterioro del transporte ha ido progresando hasta llegar a una situación realmente dificultosa”, y recordó que la posible creación de una empresa pública ya estaba prevista en el acuerdo programático.

Finalmente, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, solicitó una “mayor responsabilidad pública” en la gestión del transporte sanitario. “Viendo la desesperación de los comités de empresa, cuanto más se pueda priorizar una resolución de esta situación, más importante será”, dijo.