La Mancomunidad de la Ribera ha recibido su segundo varapalo en apenas 7 meses en relación con el concurso conjunto de limpieza para 17 municipios de la comarca para los próximos 10 años con un coste total de 27,6 millones de euros. Si en enero el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra anuló su decisión de excluir la oferta técnica de una de las empresas, Cespa-Acciona, instando a la entidad a volver a valorarla -algo que decidió no cumplir-, ahora ha vuelto a quitarle la razón y ha anulado la renuncia de la Mancomunidad a adjudicar este servicio, con el objetivo de convocar otra nueva licitación con modificaciones en el pliego de condiciones.

De esta forma, vuelve a avalar la reclamación que interpuso una de las empresas, Cespa-Acciona, y, además, también impide que la Mancomunidad pueda seguir adelante con su intención de convocar un nuevo concurso.

“TOCA ANALIZARLO Y ESTUDIARLO”

A este respecto, el presidente de la Mancomunidad y concejal de Navarra Suma en Tudela, Fernando Ferrer, declinó hacer cualquier tipo de valoración sobre el acuerdo del Tribunal y la decisión que se va a tomar. Se limitó a decir que “ahora toca analizarlo y estudiarlo” y que convocará a la Comisión Permanente, que fue la que tomó la decisión de renunciar a la adjudicación.

En su resolución, el Tribunal recuerda que solo podrá renunciar a la adjudicación por razones de interés público debidamente justificadas y que no es una opción de libre utilización por la Administración.

La Mancomunidad alegó que es necesario revisar el pliego para describir con “claridad los requisitos mínimos que cada oferta debe cumplir”.

ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL

Ante esto, el Tribunal asegura que “sorprende” que las carencias del pliego a las que ahora se refiere la Mancomunidad “en ningún momento se hayan cuestionado con anterioridad”. “Su redacción era manifiesta y conocida tanto por el órgano de contratación (la Mancomunidad) como por los licitadores sin que ninguno realizara objeciones, quedando en consecuencia los pliegos firmes y consentidos”, indica.

Además, se remite a su acuerdo de enero en el que dio la razón a Cespa-Acciona tras la decisión de la Mancomunidad de excluirla del concurso, en el que recuerda la defensa “con vehemencia” del pliego que hizo la Mancomunidad.

En cuanto a los perjuicios que supone la renuncia a la adjudicación, el Tribunal los califica de importantes. “Supone renunciar a un procedimiento que lleva año y medio en tramitación y requeriría una nueva redacción y publicación de licitación, teniendo en cuenta, además, que en el procedimiento en curso ya están abiertas las ofertas técnicas”, señala.

Sí reconoce que el pliego “puede resultar mejorable”, pero que esto no puede justificar la renuncia, “máxime cuando nada impide que las ofertas admitidas cumplan con la finalidad de la licitación”. Ahí se vuelve a referir a su acuerdo de enero, incumplido por la Mancomunidad, en el que recuerda que se volviera a valorar la oferta de Cespa-Acciona sin que se apreciase “causa justificada de nulidad por oscuridad o falta de precisión en el pliego”.

Por otro lado, otro argumento de la Mancomunidad es que la resolución del Tribunal del pasado mes de enero lleva a la conclusión de que el pliego no define con suficiente detalle una oferta inadecuada, ni precisa los parámetros de superficie, rendimiento o requisitos mínimos que debe cumplir para ser adecuada.

NO IMPIDE SEGUIR EL CONCURSO

Algo ante lo que el Tribunal responde que la Mancomunidad no justifica por qué esa falta de claridad impide seguir con el concurso, añadiendo que su acuerdo de enero no cuestiona nada a este respecto.

La resolución del Tribunal concluye refiriéndose a otro de los motivos que alega la Mancomunidad para renunciar a la licitación. En concreto, es incluir en el pliego otros aspectos para mejorar la atención de las necesidades públicas.

En cuanto a ello, la resolución señala que no se puede invocar el interés público “de forma abstracta, como se deduce de este motivo concreto, so pena de incurrir en arbitrariedad adoptando decisiones por simple conveniencia o cambio injustificado de criterio”.

Esta decisión es firme en la vía administrativa, pero permite interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses.

A partir de ahora, se abren tres opciones. Una sería que la Mancomunidad asumiera el acuerdo del Tribunal y retomara el concurso donde quedó, es decir, en la valoración de las ofertas técnicas.

La segunda pasaría por que la Mancomunidad recurra este acuerdo ante el Contencioso-Administrativo, lo que alargaría mucho más el proceso, teniendo en cuenta que ya ha pasado más de año y medio desde que se convocó el concurso en enero de 2019.

La tercera supondría que la entidad no ejecute el acuerdo del Tribunal -no está obligado a ello-, pero eso desembocaría, casi con toda seguridad, en un nuevo recurso de Cespa-Acciona al Contencioso Administrativo.

Esta última no sería una sorpresa, ya que la Mancomunidad ya incumplió el primer acuerdo de este Tribunal. En él, también tumbó su decisión de excluir la oferta de Cespa-Acciona porque aseguraba que no cumplía con los requisitos técnicos, lo que dejaba a FCC como la única a la que se podía adjudicar.

TRES INFORMES

La Mancomunidad se basó en el informe de su gerente para excluir a Cespa y obvió los de los otros dos técnicos, que decían que la oferta sí cumplía con los requisitos e hicieron constar su disconformidad.

Cespa-Acciona recurrió y defendió su oferta, que apostaba por reducir el barrido manual en Tudela y aumentar el baldeo porque lo consideraba más efectivo y aseguraba que cumplía con el rendimiento exigido en el pliego.

El Tribunal le dio la razón y en su acuerdo habló de valoraciones subjetivas por parte de la Mancomunidad y de evidenciar un “claro juicio de valor” porque el número de horas de barrido no eran un requisito mínimo del pliego.

Pero la Mancomunidad encargó un informe externo que, entre otras opciones, recomendaba renunciar a la adjudicación por carencias en el pliego que “impiden atender al interés público”.

Finalmente, la Comisión Permanente aprobó anular el concurso con los votos a favor de todos los representantes de Navarra Suma, a excepción del vicepresidente, Mariano Herrero, que se desmarcó de sus compañeros; el apoyo también de dos de los representantes del PSN y la abstención de la tercera, a pesar de que la dirección regional del partido se opuso a la anulación del concurso.

PSN, I-E, IU, Batzarre, Alternativa Corellana Independiente, Progresistas de Valtierra, Cambiemos Buñuel, Agrupación Popular Cirbonera, Coalición de Izquierdas de Cascante, Murchantinos por Murchante, Geroa Bai, Podemos Navarra y Unidas Podemos exigieron ayer al presidente de la Mancomunidad que acate la resolución del Tribunal y que “deje a un lado las cacicadas”. Añadieron que este Tribunal vuelve a poner en entredicho la decisión de la Permanente de renunciar al concurso y señalaron que “se evidencia la falta de transparencia en la gestión y en el trámite de este procedimiento administrativo”. “El acuerdo del Tribunal refleja el interés personal y partidista de Ferrer por utilizar políticamente este servicio para la ciudadanía, sin importarle los daños que provoca su abusivo ejercicio de poder en los 17 municipios”, recalcaron.