Juan Cruz Ruiz Gómara tomó posesión como jefe de la Policía Local el pasado 6 de septiembre. Entonces, a pesar de sus 35 años en este cuerpo de seguridad, no podía imaginar la crisis que se está viviendo actualmente. Está al mando de 62 agentes que asegura que están dando una respuesta “ejemplar y con un compromiso del 150%”.

¿Cómo se está comportando la ciudadanía?

En su inmensa mayoría respeta y cumple las normas. Hay un pequeño porcentaje que no lo hace, como los que utilizan la picaresca para salir a la calle. Y luego están sobre todo personas sin hogar que, a pesar de que el Ayuntamiento ha hecho el esfuerzo de habilitar plazas en el albergue juvenil para atender a todos, no quieren usarlo y están en la calle.

Se habrán encontrado excusas de todo tipo para evitar sanciones.

De todo. Desde el que le gusta una marca de galletas que solo se vende en una tienda al que dice que va a una carnicería en concreto porque le gusta cómo cortan las costillas. Y, luego, los que dicen que no oyen las noticias y que no sabían que está prohibido salir a la calle.

¿Cuántas denuncias han puesto por este motivo?

Con datos del martes, 472. Y la mayoría las estamos tramitando porque es potestad del Ayuntamiento.

Ahora existe el debate de si esas sanciones son legales o no.

Es otra muestra de la desorganización que está habiendo ante una situación tan novedosa. Pero, como policía, me parece triste que recibamos instrucciones para que hagamos actas de denuncia y que el Defensor del Pueblo o la Abogacía del Estado digan ahora que cuestionan su legalidad. Primero nos dijeron que las tramitáramos como desobediencia a la autoridad (en base a la conocida como ‘Ley Mordaza’), pero ahora señalan que si a alguien le dices que se vaya a casa y lo hace, no habría que denunciarle. Luego que sancionáramos en base a la Ley Foral de Salud Pública y más tarde que volviéramos a hacerlo como al principio. Y eso hacemos, pero es triste que instituciones del Estado cuestionen si son legales o no.

La normativa sobre los huertos ha generado muchas dudas.

Al final, nos meten en un problema a nosotros. Alcaldes y jefes de policía local de Navarra hemos pedido a la Delegación del Gobierno que nos concretara qué se podía hacer y qué no. Al principio era atender a los animales y recoger productos perecederos. Esta semana salieron otras directrices y, en lugar de aclarar, enrevesan todo más. Las policías hemos tenido que interpretar esas directrices. Nos tienen que dar instrucciones claras para poder hacer cumplir las normas. Yo entiendo que se puede ir a trabajar, recoger y plantar para consumo familiar. Pero esa es mi interpretación y otras policías pueden hacer otra igual de buena, lo que deja al ciudadano en una situación de indefensión y de no saber qué hacer. Nosotros, por ahora, no hemos denunciado a nadie por este tema.

La Delegación del Gobierno habla de que se puede acreditar que es para subsistencia si se está en un ERTE, en paro o si se cobra una pensión mínima.

Yo no tengo esas indicaciones, pero es muy complicado pedir la documentación que acredite eso.

Y ahora llegará la regulación de cómo podrán salir los niños.

Puede ser parecido al tema de los huertos. Habrá que ver el tiempo que pueden salir y en qué condiciones. Pero, ¿cómo lo vamos a controlar? No les podemos poner una pegatina para saber si han salido a una hora u otra. Y luego están los ya más mayores de 12 a 14 años que tienen como hábito salir en cuadrilla. A ver cómo se evita eso. Lo que hace falta es que lo que vaya diciendo el Gobierno tenga un apoyo social total y que la ciudadanía utilice al máximo el sentido común. Y todo con instrucciones claras, eso es clave.

Lo que sí ha aumentado son los problemas entre vecinos y familiares en los domicilios.

Hay tres casos. Uno son familias donde hay conflictos, sobre todo entre padres e hijos. Luego están las molestias por la música. Al principio a la gente no le importaban los conciertos desde terrazas a las ocho de la tarde, pero ahora recibimos quejas que dicen que 5 minutos están bien, pero no una hora con la música a tope. Y tenemos que atender esas quejas. Eso sí, solo hemos mediado, no ha hecho falta denunciar. Y otro problema son pisos compartidos en los que una familia vive en una habitación. Hay casos en los que, incluso, los han querido echar de la vivienda, algo que no se puede.

Lo que habrá descendido son el resto de infracciones y delitos.

Mucho. Por delitos contra la propiedad, las denuncias son casi inexistentes. También han bajado delitos por violencia de género, pero no sabemos si es porque con el confinamiento las mujeres se ven obligadas a convivir con el presunto agresor y es más difícil denunciar. Nosotros tenemos 75 víctimas asignadas para su protección y atención y lo que hemos hecho es llamarlas con más asiduidad para saber cómo están, que sepan que estamos a su disposición y que se sientan protegidas.