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Ayuntamiento de Estella

Punto final al procedimiento sobre los ediles tránsfugas

Aunque entre críticas por “la indefensión”sufrida, el dictamen del Consejo de Navarra se acata por todos los grupos municipales

Ampliar La edil Magdalena Hernández junto a su compañero Jorge Crespo.
La edil Magdalena Hernández junto a su compañero Jorge Crespo.
Actualizado el 04/06/2021 a las 06:00
El procedimiento iniciado por NA+ para pedir la nulidad de los nombramientos en Junta de Gobierno Local de Jorge Crespo -también de tenencia de alcaldía en su caso- y de Magdalena Hernández a raíz de la sentencia sobre transfuguismo del Tribunal Supremo vivió este jueves su punto final. Tras el dictamen del Consejo de Navarra que el pasado mes de mayo compartía los argumentos del Alto Tribunal, quedaba un último paso. Que el pleno como órgano competente para hacerlo declarara nulas las resoluciones de alcaldía por las que se les nombró en su momento acatando así lo indicado por e órgano consultivo de Navarra.
Lo hizo por unanimidad de toda la Corporación. Gonzalo Fuentes (NA+) iniciaba las intervenciones preguntado al alcalde por su posicionamiento al respecto ya con los informes encima de la mesa. Ibai Crespo (PSN) lamentó a dónde ha llevado al Ayuntamiento lo ocurrido hace año y medio. “La verdadera falta de respeto institucional es que continuemos con nuestra representación mermada. No todos desarrollamos nuestra actividad municipal en las mismas condiciones”, indicó.
Jorge Crespo replicó a su ex compañero de filas socialistas criticando “año y medio de acoso y persecución personal y política”. Lamentó verse abocado a votar que ‘sí’ al acuerdo que acata lo dictaminado por el Consejo de Navarra puesto que hacer lo contrario podría acarrearle una denuncia por prevaricación, lo que considera les deja “en total indefensión”. Un argumento compartido por el alcalde, Koldo Leoz (Bildu). “Anteponemos la estabilidad para este ayuntamiento y los ciudadanos aunque no compartamos el dictamen”. A su juicio, el acuerdo político sobre transfuguismo deja a “las entidades locales con una indefensión total”.
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