El caso por la presunta malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Oteiza de la Solana se ha resuelto esta mañana en la Audiencia Provincial de Navarra mediante un acuerdo judicial que se ha saldado con la condena del antiguo secretario municipal a 24 meses de prisión,  frente a los siete que pedía la Fiscalía, y tres de inhabilitación para empleo público. El ex empleado del Ayuntamiento al que se juzgaba por la apropiación de 130.659 € de las cuentas del consistorio no irá por tanto a prisión. Junto al dinero sustraído, que ya ha pagado, deberá abonar ahora los 12.776 € en concepto de intereses. Lo hará en cuotas mensuales de 288 €.  Durante la vista oral, se ha reconocido autor de los hechos y ha aceptado la condena.

El procedimiento, llevado a cabo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estella, investigó los hechos protagonizados por el acusado entre los años 2020 y 2022 en el ejercicio de las funciones como secretario municipal que desempeñaba desde 2017.  Figuraban entre ellas el pago a proveedores y prestadores de servicios del Ayuntamiento de Oteiza. 

Según el escrito de la Fiscalía, aprovechando el control que tenía sobre una de las cuentas, autorizó "con ánimo de enriquecimiento ilícito" 79 transferencias a dos cuentas de otra entidad bancaria de la que era titular él mismo que alcanzaron un valor total de 130.659 €.  Para justificar los pagos -prosigue el Ministerio Público- el ahora condenado confeccionaba facturas ficticias en las que, o bien se hacía constar la intervención de terceros que en realidad  no habían prestado servicios ni proveído de bienes al Ayuntamiento,  o bien giraba dos facturas por servicios prestados, una de las cuales las destinaba a la empresa correspondiente y otra a su propia cuenta.

Los hechos descritos se consideraron constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de malversación de fondos públicos. La Fiscalía pidió ante ellos una pena de siete años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo (derecho de una persona a presentarse como candidato a elecciones y poder ser elegida para un cargo público) durante el tiempo de la condena y de cargo o empleo público por un periodo de 20 años.