El dueño de una inmobiliaria de Viana, con varias condenas previas y juicios pendientes por quedarse miles de euros de compraventa de viviendas, iba a ser juzgado este martes de nuevo en Pamplona. El fiscal le pedía 9 años de prisión. Pero a última hora, al inicio del juicio, renunció a su abogada de oficio y pidió la suspensión de la vista. “Esto es solo una táctica dilatoria de baja calidad moral y legal”, reprochó la abogada de uno de los afectados. Finalmente, la Sección Segunda de la Audiencia decidió aplazar el juicio a mediados de septiembre, pero le advirtió de que ya era la tercera renuncia y que no iba a permitir que se repitiera.

El juicio de este 28 de abril es uno de los varios a los que se enfrenta el gerente de la inmobiliaria Galdiano Mangado, de Viana, detenido hace dos años. Desde 2023 acumula al menos otras seis condenas por apropiación indebida y/o falsedad documental, la última dictada hace tan solo tres semanas: la Sección Primera de la Audiencia le impuso 5 años de cárcel por quedarse 53.360 euros de los contratos de arras de tres compraventas de viviendas en la zona. El acusado, que alegó problemas de consumo de drogas en este juicio, se encuentra en prisión desde hace un año por un tema distinto. 

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Entre martes y miércoles iba a ser juzgado por otra tanda de afectados de su inmobiliaria, que fueron aflorando a distintos ritmos conforme se descubrían las irregularidades, de ahí que todo se juzgue en procedimientos distintos. En este caso, el fiscal le pide otros 9 años de prisión por haberse apropiado de casi 245.000 euros de quince operaciones de compraventa de viviendas en Los Arcos, Aras, Estella, Mendavia, Lodosa, y Yécora (Álava). A la vista de sus antecedentes, al delito continuado de apropiación indebida le aplica la agravante de reincidencia. Según su escrito, el acusado se quedó con el dinero que le entregaron en contratos de arras o diversas gestiones.

La veintena de personas afectadas iba a declarar entre martes y miércoles en el Palacio de Justicia de Pamplona, pero tendrá que esperar a septiembre. Al inicio de la vista, el acusado cuestionó el trabajo de su abogada y dijo que ya no quería seguir con ella, que la tarde anterior había contactado con otra. Tanto la fiscalía como todas las acusaciones calificaron el movimiento de “maniobra dilatoria” y defendieron el trabajo de su abogada, pero la mayoría consideró que todo acusado debe tener una relación de confianza con su representación letrada, y que era mejor suspender para no correr el riesgo de una posible nulidad. El tribunal así lo decidió.