La paradoja de la vivienda: vacía pero inaccesible en Tierra Estella

Cascos urbanos en los que crece la vivienda vacía sin que sirva para responder a la demanda de compra o alquiler por su deterioro o precio, normas urbanísticas antiguas en ayuntamientos que no cuentan con medios para impulsar nuevas y la necesidad de que el Gobierno de Navarra incluya Tierra Estella en su planificación. Alcaldes de tres municipios en zonas muy diferentes de la comarca -Arróniz, Cárcar y Améscoa Baja- compartieron este viernes en el Parlamento de Navarra su visión sobre un problema al que no escapan tampoco pueblos en riesgo de despoblación. Los tres comparecieron en la primera sesión del año de la ponencia sobre el desarrollo de la merindad, que da el turno ahora a los representantes municipales. Abordaron otras muchas cuestiones con puntos en común y singularidades como las que lejanía tanto de Pamplona como de Estella otorga al valle de Améscoa. Sus 11 pueblos (los 7 de Améscoa Baja más los municipios independientes de Eulate, Aranarache y Larraona) suman una población de 1.200 habitantes que vive entre espacios protegidos y junto al parque natural de Urbasa-Andía. Un marco muy distinto al que perfiló la alcaldesa de Cárcar, Tere Insausti (PSN), al referirse a su municipio, igualmente amenazado por la pérdida de habitantes. En Cárcar -explicó- más de la mitad del vecindario reside en el Casco Antiguo, en el que lo hace además la totalidad de la población inmigrante que supone un 22% del padrón. Un 35% de estas viviendas -siguió- necesitan intervenciones para hacerlas accesibles o, directamente, se encuentran en tan mal estado que deben derribarse. “El Ayuntamiento debe destinar importantes recursos a estas demoliciones. Nos encontramos, al mismo tiempo, con jóvenes que quieren quedarse pero se ven ante precios elevados o grandes necesidades de rehabilitación. Y la vivienda pública es inexistente”. El alcalde de Arróniz, Ángel Moleón (PSN), se refirió a la vivienda como “uno de los principales cuellos de botella” para pueblos que no resultan atractivos para las promotoras pero no pueden al mismo tiempo dar salida a las construcciones tradicionales que han ido liberándose. Algo que “expulsa población o impide la llegada de nueva” y hace necesario “reforzar las políticas públicas de vivienda en el ámbito rural”. Estíbaliz Erdozia, alcaldesa de Améscoa Baja que dio voz ayer a la Junta del Monte Limitaciones. En sus pueblos, a menudo de casas muy grandes, la modernización de la normativa urbanística facilitaría adecuarlas a las necesidades de los hogares actuales. Cárcar critica a Nasuvinsa por incumplir un convenio Ante la falta de vivienda pública, la alcaldesa de Cárcar criticó la actitud de Nasuvinsa por el incumplimiento de un convenio suscrito con este Ayuntamiento en 2023 para construir 9 VPO en dos solares del casco histórico. Tere Insausti, que centró su intervención ante los grupos parlamentarios en su pueblo, indicó cómo a raíz de ese acuerdo el municipio afrontó una compra y el derribo de edificaciones en ruina para dejar el suelo disponible con un desembolso de 270.000 €. “Nos hemos gastado ese dinero, ahora estamos esperando y desconocemos si van a cumplir sus compromisos y a ejecutar el convenio”, argumentó. Se mostró confiada en las posibilidades de futuro de la comarca, pero lamentó que deban afrontar otros obstáculos en un municipio que alberga la planta de tratamiento de residuos de Mancomunidad de Montejurra y no se beneficia, sin embargo, de aspectos previstos en la ley y no desarrollados todavía en el reglamento correspondiente, como el derecho a ser indemnizados por servicios ambientales. “Asumimos con desesperación el incumplimiento de las leyes aprobadas por el Parlamento”.

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