El secretario municipal de Oteiza al que Policía Foral investiga por los delitos de estafa, malversación de fondos públicos y falsedad de documentos oficiales desvió del Ayuntamiento 130.725 € a dos cuentas suyas de titularidad exclusiva, una cantidad que coincide con el importe total de facturas no reconocidas por el consistorio. 

La instrucción determina, sin ningún género de dudas, que realizó al  menos 79 transferencias previa falsificación de las correspondientes facturas y para fines personales o particulares. 

Así lo indica el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estella en el auto emitido con fecha 7 de septiembre ante la solicitud de autorización por parte de los agentes para el acceso y registro del despacho y domicilio del trabajador, que reside en otra localidad navarra.

La investigación que llevó a su detención y posterior puesta en libertad comenzó meses atrás, el pasado febrero, tras la denuncia interpuesta en la comisaría de Policía Foral de Estella por el alcalde de Oteiza, Rubén Martínez Landa, y el responsable de personal de Gestión Ambiental de Navarra, la empresa pública que se ha visto también salpicada por los hechos.

La denuncia expuso entonces como unos días antes, una funcionaria que ejerce como administrativa en el Ayuntamiento de Oteiza, había alertado acerca de la emisión de una serie de transferencias o pagos bancarios a través de la plataforma FACE (facturación electrónica del Ministerio de Hacienda) en favor de esa sociedad pública por "conceptos o con cargo a actuaciones inexistentes no habiéndose emitido ningún recibo y negado el representante de esa entidad cobro o pago alguno".  

Según continúa el auto, tales transferencias se habrían efectuado a dos cuentas bancarias de una entidad financiera que no pertenecen a la empresa Gestión Ambiental que, supuestamente, se había beneficiado sino que son de titularidad exclusiva del investigado. 

Añade que en las "facturas emitidas en papel se habría copiado el logo de esa sociedad para dar mayor credibilidad a la operación fraudulenta". En cuanto a otra información, facilitada en este caso por las empresas prestadoras de servicios de telecomunicación, arroja -conforme al auto- resultados en lo referente a las direcciones IP's de las transferencias online realizadas por el secretario que confirman su participación en ellas bien desde su domicilio o desde su puesto de trabajo. 

En el auto en el que el juez autoriza el registro, se considera la medida estrictamente necesaria ante la naturaleza y  gravedad de los delitos por los que se le investiga y por constituir "el único medio posible para comprobar si realmente se habían realizado por el investigado bien en su lugar de trabajo en su vivienda "la actividad criminal que se le imputa".