La Guardia Civil, a través del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Pamplona, ha investigado a un varón de 65 años, de nacionalidad francesa, como presunto autor de delitos contra la salud pública y la propiedad industrial relacionados con la elaboración y comercialización de aceite de oliva sin autorización sanitaria y utilizando referencias protegidas vinculadas a Navarra.

La investigación se inició tras una inspección realizada por patrullas del Seprona en una nave industrial de la Zona Media de Navarra, donde los agentes detectaron vertidos de residuos procedentes de la elaboración de aceite de oliva que alcanzaban la red de evacuación de aguas pluviales. Durante la actuación se localizaron depósitos con aceite de oliva, productos alimentarios preparados para su comercialización y diverso material de envasado y etiquetado. Como resultado de la inspección fueron inmovilizados y precintados aproximadamente 2.000 litros de aceite de oliva.

Las posteriores gestiones permitieron comprobar que la actividad carecía de registro sanitario y que el aceite elaborado había sido comercializado y distribuido en establecimientos de Francia. Asimismo, la investigación reveló la utilización en el etiquetado de expresiones vinculadas a la denominación “Aceite de Navarra”, reservada exclusivamente a operadores autorizados y sometidos a los correspondientes controles de calidad y trazabilidad.

En coordinación con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, se realizaron diversas inspecciones higiénico-sanitarias y se procedió a la toma de muestras de aceite para su análisis en el Laboratorio Agroalimentario de Navarra. El informe técnico emitido concluyó que el producto no podía ser comercializado al no haberse garantizado el cumplimiento de las normas sanitarias exigidas para productos alimentarios destinados al consumo público.

Durante la investigación también se constató la ausencia de documentación relacionada con la trazabilidad de la producción, controles de calidad, gestión de residuos y registros obligatorios de actividad alimentaria. Igualmente, se detectaron discrepancias entre la producción manifestada y los envases adquiridos para la comercialización del aceite.

Las diligencias instruidas por la presunta comisión de delitos contra la salud pública y la propiedad industrial han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Tafalla, Plaza número 1.