La piscina municipal Ángel Galé de Isaba ha cerrado sus puertas. El consistorio justifica esta decisión alegando el alto coste económico que conlleva año tras año la instalación para las arcas municipales. Una postura que ha encontrado la oposición de vecinos y del sector turístico, que ha llegado a plantear alternativas.

El contrato de arrendamiento de la piscina finalizó oficialmente el pasado miércoles 30 de septiembre. El consistorio no lo renovó con Jordi Gual, de la empresa Soysana. La instalación, ubicada a la entrada del pueblo, fue inaugurada en 2010 e incluye piscina cubierta, spa, sauna, gimnasio, salas polivalentes y zona ajardinada con piscina de chapoteo de verano.

“Mantenerla abierta nos supone un elevado coste, de 50.000 euros al año, y la respuesta del vecindario es escasa (120 socios, 80 de Isaba)”, apunta el alcalde, David Baines (agrup. Seisa). La decisión de no renovar el arrendamiento se tomó en el pleno de junio, y en el mismo se leyeron diversas cartas vecinales rechazando el cierre. Consideraban que eso llevaría a “devaluar” la instalación, y pedían cederla al Gobierno. También señalaban que sería algo “dramático” para quienes viven en la zona todo el año y para la hostelería. Creían que mantenerla era una “inversión” para fijar población y censuraban que la decisión se tomara sin participación vecinal.

Asimismo, la junta directiva de la Asociación de casas y apartamentos rurales del valle de Roncal (suma unos 60 socios, también de comercio) aportó un escrito, recalcando que la piscina es “un valor añadido para los alojamientos de esta zona turística”. La mayoría venían pagando una cuota anual a la misma, dando después acceso gratuito a sus usuarios.

Tras ese pleno, el sector turístico solicitó una reunión con el consistorio, donde mostró su punto de vista contrario al cierre y propuso ideas para obtener más ingresos que aliviaran las cargas municipales. Por ejemplo, atraer más socios ofertando cursos que resulten atractivos, o hacer que cada turista con acceso hasta ahora gratuito abonara 2 euros (se calculan unos 10.000 accesos, y se obtendrían así unos 20.000 euros extra). Pero la decisión no cambió.

Consultados esta semana, ya consumado el cierre, desde diferentes establecimientos de Isaba lamentan el hecho, hablan de “incertidumbre” y aseguran que “al no disponer de este servicio ya ha habido alguna cancelación”. “Las piscinas, como en muchos otros sitios, siempre han requerido de una inyección económica municipal, pero debe verse como un servicio, algo social, y un apoyo al principal sector de la zona, el turístico”, creen, recordando que con sus pagos de cuotas también han venido apoyando la apertura.

Lamentan que la “mentalidad de no gastar” haya supuesto también que en verano no hayan abierto la oficina de turismo y el museo etnográfico, “y con ello además no se haya creado un empleo”.

“Esto es zona despoblada, y para luchar contra ello se necesitan, sobre todo: trabajo, acceso a vivienda y servicios que fomenten la vida social”, creen. “Ahora, si se cierra la piscina, y sin mantenimiento alguno, se va a fastidiar toda la maquinaria y cada día que pase será más complicado reabrirla”.

"TOCA PRIORIZAR"

Aquí la ‘vaca’ da lo que da”, responde el alcalde. “Isaba tiene un presupuesto anual de 500.000 euros, y tocaba destinar el 10% a hacer viable la apertura de la piscina. Una cuantía que además crecía, porque van pasando los años, hay que hacer reformas, etc. Y ahora, pasados 10 años, acababa además el contrato de mantenimiento de la caldera de pellet, e iba a haber más sobrecostes”, apunta Baines.

Si bien la piscina llevaba cerrada desde el 6 de septiembre por labores habituales de mantenimiento, fue el día 30 cuando lo hizo oficialmente. “Ahora mantenemos una vía abierta con el Gobierno, a través de la empresa pública Nicdo, que gestiona el centro de esquí. Estamos dispuestos a arrendarles la piscina por 1 euro simbólico”, dice.

“Entendemos las quejas, pero gestionar obliga a priorizar y debemos tener una visión global. Y más en este año de covid-19 en el que se nos ha descuajeringado todo el presupuesto: ha quedado desierta la subasta de lotes forestales, han caído los ingresos del camping, no hemos cobrado tasas de acampadas de verano (no ha habido) y el precio de venta del kilovatio de la central hidroeléctrica se ha desplomado”, enumera. “Además, en 8 años caduca la concesión de aguas para la central, y perderíamos entre 150.000 y 200.000 euros de ingresos al año. Sería terrible y vamos a pedir al Estado prorrogarlo”, apunta.