Sarriguren y Olaz, dos nuevas adjudicaciones bajo sospecha en Egüés

El pleno del valle de Egüés acordó el martes (con votos de NaBai, Bildu, I-E, PP y PSN; y con la oposición de UPN y un edil socialista) llevar a los tribunales tres proyectos para que se investiguen. En todos aparece la vinculación de la todavía concejal Carolina Potau con la adjudicataria de los tres: la empresa Ámbito consultoría e ingeniería.

Al ya conocido Plan de movilidad, que ha generado la expulsión de Potau de UPN y su dimisión, se unen ahora la redacción de los proyectos para la travesía de Olaz y unas gradas en la ciudad deportiva de Sarriguren. Estos dos últimos expedientes, de 2009, los gestionó directamente Potau, tras delegación del alcalde, Josetxo Andía (UPN). Se realizaron por el procedimiento negociado sin publicidad (por tener una cuantía menor a 90.000 euros) invitando a participar a un mínimo de tres empresas.

Ámbito fue la única empresa que repitió invitación en los dos expedientes y ganó ambos. Los procesos se iniciaron el 18 de febrero de 2009 y en un plazo máximo de 5 días tenían que presentar su oferta económica y el plazo de ejecución. Para la valoración se daba una máxima puntuación de 70 puntos al menor precio y de 30 al de menor plazo.

La oposición quiere que la Justicia aclare si se ha podido cometer "prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos o tráfico de influencias". Argumentan para ello las vinculaciones de Potau con Ámbito, con cuyos socios había trabajado en otra empresa (Grupo CIN) hasta su entrada en el consistorio en 2003 de la mano de Ignacio Galipienzo. La empresa se declaró hace unos meses en insolvencia.

Las gradas de Sarriguren

Para la "asistencia para la redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de construcción de vestuarios, gradas y urbanización interior de parcela en la ciudad deportiva de Sarriguren" se invitó a cuatro empresas: Ámbito, Zuco arquitectos, Laranzor y Loperena y Portillo. La oferta económica no debía superar los 60.000 euros sin IVA, con un plazo de ejecución máximo de 15 días.

Tres propuestas licitaron el máximo económico y sólo Ámbito planteó menos ( 59.405 euros). En cuanto a la ejecución, sólo Ámbito se ciñó a los 15 días, el resto hablaban de 19 a 20 días. Se llevó la adjudicación tras lograr 100 puntos, frente a los 91 o 92 de las otras, en una resolución firmada por Carolina Potau el 2 de marzo de 2009.

El contrato lo firmó el 5 de marzo Potau y un representante de la empresa, Joaquín Quiñonero Robles. Un año después, el 5 de abril de 2010, se resolvió de mutuo acuerdo el contrato: el consistorio se dio por satisfecho con el trabajo y Ámbito dejó de percibir 13.701 euros de los pactados inicialmente. Lo firmaron Carolina Potau y Andrés Vázquez Vera, propietario del Grupo CIN para el que había trabajado Potau y en esa fecha socio de Ámbito.

La travesía de Olaz

Tres empresas fueron invitadas a participar en la "asistencia para la redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación den materia de seguridad y salud de las obras de urbanización de la segunda fase de la travesía de Olaz": Ámbito, Charo Escudero Haro y José Antonio Sacristán Fernández. La oferta económica no debía superar los 40.108 euros sin IVA y el plazo de ejecución los 15 días.

Al igual que sucedió en la anterior adjudicación, sólo Ámbito planteó su oferta por debajo del tope: 39.890 euros y 12 días. Logró los 100 puntos, por los 93 y 95 de las otras ofertas. El 5 de marzo se firmó este contrato, al igual que el anterior, entre Potau y el representante de la empresa.

Plan de movilidad

El tercer proyecto que la oposición ha llevado a los tribunales es la redacción del Plan de movilidad del valle, de 2008. Para su adjudicación se convocó concurso público. Las sospechas se centran en que en el pliego de condiciones figura como autora una trabajadora de la empresa finalmente ganadora, Ámbito. Se impuso a las otras cuatro presentadas y recibió 75.639.

Carolina Potau gestionó el expediente, pero no participó en la mesa de contratación. Potau defendió en su carta de dimisión que no cometió ninguna irregularidad en este expediente y hubo libre concurrencia.