En el algo más de medio centenar de páginas en las que Comptos desarrolla su informe fiscalizador sobre el Ayuntamiento de Pamplona durante 2018 hay un tema subrayado en rojo: las obras de Pío XII. Ahí, la cámara da un serio tirón de orejas al consistorio por incumplir la legalidad vigente y, a sabiendas de ello, no rescindir el contrato. En lo demás, concluye que la situación financiera es “estable y saneada”.

El documento recuerda que el cuatripartito municipal que lideraba Bildu adjudicó en 2017 por 1,3 millones de euros. Pero la liquidación final fue de 1,6 millones, un 22% más de desviación cuando la Ley Foral 6/2006 marca un máximo del 20%. “Porcentaje que una vez superado debía conllevar la resolución del contrato. El Ayuntamiento no llevó a cabo la resolución contractual, finalizándose la obra con la desviación señalada”, indica el informe.

Un proyecto que ya comenzó con mal pie en 2017, porque se recurrió la adjudicación al Tribunal de Contratos de Navarra que dio la razón, y la ejecución de obra, al demandante. “En la nueva adjudicación del proyecto no se amplió el plazo de redacción -según consta en los informes del Ayuntamiento- para no perder la financiación del presupuesto de 2017. Este hecho, añadido a que no se realizaron todas las reuniones con el equipo multidisciplinar compuesto por técnicos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y técnicos municipales de diferentes áreas del denominado Grupo Técnico de Movilidad, supuso la necesidad de concreciones y modificaciones durante la ejecución de las obras, unas teniendo en cuenta solicitudes hechas por colectivos y/o ciudadanos afectados por las obras y otras por las exigencias del resto de las áreas y entidades citadas anteriormente”.

Y con ese porcentaje ilegal, el 31 de diciembre de 2018 se firmó el acta de recepción de la reforma de Pío XII. “En la misma fecha, se aprobó un expediente de modificación del contrato de obra, así como el correspondiente aumento de gasto, justificándose a posteriori, jurídica y presupuestariamente, la citada desviación del 22%”, dice la cámara.

En el capítulo de irregularidades, Comptos también señala que en la Oferta Pública de Empleo de 2018 se incluyeron dos plazas destinadas a Escuelas Infantiles que no se deberían haber previsto. El motivo, indican, es que el Ayuntamiento incumplió la regla de gasto en 2017 y, además, no había bajas en el período anterior que justificaran la entrada de nuevos empleados. Una situación que, indican, ya se ha corregido en uno de los puestos.

SANO EQUILIBRIO

El documento también analiza los ingresos y los gastos en los que el Ayuntamiento mantiene un sano equilibrio: mientras las arcas municipales se nutrieron con 213 millones de euros, un 7% más que en 2017, salieron 203,9 millones. Este gasto supuso mas dinero, pero en un porcentaje muy inferior, en un 2%, lo cual permitió un ahorro bruto de 1,89 millones (8% más que en el ejercicio anterior). “Por otro lado, la disminución de la carga financiera en 5,17 millones de euros ha contribuido al aumento del ahorro neto en un 89%; es decir, en 7,06 millones”.

Uno de los sectores más activos de ingresos fue el ligado a la vivienda. Con las plusvalías entraron 6,2 millones, un 84% más respecto a 2017, cuando este impuesto estuvo la mayor parte del año paralizado por una sentencia del Tribunal Constitucional; el fallo judicial indicaba que sólo se debía pagar si en la compraventa había beneficio; así que hubo que recalcular las contribuciones. Por el impuesto indirecto de Construcciones, Instalaciones y obras (ICIOS), se ingresaron 9,6 millones, un 58% más que el año anterior.

.