Diario de Navarra

Palacio Marqués de Rozalejo. Cuatro palabras que han estado resonando con fuerza en lo referente a la gestión que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Pamplona durante la legislatura que está a punto de finalizar. Tanto es así que el conocido como gaztetxe Maravillas no pudo sino salir a relucir en el transcurso del foro organizado este viernes por Diario de Navarra para debatir los hitos más significativos de los últimos cuatro años dentro del consistorio local. Fue precisamente José Antonio Cuesta, policía foral y vicepresidente de CSIF Navarra, quien trató de solventar las dudas relacionadas con la actuación de los agentes que componen este cuerpo y que, en conjunción con Policía Nacional, llevaron a cabo el desalojo de los okupas de Navarrería. Desde un primer momento, el ponente constató, a su modo de ver, la posición clientelar que el Ayuntamiento de Pamplona ha mantenido este tiempo atrás, institución que, además, “solamente ha gobernado para unos pocos”. PROTOCOLO FÉRREO Todo comenzó en septiembre de 2017, cuando un colectivo de okupas se apropió ilegalmente del Palacio Marqués de Rozalejo. Tras distintos trámites judiciales, no fue hasta agosto del año siguiente (17 de agosto de 2018) cuando se dio la orden de intervenir de modo definitivo. “Hubo un trabajo previo de coordinación, planificación y gestión de protocolo para que todo saliera como tenía que salir. No fue una orden dada a la ligera”, acentuó este representante de Policía Foral. El hecho de que apenas unas horas más tarde el inmueble fuera okupado nuevamente supuso, y así lo expresó Cuesta, un pase a por parte del cuerpo a un plano secundario. “Nuestro trabajo pareció estéril, cuando para nada, ya que no hay que olvidar que no es Policía Foral la encargada de clausurar la puerta, elegir si se cementa o se pone un candado. Es Gobierno de Navarra quien da las órdenes pertinentes”, matizó este miembro del sindicato. Precisamente en este sentido, Cuesta subrayó la imposibilidad de que existieran discrepancias sobre el desalojo dentro del cuerpo de agentes involucrados, ya que una vez que se estudia y aprueba el protocolo, cada uno tiene su función. “Es tu trabajo y lo tienes que hacer. No hay nada valorativo en ese momento”, decretó. También aclaró que al día siguiente, el 18 de agosto, el ejecutivo paralizó la orden de ejecución. “Que cada uno lo interprete como quiera”, insinuó. SIN PELIGRO NINGUNO La referencia no era otra que la desavenencia existente entre las formaciones políticas dentro del equipo de gobierno. Desde el apoyo manifestado junto al movimiento okupa por parte de la edil de Aranzadi en el Ayuntamiento, Laura Berro; hasta la exigencia de dimisión por parte de Armando Cuenca a la concejal de Seguridad Ciudadana, al considerar que Policía Municipal no debería haber colaborado con Policía foral. Para Cuesta, el malestar del cuerpo estuvo relacionado con la falta de apoyo institucional una vez salieron a colación las supuestas agresiones que se habían producido durante la intervención. “Hubo un silencio cómplice que no nos gustó”, se reafirmó. Fue tras el tercer desalojo cuando la situación se tensó todavía más. Como se recuerda, el edificio fue vaciado el 9 de enero, volvió a okuparse diez días más tarde, y de nuevo a desalojarse al día siguiente (como sigue a momento actual). “Policía Foral ha sido utilizada. Se tendría que dejar intervenir a los técnicos, y eso pasa por que las orientaciones políticas sean precisamente eso, orientaciones”, indicó el ponente. Así las cosas, en ningún caso hubo peligro para los okupas durante el desalojo. “Sí lo había por las condiciones del edificio, en el que por cierto se desarrollaban actividades ilegales, como un bar o un cine”, recalcó el agente.

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Cuesta: "Las orientaciones políticas deben dejar actuar a los técnicos"

“Las discrepancias entre las distintas formaciones políticas eran más que evidentes”, ha apuntado José Antonio Cuesta, policía foral y vicepresidente de CSIF Navarra, en referencia a la okupación del gaztetxe Maravillas

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